“Engañados o no”: Un grupo de mercenarios colombianos está guerreando en Sudán

En el convulso panorama internacional, una nueva y preocupante noticia ha tomado protagonismo: un grupo de mercados colombianos está combatiendo en la guerra civil de Sudán, un conflicto que ha cobrado millares de vidas y desplazado a millones. La participación de estos exmilitares ha suscitado preguntas sobre los mecanismos de reclutamiento, las promesas hechas y la realidad que enfrentan en el terreno. Algunos afirman que fueron engañados al creer que trabajarían como vigilantes en Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros, plenamente conscientes de los riesgos, aceptaron la oferta por el atractivo económico. Este fenómeno plantea interrogantes sobre las dinámicas globales de los conflictos armados y el rol de los actores privados.

Diego Stacey, periodista especializado en asuntos internacionales, fue quien destapó esta historia en su artículo: “Los mercenarios colombianos, la nueva apuesta de los paramilitares en la guerra civil de Sudán”, publicado en el portal de EL PAÍS de España. Stacey, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Javeriana de Bogotá y Máster en Periodismo por la UAM-EL PAÍS, construyó un reportaje que combina datos inquietantes y testimonios directos. Según su investigación, más de 20 colombianos fueron asesinados recientemente por ataques de drones suicidas en Darfur, una región clave en el este de Sudán. Este incidente es solo una pieza de un rompecabezas que involucra al menos 300 connacionales luchando junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que busca consolidar su control sobre el país.

Mercenarios colombianos en Sudán

La historia comenzó a tomar forma a finales de noviembre, cuando un video en redes sociales mostraba pasaportes y cédulas colombianas halladas en el desierto sudanés. Este material gráfico, supuestamente grabado por un miembro de las Fuerzas Armadas de Sudán, fue la primera evidencia concreta de la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto. A partir de allí, el tema cobró relevancia, tanto en los medios internacionales como en Colombia, donde el conflicto interno ha sido una constante durante décadas. Stacey resalta cómo este giro de los acontecimientos ha llevado a muchos colombianos a voltear la mirada hacia un país africano que, hasta entonces, parecía distante e irrelevante para su realidad.

La participación de estos exmilitares ha suscitado preguntas sobre los mecanismos de reclutamiento, las promesas hechas y la realidad que enfrentan en el terreno. Ilustración MidJourney

El reclutamiento en los mercados colombianos ha sido facilitado por empresas de seguridad privada, algunas de las cuales operan en el límite de la legalidad. Según Ulrich Petersohn, experto en seguridad internacional de la Universidad de Liverpool, estas compañías actúan como intermediarias entre los contratistas y los soldados. En teoría, ofrecen servicios de vigilancia en países lejanos; en la práctica, algunos exmilitares terminan en zonas de guerra, como Sudán. Petersohn añade que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, sino que involucra a nacionales de terceros países con características similares: recursos limitados, pasaportes débiles y pocas opciones de empleo en su tierra natal.

Cinco veces el salario de retiro

Las promesas económicas son un gancho poderoso. A los exmilitares colombianos se les ofrece hasta cinco veces su salario de retiro, una cifra difícil de ignorar en un país con marcadas desigualdades. “Aunque algunos aceptan sabiendo exactamente lo que están haciendo, otros son claramente engañados”, explica Mario Urueña, experto en seguridad global de la Universidad del Rosario. Urueña señala que estas empresas suelen estar registradas legalmente, lo que dificulta rastrear sus actividades ilícitas. Operan como pequeños negocios liderados por generales retirados, quienes promocionan sus servicios a través de redes informales, como grupos de WhatsApp.

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La presencia de mercenarios colombianos en Sudán no es un caso aislado. Desde la década pasada, exmilitares de ese país han participado en conflictos en Yemen, Irak y Afganistán, entre otros. Uno de los episodios más sonados ocurrió en Haití en 2021, cuando una veintena de colombianos estuvo involucrada en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Estos casos reflejan un patrón: hombres entrenados para el combate que, al retirarse, se encuentran en el mercado mercenario una forma de subsistencia, aunque implique adentrarse en territorios plagados de violencia.

Una guerra distante y olvidada

En Sudán, el contexto es especialmente complejo. Desde 2021, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han protagonizado un enfrentamiento directo contra el ejército sudanés. El conflicto ha dejado una crisis humanitaria de proporciones catastróficas: más de 20.000 muertos, según estimaciones de la ONU, y millones de desplazados. Organizaciones internacionales han documentado graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres y ataques indiscriminados. Los mercenarios colombianos, al integrarse a las FAR, se convierten en actores secundarios de una guerra que, aunque distante, tiene repercusiones globales.

A pesar de las evidencias, las posibilidades de rendición de cuentas son mínimas. Petersohn señala que la industria mercenaria opera en un limbo legal, donde las responsabilidades son difusas. Aunque existe una convención de la ONU que prohíbe el reclutamiento de mercenarios, apenas una treintena de países la han ratificado. Esto dificulta la persecución legal de quienes participan en este tipo de actividades, tanto a nivel individual como corporativo.

Algunos afirman que fueron engañados al creer que trabajarían como vigilantes en Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros, plenamente conscientes de los riesgos, aceptaron la oferta por el atractivo económico. Ilustración MidJourney.

Petro pide que se penalice

El gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha condenado enérgicamente la participación de connacionales en conflictos extranjeros. Petro, quien ha abogado por mejorar las condiciones de vida de los militares retirados, propuso recientemente una legislación que penalice a las empresas que los instrumentalizan. Durante una reciente llamada con su homólogo sudanés, el canciller Luis Gilberto Murillo expresó su compromiso de repatriar los cuerpos de los colombianos fallecidos y garantizar el retorno seguro de los que aún permanecen en Sudán.

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Sin embargo, más allá de las acciones gubernamentales, el fenómeno de los mercenarios colombianos expone una problemática más amplia: la falta de oportunidades para quienes han dedicado su vida al servicio militar. Mientras las ofertas económicas siguen siendo tan tentadoras y las consecuencias legales tan escasas, el ciclo difícilmente se detendrá. Engañados o no, estos hombres continúan arriesgando su vida en escenarios lejanos, donde las balas no distinguen entre intenciones ni promesas rotas.

Este reportaje refleja no solo el drama de los individuos involucrados, sino también la desconcertante capacidad de la guerra para involucrar a quienes, aparentemente, no tienen nada que ver con ella.

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