La “acusación constitucional” que podría enfrentar el presidente Gabriel Boric en las próximas semanas no es un hecho menor en la política chilena. La presentación de este libelo por parte de Renovación Nacional (RN) se debe a la creciente percepción de inseguridad y el manejo que ha tenido el gobierno frente a esta crisis. Aunque en la historia del país sólo dos presidentes han sido sometidos a este juicio político, el riesgo de destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos es real. El proceso se ha transformado en un campo de batalla política en el que el Congreso jugará un papel crucial.
Sebastián Dote, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santo Tomás de Chile y actual encargado de redes sociales y SEO de la edición chilena de EL PAÍS, es el autor original del artículo titulado: “Qué es y cómo se tramita una acusación constitucional en Chile ”. Publicado en la sección de Internacionales de este medio, Dote explicó en detalle el contexto y los pasos a seguir en este complejo procedimiento. Con experiencia en medios como ‘El Mercurio’ y ‘El Dínamo’, su reportaje expone cómo la acusación constitucional es una herramienta de control político que permite a la Cámara de Diputados fiscalizar a altos cargos del país, incluyendo al propio presidente. Este artículo cobra especial relevancia al considerar el reciente anuncio del libelo contra Boric.
Acerca de la acusación constitucional
La acusación en cuestión se ha presentado como respuesta a lo que sectores de la oposición consideran una “crisis de seguridad” agravada por la administración de Boric. La bancada de Renovación Nacional, con apoyo del Partido Republicano, alega que las políticas del mandatario han sido insuficientes y que el país se encuentra en un punto crítico en términos de violencia y delincuencia. La “acusación constitucional” es vista como una medida extrema, pero, en palabras de sus promotores, “necesaria” para restaurar el orden en un país que enfrenta una ola de robos y homicidios sin precedentes.
El procedimiento de una acusación constitucional no es algo que se tome a la ligera. Se inicia en la Cámara de Diputados, donde un grupo de al menos diez diputados debe presentar y firmar el libelo Acusador, explicando de manera detallada las razones por las cuales creen que el presidente ha violado la Constitución o las leyes vigentes. Luego, se conforma una comisión especial de cinco diputados que tiene un plazo de diez días para revisar el documento y emitir un informe que, si bien no es vinculante, puede influir en el resto del hemiciclo.
Un juicio político
De avanzar esta primera etapa, la acusación se discute en la Cámara de Diputados, donde se requiere el voto favorable de al menos la mitad más uno de los diputados para proceder. Con un total de 155 diputados, Gabriel Boric necesitaría el respaldo de al menos 78 legisladores para detener el proceso. Si se aprueba, el juicio pasa al Senado, donde los senadores asumen el rol de jurado y determinan el futuro del presidente. Según la Constitución chilena, el Senado puede aprobar una acusación constitucional si dos tercios de sus miembros votan un favor. Esto significaría un escenario de alta tensión política y mediática, en el que cada declaración, cada voto y cada ausencia en el Congreso serán observados con lupa.
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La “acusación constitucional” contra Boric no es la única que se ha presentado en las últimas semanas. Según Sebastián Dote, el Congreso estará ocupado durante el mes de octubre con al menos otras tres acusaciones presentadas contra altos cargos del Poder Judicial. Jueces de la Corte Suprema como Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, también están en la mira de la oposición. Este clima de inestabilidad refleja un momento delicado para la democracia chilena, donde el uso recurrente de este mecanismo se ha convertido en un arma política con consecuencias impredecibles.
Presidentes están invictos
En la historia reciente de Chile, el proceso de acusación constitucional ha sido utilizado en contadas ocasiones, pero con resultados significativos. Como menciona Dote en su artículo, desde el retorno de la democracia en 1990, se han presentado 44 acusaciones constitucionales, de las cuales cuatro han culminado con la destitución de la autoridad acusada. Entre estos casos se destaca el ministro de Educación Harald Beyer en 2013, quien fue acusado de no fiscalizar el lucro en las universidades privadas. La destitución de Beyer marcó un hito, demostrando que la herramienta, aunque compleja, puede tener un impacto real en el devenir político del país. Durante la historia, dos presidentes de la República han debido pasar por este proceso, el que lograron superar con éxito.
En el caso de Boric, la situación es aún más complicada. No solo se enfrenta a una “acusación constitucional” impulsada por la derecha, sino que también lidia con divisiones internas en su coalición de gobierno. El Frente Amplio y el Partido Comunista, sus principales aliados, han manifestado su rechazo a la acusación, calificándola como un intento de desestabilización. Sin embargo, la falta de apoyo popular al gobierno y las crecientes protestas en las calles están erosionando el respaldo político que Boric necesita para sortear este desafío.
Batalla en la Cámara Alta
El Senado, la última instancia en este proceso, se convierte en el campo de batalla definitivo. Allí, los senadores deben actuar como jurado, evaluando no solo la legalidad de los cargos, sino también el contexto político que rodea el juicio. La Constitución prohíbe que los senadores se pronuncien públicamente sobre el fondo de la acusación antes de la votación, lo que agrega un componente de incertidumbre. Cualquier comentario puede ser interpretado como parcialidad y derivar en la inhabilitación de un legislador, complicando aún más el panorama para Boric.
En este punto, muchos se preguntan si la “acusación constitucional” logrará su objetivo de destituir a Boric. Si bien la mayoría de las acusaciones no prosperan por la falta de apoyo en el Congreso, la situación actual es volátil. La inestabilidad política, combinada con la creciente polarización en el país, ha creado un entorno donde cualquier resultado es posible. Incluso si Boric logra superar este juicio, el desgaste político podría minar su capacidad para gobernar en los próximos años.
Adversarios irán hasta el final
La oposición, por su parte, parece decidida a seguir adelante con la acusación. Para ellos, se trata de un acto de responsabilidad política frente a un presidente que, en su opinión, ha fallado en mantener la seguridad de los chilenos. No obstante, detrás de esta iniciativa también se vislumbran motivaciones electorales. Con las elecciones municipales y regionales acercándose, una derrota de Boric fortalecería a la derecha y debilitaría a la izquierda en las urnas. La acusación constitucional se convierte así en un juego de poder con implicaciones a largo plazo.
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Mientras tanto, Boric ha mantenido un perfil bajo. En sus últimas declaraciones, el mandatario ha rechazado las acusaciones de inacción y ha defendido su gestión con firmeza. Sin embargo, el tono conciliador que solía caracterizarlo ha dado paso a una postura más combativa. Consciente de que su presidencia está en juego, Boric ha comenzado a movilizar a sus bases, buscando apoyo en el Congreso y en la opinión pública para afrontar el proceso.
La historia de Chile ha demostrado que una acusación constitucional puede ser el principio del fin para un presidente o, por el contrario, una oportunidad para consolidar su liderazgo. Gabriel Boric, el joven presidente que llegó al poder con promesas de cambio y justicia social, se enfrenta a una encrucijada. El Congreso decidirá en las próximas semanas si su administración comenzará o si su mandato se verá interrumpido. Con el país atento a cada movimiento, el desenlace de este proceso podría redefinir el rumbo de la política chilena en los años venideros.
