“En Brasil la policía asesina”. Estas palabras no son una mera figura retórica, sino una representación descarnada de la realidad que ha sido expuesta a través de impactantes casos recientes. Un hombre abatido con 11 disparos tras robar un jabón en un supermercado, adolescentes perseguidos y baleados por agentes, y un sospechoso arrojado desde un puente por un policía militar son solo algunos ejemplos que han conmocionado al país. Estas escenas, capturadas en videos que se han viralizado en redes sociales, han desatado un debate nacional sobre la brutalidad policial y la necesidad de una reforma estructural de las fuerzas de seguridad en Brasil.
Robson Rodrigues, coronel de reserva de la Policía Militar, antropólogo y doctor en ciencias sociales, es el autor de un artículo que profundiza en este tema. Publicado en el portal The Conversation Brasil bajo el título: “La violencia en São Paulo exponen la necesidad de una modernización urgente de las operaciones policiales”, su trabajo combina la experiencia práctica como jefe de Estado Mayor de la Policía Militar de Río de Janeiro y coordinador de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) con un análisis académico desde el Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV-UERJ) de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). En su análisis, Rodrigues vincula los casos actuales de violencia policial con raíces históricas y estructurales que perpetúan un modelo autoritario y desigual.
En Brasil la policía asesina niños
En Brasil la policía asesina, no solo en casos extremos, sino como parte de un sistema que privilegia la represión por encima de la prevención. La historia del modelo policial brasileño se remonta a 1808, cuando D. João VI instauró una estructura militarizada con la creación de la Guardia Real de Policía. Desde sus inicios, esta institución no estaba diseñada para proteger a la ciudadanía en general, sino para mantener el orden en una sociedad esclavista, reforzando los intereses de las élites. Este legado colonialista persiste hasta hoy, como una sombra que alimenta las prácticas autoritarias de las fuerzas policiales.
Rodrigues destaca que los homicidios en Brasil, con una cifra aproximada de 50.000 casos anuales, se sitúan al país entre los más violentos del mundo. A esto se suma una preocupante escalada de la violencia estatal, evidenciada en las acciones de las fuerzas policiales. En su análisis, el autor enfatiza que esta situación es el resultado de un modelo policial que prioriza la fuerza bruta y la militarización en detrimento de la mediación y la prevención de conflictos. Además, el crecimiento del crimen organizado, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en São Paulo, añade una capa más de complejidad, exacerbando los enfrentamientos y exponiendo a las comunidades más vulnerables.
Desigualdad y la violencia
En Brasil la policía asesina, pero también actúa bajo una estructura institucional desfasada que perpetúa la desigualdad y la violencia. La superposición de funciones entre la policía militar y la policía civil, establecida durante la dictadura cívico-militar, es un ejemplo claro de esta desorganización. Mientras la policía militar debería centrarse en la prevención y el patrullaje, y la policía civil en la investigación criminal, ambas fuerzas operan de manera desconectada y sin una estrategia integral de seguridad pública. Este modelo ineficaz no solo dificulta la resolución de crímenes, sino que también alimenta la desconfianza de la población hacia las instituciones que supuestamente deben protegerla.
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El autor señala que durante la dictadura cívico-militar (1964-1985), el aparato policial fue perfeccionado para actuar como brazo represivo del régimen, reforzando un modelo de «enemigo interno» que aún persiste. En este contexto, la policía militar adquirió un papel central en la represión política y social, consolidando prácticas violentas que continúan hasta el día de hoy. A pesar de la transición política hacia la democracia, la Constitución de 1988 no logró implementar un sistema policial ciudadano, dejando intacta la estructura autoritaria heredada del pasado.
Policías víctimas de sí mismos
En Brasil la policía asesina, pero también es víctima de un sistema que descuida las necesidades de sus propios trabajadores. Rodrigues señala que las condiciones laborales de los agentes policiales son precarias, con largas jornadas, bajos salarios y falta de apoyo psicológico. Esta situación, sumada a la creciente politización de las fuerzas policiales, crea un caldo de cultivo para el abuso de poder y el uso desproporcionado de la fuerza. Casos como la inacción de las fuerzas de seguridad durante los ataques al Congreso en enero de 2023 son ejemplos de cómo estas dinámicas afectan la estabilidad institucional del país.
La modernización de las operaciones policiales es una necesidad urgente, pero no suficiente. Para Rodrigues, transformar el modelo policial brasileño requiere una inversión en tecnología, formación ciudadana y una mayor autonomía investigativa para las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el autor enfatiza que construir una verdadera seguridad ciudadana implica un enfoque más amplio, que integra sectores como la educación, la salud y la asistencia social. Este enfoque sistémico es fundamental para abordar las causas estructurales de la violencia y promover un modelo sostenible y equitativo.
El Estado es su cómplice
En Brasil la policía asesina porque el sistema lo permite. Para romper este ciclo de violencia, Rodrigues aboga por una reforma estructural que priorice la prevención y la mediación, en lugar de la represión. Esto incluye revisar el legado histórico que ha moldeado las fuerzas policiales, así como implementar políticas públicas que promuevan la igualdad y la inclusión social. Sin una transformación profunda, las imágenes de hombres abatidos por robar jabón y niños perseguidos por agentes seguirán siendo una dolorosa realidad en Brasil.
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Los funcionarios policiales merecen estar inmersos en un contexto de análisis social que exija soluciones integrales. Como señala Rodrigues, no se puede delegar exclusivamente en la policía la tarea de garantizar la seguridad pública. La violencia estructural, la desigualdad económica y la falta de oportunidades para las comunidades más vulnerables son factores que alimentan el círculo de violencia. Reformar la policía es solo un paso; el verdadero cambio requiere un compromiso del Estado en su conjunto para construir un país donde el respeto por la vida y la dignidad de cada ciudadano sea el pilar fundamental de la sociedad. Sin este enfoque integral, la modernización de las fuerzas policiales será insuficiente para garantizar la paz y la justicia.
