El magnate británico Joe Lewis consumó una maniobra fraudulenta en 1996 para adueñarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia argentina, en plena zona de seguridad de frontera con Chile. Tres décadas después, el gobierno de Javier Milei enterró en silencio la única acción judicial que buscaba revertir esa una maniobra fraudulenta. Lo hizo durante la feria judicial de enero de 2026, cuando el expediente había desaparecido del sistema público del Poder Judicial, consumando, desde el propio Estado, una maniobra fraudulenta que exhibe el sello de la impunidad institucional.
La investigación fue publicada por El Destape y está firmada por Sebastián Premici, periodista especializado en poder económico, judicial y corrupción estructural en Argentina. Autor de los libros La Patagonia Ajustada y De Patrones y Peones, Premici es docente del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y lleva más de una década rastreando los negocios del magnate en el sur del país. La pieza base se titula El acuerdo secreto entre Milei y Lewis por la compra fraudulenta de Lago Escondido.
Una maniobra fraudulenta: cómo Lewis burló la ley de zonas de seguridad
La raíz del caso data de 1996. El 19 de junio de ese año, un intermediario llamado Lisandro Allende solicitó autorización a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad para que la empresa H.R. Properties Buenos Aires S.A. adquiriera tierras en la zona de El Bolsón, Río Negro. En los papeles, los accionistas figuraban como ciudadanos argentinos, cumpliendo el requisito que la Ley 15385 de 1944 impone al prohibir a extranjeros comprar en la franja de 150 kilómetros adyacente a las fronteras terrestres. Lo que no se declaró fue que cuarenta y cinco días antes de esa solicitud, H.R. Properties ya había transferido sus acciones a Lago Corp., una firma inglesa controlada por Charles Lewis, hijo del magnate. Esa operación anticipada define lo que fue una maniobra fraudulenta programada con cálculo para engañar al Estado.
Hidden Lake S.A., la empresa creada para gestionar los intereses de Lewis en Argentina, acumuló cuestionamientos desde el inicio. En 2022, la Inspección General de Justicia solicitó su intervención judicial y eventual liquidación, señalando que la compañía funcionaba como «pantalla» para encubrir la verdadera propiedad del magnate. Un año después, un informe gubernamental concluyó que Hidden Lake es una «sociedad ficticia» que no desarrolla actividades agropecuarias reales sino que opera para encubrir la apropiación del lago y sus recursos hídricos. A pesar de esos dictámenes, la empresa continuó operando bajo protección institucional.
Hidden Lake: la sociedad ficticia que encubrió una maniobra fraudulenta
El gobierno de Milei no solo ignoró esas advertencias sino que las convirtió en beneficios concretos. En julio de 2025, la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti suscribió la Resolución 324/2025, publicada en el Boletín Oficial, que autorizó el traspaso de la Central Hidroeléctrica Río Escondido desde Patagonia Energía hacia Hidden Lake S.A. La central, emplazada en El Foyel, Río Negro, posee una potencia instalada de 7,2 megavatios y capta la mitad del caudal del río.
Su valor estratégico supera sus dimensiones técnicas: transforma agua pública en ingresos privados en dólares, con tarifas preferenciales del programa RenovAr de la gestión Macri que permiten a Lewis cobrar el megavatio a diez veces lo que percibe la hidroeléctrica estatal Salto Grande. Cada concesión otorgada al magnate refuerza la arquitectura de una maniobra fraudulenta perpetuada con respaldo estatal.
El acuerdo en las sombras: el expediente que desapareció
El cierre del expediente judicial llegó semanas después. El 15 de enero de 2026, durante la feria judicial, el Estado nacional y los apoderados de Lewis-Hidden Lake presentaron un convenio conciliatorio ante el juzgado contencioso administrativo federal número 4. El 28 de enero, la jueza Rita María Teresa Ailín homologó ese acuerdo mediante sentencia, dejando sin efecto la acción de lesividad iniciada en 2023 por el Ministerio del Interior para anular la compraventa de 1996. El expediente 4511/2023, que hasta diciembre era de acceso público, desapareció de la intranet del Poder Judicial. «Su acceso es reservado», confirmó a El Destape un magistrado del fuero contencioso.
La normativa interna del Estado impone condiciones estrictas para este tipo de acuerdos. Los decretos 411/80 y 1265/87, pilares de la abogacía estatal, exigen autorización política expresa para concretar cualquier conciliación en el contexto de una acción de lesividad. Esa autorización nunca fue explicada públicamente. Ningún funcionario identificó quién la firmó ni cuándo fue otorgada. El silencio oficial no es descuido: confirma que el gobierno operó con la discreción que requiere una maniobra fraudulenta que no resiste la luz pública.
Los Mahiques y la red judicial que blindó al magnate
El acuerdo con Lewis no opera en soledad. Dos meses después del cierre del expediente, Milei designó a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y envió al Senado el pliego de Carlos Mahiques para garantizar su continuidad en la Cámara Nacional de Casación Penal. Ambos participaron del viaje a Lago Escondido en 2022, cuando magistrados, fiscales, operadores judiciales y directivos de medios fueron hospedados en la estancia privada de Lewis. Carlos Mahiques fue además quien, en septiembre de 2021, firmó el sobreseimiento por prescripción de la causa penal contra Lewis y los funcionarios rionegrinos implicados en la compraventa original.
El perfil del beneficiario agrava el cuadro. Con una fortuna estimada en 5.300 millones de dólares, Lewis figura entre las 300 personas más ricas del planeta y es el principal inversor del Tavistock Group, conglomerado con más de 200 empresas en 15 países. En abril de 2024, la justicia federal de Manhattan lo condenó a tres años de prisión en suspenso por uso de información privilegiada: admitió haber filtrado datos confidenciales a empleados y allegados para obtener beneficios bursátiles ilícitos. Que un empresario con ese prontuario siga recibiendo prebendas del Estado argentino confirma la solidez de una maniobra fraudulenta que cruza gobiernos y protectores.
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Lago Escondido sigue cerrado: soberanía en manos privadas
El acceso al lago permanece bloqueado. La legisladora Magdalena Odarda impulsa desde hace años la causa para abrir el camino Tacuifí, que permitiría el acceso público al espejo de agua conforme al artículo 235 del Código Civil. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó las resoluciones que obligaban a Lewis a habilitarlo. Un recurso extraordinario ante la Corte Suprema espera respuesta. «El ciudadano británico invadió el camino de sirga construyendo parte del jardín de su mansión sobre él, en evidente abuso del derecho», declaró Julio César Urien, de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua.
Lo que este caso expone no es solo la historia de un magnate extranjero que compró lo que la ley le prohibía. Es la historia de un Estado que primero denunció el delito, luego lo investigó durante tres años y finalmente lo convalidó. Cada expediente retirado del acceso público, cada nombramiento que recae sobre quienes ya protegieron a Lewis, ensamblan una maniobra fraudulenta que trasciende administraciones y sobrevive a cambios de gobierno. Lo que está en juego no es un predio privado en la Patagonia: es la soberanía territorial y energética de Argentina sobre una zona estratégica de frontera que el Estado decidió ceder en silencio.
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