La República Dominicana enfrenta un dato que no puede ignorarse: el 63 % de los niños, niñas y adolescentes del país ha vivido alguna forma de exposición constante a prácticas de violencia en sus hogares o entornos inmediatos, una cifra que supera el promedio latinoamericano y coloca al país entre los casos más críticos de la región. Esa exposición constante a prácticas de violencia no se restringe a los contextos de mayor pobreza ni a los barrios más vulnerables: atraviesa clases sociales, estructuras familiares y zonas geográficas diversas con igual intensidad. Los estudios más recientes confirman que la exposición constante a prácticas de violencia en la primera infancia deja consecuencias medibles sobre el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de las personas a lo largo de toda su vida.
El dato proviene de un reportaje publicado en El Nacional, uno de los principales medios digitales de la República Dominicana, firmado por la periodista Pilar Moreno, con amplia trayectoria en coberturas de impacto social y derechos humanos. Su trabajo, publicado bajo el título «República Dominicana: altos niveles de violencia», sistematiza información de organismos internacionales y fuentes nacionales para ofrecer un diagnóstico riguroso sobre la situación de la violencia en el país, con énfasis en su impacto sobre la infancia y la adolescencia.
Exposición constante a prácticas de violencia: 63%
La investigación regional presentada este año por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda esa cifra con una perspectiva comparada. América Latina y el Caribe registra tasas de violencia contra niños y adolescentes que duplican el promedio mundial, y la República Dominicana figura entre los países con mayor prevalencia del bloque. Según el documento, entre el 50 % y el 65 % de los menores de la región ha experimentado algún tipo de violencia física o psicológica dentro del hogar durante los últimos doce meses. Para los especialistas, estos indicadores no son estadísticas abstractas: son el retrato de una crisis de protección que afecta silenciosamente a millones de familias dominicanas.
El contexto socioeconómico en que se produce esta realidad es determinante. La República Dominicana ha registrado crecimiento económico sostenido en las últimas dos décadas, con tasas que superan el 5 % anual en varios períodos. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en una reducción proporcional de las desigualdades estructurales. Según datos del Banco Mundial, el coeficiente de Gini dominicano se mantiene por encima de 0.40, lo que refleja una distribución inequitativa del ingreso que genera tensiones al interior de los hogares y limita el acceso a servicios de protección y atención psicosocial.
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El peso socioeconómico detrás de los datos de exposición constante a prácticas de violencia
Investigadores del Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) han documentado que la exposición constante a prácticas de violencia durante la infancia incrementa entre dos y tres veces la probabilidad de que esas personas reproduzcan comportamientos similares en su vida adulta. La violencia, en ese sentido, no desaparece sola: se transmite.
«No estamos ante un problema de moralidad individual, sino ante un ciclo estructural que se reproduce de generación en generación y que requiere intervención sistemática», afirmó la doctora Carmen Santana, psicóloga clínica e investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, durante un foro académico realizado en la capital dominicana a inicios de 2025. La ciencia, en este punto, no admite ambigüedades.
La ciencia confirma el ciclo intergeneracional
El Estado dominicano ha respondido con un conjunto de políticas sociales que han avanzado en cobertura pero que aún muestran limitaciones en profundidad y sostenibilidad. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó en su balance anual más reciente que más de 120,000 familias fueron atendidas a través del programa de orientación familiar.
En ese mismo período, se registraron cerca de 18,000 denuncias formales de maltrato infantil. Aun así, los organismos de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser entre cuatro y seis veces mayor, debido al alto nivel de subregistro y a la persistencia de la violencia como práctica disciplinaria normalizada dentro de muchos hogares dominicanos.
Lo que las estadísticas oficiales no capturan
La evidencia acumulada por UNICEF y la OPS apunta en una dirección concreta: la exposición constante a prácticas de violencia puede reducirse de manera significativa cuando los programas de crianza positiva se implementan con rigor, continuidad y recursos suficientes. Los estudios de caso en países como Uruguay, Chile y Costa Rica muestran que las intervenciones basadas en el fortalecimiento de los sistemas de protección y el apoyo sostenido a las familias han logrado reducir entre un 20 % y un 35 % las tasas de violencia intrafamiliar en períodos de cinco años. El modelo existe. La hoja de ruta está trazada. Lo que los especialistas exigen es la voluntad política de ejecutarlo.
El mismo informe de UNICEF identifica los factores protectores más eficaces: la participación activa de ambos progenitores en la crianza, el acceso a educación de calidad desde la primera infancia y la existencia de redes comunitarias de apoyo que actúen como amortiguadores ante situaciones de crisis. En la República Dominicana, el Ministerio de Educación ha incorporado módulos de educación socioemocional en algunos centros del nivel primario, aunque el alcance de estas iniciativas sigue siendo parcial y desigual según la región y los recursos disponibles.
Soluciones probadas, voluntad política pendiente
La sociedad civil también actúa. Organizaciones como el Centro para el Desarrollo y el Bienestar Infantil y la Red Nacional de Apoyo a la Familia llevan años documentando casos, formando educadores y presionando al Estado para que incremente el presupuesto destinado a protección social. «Necesitamos pasar de los diagnósticos a la acción sostenida», declaró Milagros Díaz, directora de una de estas organizaciones, en declaraciones recientes a medios locales. «El 63 % no es solo un número. Es una generación entera con heridas invisibles si no actuamos ahora.»
El desafío dominicano no es único, pero sí es urgente. La combinación de desigualdad estructural, subregistro institucional y sistemas de protección frágiles crea condiciones en las que la violencia se normaliza antes de combatirse. La región tiene hoy los instrumentos técnicos y la evidencia científica para revertir esta tendencia. La pregunta pendiente no es si las soluciones existen, sino si los gobiernos tendrán la decisión de implementarlas con la urgencia que la infancia dominicana merece.
