Desde los programas de interceptación de datos tras el 11-S hasta los sistemas de reconocimiento facial desplegados en aeropuertos y calles de ciudades como Nueva York o Chicago, el gobierno estadounidense ha demostrado una capacidad recurrente para potenciar la vigilancia masiva en EE.UU. con cada avance tecnológico. La llegada de los modelos de lenguaje de gran tamaño y la inteligencia artificial generativa abre ahora una nueva frontera: las agencias federales y contratistas privados buscan potenciar la vigilancia masiva en EE.UU. mediante el análisis de conjuntos de datos comerciales que antes resultaban imposibles de procesar. Documentos internos filtrados y declaraciones de expertos coinciden en un punto crítico: la combinación de IA con marcos legales flexibles permitiría potenciar la vigilancia masiva en EE.UU. a una escala y velocidad inéditas.
Los datos que compra el gobierno sin que lo sepas: potenciar la vigilancia masiva en EE.UU.
Así lo revela una investigación publicada por Grace Huckins, periodista senior de MIT Technology Review, con una trayectoria centrada en las implicaciones civiles de la inteligencia artificial y el derecho digital. En su artículo original titulado “Cómo los másteres en derecho podrían potenciar la vigilancia masiva en Estados Unidos”, Huckins demuestra que no es la tecnología sola, sino su interpretación jurídica, lo que puede normalizar la recolección masiva de datos personales sin orden judicial.
La autora, que ha asesorado a comités del Congreso sobre privacidad algorítmica, advierte que los abogados formados en nuevas tecnologías están redactando los permisos que permitirán a agencias como la NSA o el FBI acceder a registros de ubicación, compras y biometría extraídos de bases de datos privadas.
La magnitud del fenómeno ya tiene cifras concretas
La magnitud del fenómeno ya tiene cifras concretas. Según un informe de 2025 del Centro de Privacidad de la Universidad de Georgetown, al menos 120 agencias federales, estatales y locales adquirieron en el último año herramientas de análisis de IA capaces de cruzar información de más de 300 millones de identidades digitales. La Comisión Federal de Comercio documentó más de 450 contratos activos entre el Departamento de Defensa y empresas de datos comerciales, con un valor agregado superior a los 2.800 millones de dólares.
“Estamos ante un cambio de régimen”, declaró a este medio Jake Laperruque, director de vigilancia del proyecto Freedman de la Universidad de Stanford. “Lo que antes requería meses de solicitudes judiciales ahora puede ejecutarse en segundos mediante un modelo de IA entrenado para inferir comportamientos, afiliaciones políticas o incluso estados de salud a partir de datos anodinos”.
El negocio millonario de espiar con inteligencia artificial
La opinión de los organismos especializados refuerza la alarma. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) publicó en enero un análisis titulado Bulk Data Is the New Wiretap, donde señala que la compra de datos de telefonía, geolocalización y compras con tarjeta de crédito por parte de agencias gubernamentales ha crecido un 340% desde 2021. La clave, según el informe, es la capacidad de la IA para potenciar la vigilancia masiva en EE.UU. sin que medie control judicial efectivo.
“El problema no es solo la recolección, sino la inferencia”, explicó en una comparecencia ante el Senado la senadora Ron Wyden (D-Oregón). “Un modelo de lenguaje puede tomar registros de compras perfectamente legales y construir un perfil de movimientos, contactos y preferencias sexuales. Esa es la nueva vigilancia masiva, y ocurre hoy”.
Modelos de IA de código abierto
Fuentes gubernamentales, sin embargo, defienden la necesidad operativa. Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) , consultado bajo condición de anonimato, argumentó que “la amenaza terrorista y los ciberataques patrocinados por Estados adversarios exigen capacidades analíticas superiores. La IA sobre conjuntos de datos masivos no es un exceso, sino una herramienta defensiva”.
Esta posición choca con la evidencia presentada por expertos técnicos como la Dra. Latanya Sweeney, profesora de política de datos en Harvard y exdirectora de tecnología de la FTC. En su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en diciembre pasado, Sweeney demostró que, mediante modelos de IA de código abierto y 1.500 dólares en datos comerciales de agregadores de correo, se puede reidentificar al 87% de los residentes de cualquier código postal estadounidense, incluso cuando los datos se presentan como “anonimizados”.
Así se legaliza la vigilancia masiva en la sombra
El marco legal existente agrava el riesgo. La Ley de Privacidad de 1974 no contempla la compra de datos a intermediarios comerciales, y la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) permite la recolección sin orden de comunicaciones de extranjeros, pero con el tiempo estas herramientas se han reorientado hacia objetivos domésticos.
Un dictamen del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) desclasificado en 2024 reveló que el FBI realizó más de 3.4 millones de consultas sobre bases de datos de la NSA en un solo año, muchas de ellas sobre ciudadanos estadounidenses sin vínculo extranjero conocido. La inteligencia artificial, advierten los críticos, convierte este volumen ingobernable en un sistema operativo de sospecha universal.
La barrera ya no es económica ni técnica
Desde el ámbito académico, el Dr. Alvaro Bedoya, director del Centro de Privacidad de Georgetown, ha propuesto una analogía contundente: “Comprar datos masivos y alimentarlos a un modelo de IA es como instalar micrófonos en cada farola, pero con la excusa de que los micrófonos los vende una empresa privada”.
En un artículo de opinión conjunto con la Electronic Frontier Foundation (EFF) , Bedoya y su equipo calcularon que el coste de vigilar a toda la población activa de EE.UU. (unos 168 millones de personas) mediante herramientas de IA disponibles en el mercado sería de apenas 0,12 dólares por persona al mes. “La barrera ya no es económica ni técnica”, escribieron. “Es legal y ética, y está a punto de desaparecer”.
Potenciar la vigilancia masiva en EE.UU.: Tiene un pequeño costo
Frente a este panorama, la investigación de Grace Huckins en MIT Technology Review aporta un elemento que muchos análisis omiten: el papel de los juristas formados en IA. Decenas de facultades de derecho, desde Yale hasta Stanford, han lanzado programas de máster en derecho e inteligencia artificial.
Sus egresados no solo trabajan en tecnológicas, sino también en el gobierno, redactando las cláusulas de contratación de datos y los memorandos legales que autorizan operaciones de vigilancia. “No hace falta violar la ley cuando se puede reescribir el contrato”, resume Huckins.
Los abogados que reescriben las reglas de la privacidad
La paradoja final es que la misma tecnología que podría proteger la privacidad —modelos que detectan el uso ilegítimo de datos— se despliega hoy mayoritariamente para potenciar la vigilancia masiva en EE.UU., con un silencio legislativo que se ha vuelto cómplice. La historia demuestra que cada precedente sienta el siguiente. Y los precedentes, en esta materia, ya son incontables.
