El 3 de mayo de 2026, una multitud protestó en las calles de San Juan de la Maguana con una claridad que pocas manifestaciones cívicas logran transmitir. Bajo la consigna «agua sí, oro no», una multitud protestó frente a la posibilidad de que la explotación minera destruya para siempre las fuentes hídricas de la Cordillera Central dominicana. Y así, una multitud protestó con carteles, banderas dominicanas y la determinación de quienes saben que lo que defienden no tiene precio: el agua que beben, la que riegan, la que sostiene la vida de toda una región.
El comunicador social Obniel Ramírez, conductor del programa informativo A esta hora, fue uno de los primeros en documentar los hechos desde el terreno, transmitiendo en tiempo real las imágenes de una jornada que comenzó pacífica y terminó en tensión. Su cobertura dio voz a las comunidades del sur que, desde hace meses, alertan sobre los riesgos del proyecto minero Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp en la zona montañosa del municipio de San Juan, corazón agrícola del país.
La Cordillera Central en el ojo de la tormenta: una multitud protestó contra la minería canadiense
La marcha tuvo como destino simbólico la Presa de Sabaneta, principal embalse de la región sureña y arteria vital para el riego de miles de hectáreas agrícolas. El recorrido estuvo encabezado por organizaciones civiles, líderes comunitarios, agricultores y representantes ambientales que llevan años exigiendo garantías sobre el uso del suelo en la Cordillera Central. La movilización no fue espontánea. Respondió a meses de desconfianza acumulada ante la presencia creciente de equipos exploratorios en áreas cercanas a manantiales y fuentes de agua superficial.
Según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la cuenca del río San Juan abastece de agua potable a más de 340,000 personas en la región sur del país. Sus afluentes sostienen además un sistema agrícola que produce aproximadamente el 18% del arroz consumido a nivel nacional. Para los agricultores que marcharon ese día, la minería no es una abstracción económica ni una promesa de empleos futuros: es una amenaza directa al sustento de su tierra, al futuro de sus hijos y a la identidad de un territorio que ha vivido siempre del agua.
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340,000 personas dependen de estas aguas: lo que está en juego detrás del proyecto Romero
La empresa GoldQuest Mining Corp, con sede en Toronto, Canadá, ha insistido en que sus operaciones en la zona de Romero se limitan estrictamente a la fase de exploración geológica. En comunicados difundidos en los últimos meses, la compañía señaló que los estudios en curso buscan determinar la viabilidad técnica y ambiental de una eventual explotación, y que ninguna decisión definitiva se tomará sin cumplir los requisitos legales establecidos por el Estado dominicano. La firma cuenta con concesiones en más de 15,000 hectáreas del territorio nacional.
El Ministerio de Energía y Minas confirmó, a través de un comunicado emitido horas antes de la marcha, que la licencia otorgada a GoldQuest no habilita la extracción de minerales. La postura oficial establece que cualquier proyecto de explotación deberá superar evaluaciones de impacto ambiental, consultas comunitarias vinculantes y aprobación legislativa, según lo dispuesto en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 y el Reglamento de Actividades Mineras vigente en la República Dominicana.
El Gobierno promete que es solo exploración, pero San Juan no está dispuesto a esperar para descubrirlo
Sin embargo, para quienes salieron a las calles ese sábado, las garantías institucionales no bastan. La desconfianza tiene historia y tiene nombres propios. Países de América Latina como Guatemala, Perú y Honduras han documentado decenas de casos en los que comunidades aledañas a proyectos mineros sufrieron contaminación de acuíferos, desplazamientos forzados y deterioro ambiental irreversible. Los manifestantes conocen esos precedentes y los invocan como advertencia permanente. La consigna que llevaban no pedía diálogo. Pedía protección real.
Los incidentes del final de la marcha añadieron una capa de tensión al conflicto. Al llegar a los alrededores de la Presa de Sabaneta, se produjeron enfrentamientos entre un sector de los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional y el Ejército. Las autoridades desplegaron bombas lacrimógenas y cañones de agua para dispersar a la multitud. Tres agentes policiales y un capitán del Ejército resultaron heridos tras recibir impactos de piedras lanzadas desde la protesta. No se reportaron heridos civiles de gravedad, aunque varios asistentes refirieron irritación ocular severa por los gases.
Gases lacrimógenos, piedras y cañones de agua: una multitud protestó en Sabaneta
Videos difundidos en redes sociales mostraron momentos de alta tensión: personas corriendo entre nubes de humo, jóvenes cubriéndose el rostro con camisetas empapadas y agentes formando líneas de contención frente a los marchantes. Las grabaciones circularon con rapidez en plataformas digitales y medios nacionales, amplificando el conflicto local hasta convertirlo en un debate sobre los límites del desarrollo, la soberanía ambiental y el derecho de las comunidades a decidir sobre los recursos naturales de su territorio.
Organizaciones como el Foro Dominicano para la Gestión Ambiental y la Federación de Regantes del Sur han exigido la suspensión inmediata de todas las actividades exploratorias en la zona, pendiente de una auditoría independiente con participación ciudadana. El ambientólogo Luis Álvarez, investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, alertó que las perforaciones y el muestreo de suelos pueden generar filtraciones de sustancias contaminantes en las capas freáticas, incluso en etapa exploratoria, si no se aplican protocolos rigurosos de contención y monitoreo permanente.
Expertos advierten: incluso la fase exploratoria puede comprometer para siempre los acuíferos de la región
San Juan ya habló. Lo hizo con sus pies sobre el asfalto, con sus pancartas en alto y con la firmeza colectiva de quienes entienden que el agua no se transa en ningún mercado. El proyecto Romero sigue en sus primeras fases y el Gobierno insiste en que ninguna decisión está tomada. Pero la magnitud de la movilización del 3 de mayo envía una señal difícil de ignorar: cualquier ruta que amenace las fuentes de agua de la región deberá enfrentar una resistencia organizada, creciente y dispuesta a ir hasta donde haga falta.
El debate que San Juan abre no le pertenece solo a esa provincia sureña. Es el dilema que atraviesan hoy numerosas democracias latinoamericanas cuando intentan conciliar el crecimiento económico con la protección efectiva de los bienes comunes. La respuesta llegó primero desde las calles, antes que desde cualquier sala de gobierno o junta corporativa. El oro puede esperar. El agua, no.
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