En una comunidad rural de Jamaica, donde la atención médica escasea y los hospitales están a varias horas de camino, la llegada de los médicos cubanos representa, para muchos, una auténtica bendición. Son recibidos con sonrisas, gratitud y respeto, pues cubren necesidades que los sistemas sanitarios locales no logran satisfacer. Sin embargo, a miles de kilómetros, en oficinas gubernamentales de Washington y en comunidades de exiliados cubanos en Florida, esa misma misión médica es vista con sospecha, resentimiento y denuncias de esclavitud moderna. La presencia de médicos cubanos en más de medio centenar de países se ha convertido en un tema polarizante que va más allá de la medicina, tocando las fibras sensibles de la política internacional, los derechos humanos y la propaganda estatal.
Frances Robles, corresponsal internacional de The New York Times, especializado en América Latina y el Caribe, ha seguido durante más de dos décadas la evolución de este fenómeno. En su reportaje titulado: “Trump va contra las misiones médicas de Cuba en el mundo”, publicado en el influyente diario neoyorquino, desmenuza las contradicciones y controversias que rodean al programa. Con una trayectoria que incluye coberturas en Haití, Nicaragua y desastres naturales en la región, Robles ha documentado cómo este modelo, calificado como solidaridad médica por el gobierno cubano, es considerado por otros como un esquema sofisticado de trata de personas. En su reportaje, retrata las historias de médicos como Ramona Matos, exintegrante de estas brigadas, que ahora ve el programa como una herramienta de explotación más que como una obra altruista.
El dilema de los médicos cubanos
Los médicos cubanos, que según La Habana participan voluntariamente, son parte de un programa de exportación de servicios profesionales que genera más de 4.000 millones de dólares anuales para la isla. Los países receptores pagan al Estado cubano por el trabajo de sus sanitarios, pero estos solo reciben una fracción del salario: en muchos casos, entre un 2% y un 15% del monto total. Algunos testimonios revelan que los médicos deben entregar sus pasaportes, que tienen toques de queda y restricciones para relacionarse con la población local, y que el dinero que ganan en el extranjero se deposita en cuentas que solo pueden tocar al regresar a Cuba, muchas veces devaluado por la inflación nacional. Esto ha generado que múltiples organismos internacionales cuestionen el programa, e incluso el Departamento de Estado de EE.UU. lo haya calificado como trata laboral.
En ese contexto, los médicos cubanos se convierten en figuras contradictorias. Para los habitantes de zonas remotas en África, América Latina y el Caribe, son sinónimo de atención, alivio y profesionalismo. Para el gobierno de Donald Trump, fueron parte de una estrategia de penetración política del régimen de La Habana, que debía ser desarticulada. En 2020, su administración sufrió el cerco contra Cuba incluyendo restricciones específicas a los países que mantuvieron contratos médicos con el gobierno comunista. El mensaje era claro: quien pacte con La Habana, pagará un precio en su relación con Washington. Como consecuencia, se retiraron visados a funcionarios de países como Venezuela y se inició una campaña diplomática para desincentivar la contratación de brigadas cubanas.
Algunos testimonios
Médicos cubanos como Leydy, una doctora que desertó de la misión en Venezuela, relata condiciones extremas: salarios que no alcanzaban para comprar una barra de pan y una bebida, jornadas de 48 horas sin electricidad y vigilancia constante. Asegura que el gobierno cubano se quedó con los 10.000 dólares que generó durante sus 15 meses de servicio en el extranjero. Su historia no es única. Desde el inicio del programa en los años 60, más de 30.000 sanitarios han prestado servicio fuera de Cuba. Muchos lo han hecho convencidos de que era su deber humanitario, pero también con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas, y algunos terminaron desertando en el camino, pidiendo asilo en Estados Unidos u otros países.
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Los defensores del programa, incluidos varios gobiernos caribeños, aseguran que no hay explotación, sino cooperación. Ministros de Salud de naciones como Jamaica y Trinidad y Tobago han salido al paso de las acusaciones, argumentando que los médicos cubanos han sido esenciales para el funcionamiento de sus sistemas de salud. Christopher Tufton, titular de la cartera sanitaria jamaicana, ha reiterado que no hay evidencias de trata de personas y que las condiciones de trabajo han sido supervisadas conforme a normas internacionales. En Trinidad y Tobago, las autoridades destacan la transparencia de los contratos y el agradecimiento hacia los servicios prestados. Sin embargo, en privado, algunos médicos permiten que la mayor parte de su salario quede en manos del gobierno cubano y que eso limita sus posibilidades reales de independencia económica.
Para EE.UU. es trabajo forzado
A nivel internacional, la controversia ha escalado. María Werlau, directora de la ONG Archivo Cuba, con sede en Miami, ha descrito el programa como un esquema de trabajo forzado que viola convenciones sobre derechos laborales. Según sus investigaciones, países como Kenia pagan hasta 5.000 dólares mensuales por cada médico cubano, de los cuales apenas 1000 llegan a manos del profesional. El resto se convierte en ingreso directo del Estado cubano. La situación recuerda, para muchos, a un sistema de servidumbre por contrato encubierto bajo un discurso de solidaridad socialista. No es casual que figuras como Mauricio Claver Carone, enviado especial de Trump para América Latina, hayan presionado para que más países adopten el modelo de Barbados, donde los médicos son contratados directamente y no a través del gobierno cubano.
A pesar de las denuncias, las misiones médicas cubanas siguen operando en al menos 56 países. Aunque su aumento ha disminuido desde el año 2014, con la salida de Brasil y los recortes en Venezuela, siguen siendo una herramienta poderosa tanto de diplomacia como de ingreso para el Estado cubano. Los médicos cubanos, formados gratuitamente en la isla y altamente especializados, aceptan las condiciones porque representan una oportunidad económica imposible de alcanzar en su país. Sin embargo, esa promesa muchas veces se ve truncada por las restricciones, los recortes y la imposibilidad de disponer libremente de su salario. Aun así, el gobierno de Cuba insiste en que se trata de un acuerdo justo y legal, basado en el consentimiento informado de los participantes.
Caso de esclavitud moderna
En 2018, Ramona Matos presentó una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, alegando que facilitó la ejecución del programa en Brasil, lo que ella considera un caso de esclavitud moderna. Para Matos, quien ahora trabaja en una fábrica en Florida y votó por Trump, la lucha no es solo personal, sino ideológica. Cree que mientras exista ese sistema, miles de médicos cubanos seguirán siendo instrumentos del aparato estatal de La Habana, usados para fines políticos y económicos. No obstante, su postura no es compartida por todos los que han sido parte del programa. Algunos regresan a Cuba con orgullo por haber prestado ayuda en lugares donde nadie más quiso ir, y donde fueron tratados como héroes.
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La división de opiniones es profunda. Para unos, los médicos cubanos son mártires modernos de un sistema que explota su vocación. Para otros, son embajadores de un modelo de salud solidario que ha salvado millones de vidas. En el medio, quedan las estadísticas opacas, los acuerdos bilaterales sin acceso público, las restricciones de movilidad, las cuentas congeladas y las historias individuales que revelan tanto sacrificio como convicción. Y aunque Estados Unidos sigue intentando debilitar este mecanismo, los médicos cubanos siguen cruzando fronteras, amados por unos, mal vistos por otros.
