Carolina Mejía comienza a posicionarse como una de las figuras centrales del PRM ante el inevitable proceso de sucesión política de Luis Abinader. Su liderazgo combina gestión municipal, peso partidario y capital simbólico familiar, elementos que la proyectan como una posible carta presidencial rumbo a 2028. Aunque la candidatura aún no está definida, su reelección en el Distrito Nacional y su rol como secretaria general del partido fortalecen su presencia dentro del oficialismo. El PRM enfrenta ahora el reto de administrar una transición ordenada, evitando fracturas internas y construyendo una figura capaz de garantizar continuidad política sin depender exclusivamente del liderazgo de Abinader. La gran interrogante es si Carolina Mejía logrará convertir este momento político en una candidatura nacional sólida o si la sucesión abrirá una competencia interna más compleja dentro del partido gobernante.

Reconocer el taste-washing no es cinismo. Es periodismo. Y es, sobre todo, el primer paso para dejar de consumir cultura como si fuera inocente. Detrás de cada algoritmo hay un balance trimestral que no menciona a ningún artista. Detrás de cada patrocinio cultural hay una estrategia diseñada para que nadie haga esa pregunta. El objetivo del taste-washing es hacer invisible la máquina detrás del cuadro. Nombrarlo es el único modo de verla.

Latinoamérica está en una encrucijada que sus élites políticas rara vez enuncian con claridad. La región puede elegir integrarse al orden tecnológico global en condiciones de subordinación —como proveedora de datos, consumidora de plataformas y mercado cautivo— o puede construir, con urgencia y cooperación regional, una arquitectura digital soberana que proteja a sus ciudadanos, preserve sus instituciones democráticas y exija condiciones justas a quienes operan en su territorio.

La experiencia regional ofrece lecciones indispensables. En América Latina, los intentos de transformar sistemas judiciales han generado resultados dispares. Bolivia vivió una crisis institucional tras la reforma electoral de su órgano judicial. Colombia debatió años la Comisión de Aforados sin alcanzar consensos estables. Argentina enfrentó tensiones profundas al intentar ampliar el número de miembros de su Corte Suprema. Venezuela deberá navegar esas tensiones con precisión si pretende que su reforma sea percibida como modernización institucional y no como un ajuste de poder con ropaje jurídico.

Cada expediente retirado del acceso público, cada nombramiento que recae sobre quienes ya protegieron a Lewis, ensamblan una maniobra fraudulenta que trasciende administraciones y sobrevive a cambios de gobierno. Lo que está en juego no es un predio privado en la Patagonia: es la soberanía territorial y energética de Argentina sobre una zona estratégica de frontera que el Estado decidió ceder en silencio.