El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido a Donald Trump lo que se ha descrito como un “infierno penitenciario” para encarcelar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos y de cualquier otro país. Esta controvertida oferta implica el traslado de detenidos estadounidenses a la megaprisión salvadoreña, una instalación de alta seguridad que ha sido objeto de múltiples denuncias por abusos a los derechos humanos. La propuesta, presentada como una solución pragmática para reducir costos y soportar las políticas de seguridad, ha provocado un intenso debate internacional sobre la legalidad y las implicaciones éticas de trasladar a detenidos estadounidenses a un sistema carcelario con un historial documentado de tortura, hacinamiento y privación de alimentos. El hecho de que la administración Trump haya considerado esta oferta plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la integridad del sistema judicial estadounidense.
Este reportaje está basado en el análisis de Mneesha Gellman y Sarah C. Bishop, dos académicas colaboradoras para el portal The Conversation. Gellman es profesora asociada de Ciencias Políticas en el Instituto Marlboro de Artes Liberales y Estudios Interdisciplinarios del Emerson College, donde investiga sobre violencia, derechos humanos y el resurgimiento cultural de diferentes grupos, especialmente las poblaciones indígenas y minoritarias en Estados Unidos y el Sur Global. Bishop, por su parte, es profesora en Baruch College y perito en El Salvador para un tribunal de inmigración estadounidense. Es autora de varios libros sobre migración y derechos humanos, incluyendo Una historia para salvar tu vida: Comunicación y cultura en la búsqueda de asilo de migrantes (2022). Ambas académicas publicaron recientemente un artículo titulado “Golpizas, hacinamiento y privación de alimentos: los deportados estadounidenses enfrentan angustiosas condiciones de derechos humanos en la megacárcel de El Salvador”, donde detallan las condiciones inhumanas que enfrentan los detenidos y la naturaleza profundamente problemática de la oferta de Bukele.
El infierno penitenciario de Bukele
El ofrecimiento de Bukele no fue una declaración aislada. El 3 de febrero de 2025, el mandatario salvadoreño publicó en la red social X una propuesta clara y directa: permitir que Estados Unidos transfiera a criminales estadounidenses peligrosos y criminales de otros países a las cárceles salvadoreñas. Bukele aseguró que esta solución sería “beneficiosa para todos”, ya que la tarifa por prisionero sería baja para Estados Unidos pero suficiente para hacer sostenible el sistema penitenciario salvadoreño. Sin embargo, lo que Bukele no mencionó es que estos detenidos serían colocados en un “infierno penitenciario” donde las condiciones carcelarias han sido denunciadas como violaciones de los derechos humanos más básicos. Desde golpizas y tortura hasta desnutrición y falta de atención médica, las cárceles salvadoreñas han sido objeto de múltiples informes que las descritas como centros de sufrimiento extremo.
El primer traslado de venezolanos deportados estadounidenses ya se ha concretado. El 16 de marzo de 2025, unos 250 detenidos fueron transportados a El Salvador a pesar de una orden judicial que bloqueó temporalmente la operación. Bukele, lejos de ocultar el hecho, publicó un video en el que se observa a los deportados llegando a la megacárcel salvadoreña con esposas de pies y manos, agachados a la fuerza por guardias armados. Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran un ambiente opresivo y hostil, en el que los prisioneros son tratados con una severidad inquietante. La publicación del video fue interpretada como una demostración de poder por parte de Bukele, quien ha construido gran parte de su popularidad sobre la base de una política de mano dura contra la delincuencia.
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La oferta de Bukele también refleja el deterioro de las normas democráticas en El Salvador desde que consolidó el poder en 2019. Bukele fue elegido con la promesa de erradicar las pandillas y la corrupción, pero lo que ha seguido ha sido un proceso sistemático de erosión de las instituciones democráticas. En 2024, Bukele modificó la Constitución para permitir su reelección, consolidando su poder en un marco político cada vez más autoritario. Bajo el amparo de un “estado de excepción” autoimpuesto, Bukele ha suspendido derechos fundamentales y ha emprendido una ofensiva brutal contra las pandillas. El resultado ha sido una tasa de encarcelamiento sin precedentes: El Salvador ahora tiene la proporción de población encarcelada más alta del mundo, más del triple que Estados Unidos y el doble que Cuba. Pero este “infierno penitenciario” no solo alberga a pandilleros, sino también a personas detenidas arbitrariamente por tener tatuajes, antecedentes penales menores o incluso por “parecer nerviosos” frente a las autoridades.
El Departamento de Estado opinó
La brutalidad de las cárceles salvadoreñas es ampliamente conocida y documentada. Informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento de Estado de Estados Unidos describen condiciones severas y potencialmente mortales dentro de las prisiones de Bukele. Los reclusos son obligados a vivir hacinados en celdas donde tienen menos de dos pies de espacio personal. Son golpeados con regularidad por los guardias, privados de alimentos y atención médica, y sometidos a castigos como descargas eléctricas y privación sensorial prolongada. La organización Cristosal ha documentado cientos de muertes en prisión por causas que incluyen desnutrición, traumatismos contundentes, estrangulamiento y falta de tratamiento médico. A menudo, los cuerpos de los fallecidos son enterrados en fosas comunes sin informar a las familias. Esta realidad convierte al sistema penitenciario salvadoreño en un auténtico “infierno penitenciario”, donde la vida y la dignidad de los detenidos carecen de valor.
El acuerdo propuesto entre Bukele y Trump plantea serias interrogantes legales y éticas. La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Trump invocó para justificar el traslado de detenidos, ha sido utilizada solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, incluida la internacionalización de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La transferencia de prisioneros estadounidenses a una nación con un historial documentado de abusos a los derechos humanos podría violar tratados internacionales y las normas del derecho humanitario. De hecho, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura prohíbe explícitamente la transferencia de individuos a países donde corren el riesgo de ser torturados o sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Trump y Bukele son ganadores
El impacto político de este acuerdo también podría ser significativo. Trump ha apostatado a una política de deportación masiva como una de las piedras angulares de su campaña de reelección. La oferta de Bukele le proporciona un mecanismo barato y efectivo para ejecutar estas deportaciones, aunque a costa de ignorar los principios fundamentales de justicia y derechos humanos. Al mismo tiempo, Bukele consolida su imagen de líder fuerte y efectivo, dispuesto a tomar medidas radicales para mantener el orden y la seguridad en El Salvador. Esta alianza política refuerza la narrativa populista de ambos mandatarios, quienes utilizan el miedo y la seguridad como herramientas para fortalecer su poder y justificar la supresión de derechos y libertades.
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El “infierno penitenciario” de Bukele no es solo una manifestación de un régimen autoritario en la construcción, sino también un símbolo de la normalización de la tortura y la violencia como instrumentos de política estatal. Al aceptar la oferta de Bukele, Trump no solo está trasladando prisioneros; está transfiriendo la responsabilidad moral de sus acciones a un sistema que ha sido diseñado para infligir sufrimiento y destruir la dignidad humana. Las consecuencias de este acuerdo podrían ser devastadoras para los derechos humanos y el orden democrático internacional.
