La empresa privada en Venezuela ha sido, históricamente, rehén de los gobiernos de turno. A lo largo de las décadas, el sector productivo ha tenido que adaptarse a las fluctuaciones políticas y económicas impuestas por los distintos regímenes, desde los gobiernos democráticos del Pacto de Punto Fijo hasta el modelo de control estatal que se acentuó con la llegada del chavismo en 1999. En cada período, las reglas del juego han cambiado, y los empresarios han debido enfrentar políticas económicas erráticas, intervencionismo estatal y un discurso que los ha señalado como responsables de los problemas del país.
El presente análisis toma como punto de partida el trabajo del sociólogo venezolano José Antonio Gil Yepes, titulado: “Trabajadores: ¡Sin empresarios, no hay paraíso!” , publicado en el portal de El Universal , donde aborda la importancia de la relación entre trabajadores y trabajadores en el desarrollo económico del país. Gil Yepes, ex presidente de Datanálisis y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), ha dedicado años a estudiar las dinámicas socioeconómicas venezolanas y plantea que la crisis actual ha llevado a un inevitable acercamiento entre empresarios y empleados, pero advierte que la desconfianza histórica entre ambos sectores ha sido fomentada por una narrativa ideológica que ha permeado las políticas públicas por más de un siglo.
Rehén de los gobiernos de turno
Desde principios del siglo XX, la empresa privada ha sido vista con recelo por parte de los distintos gobiernos. En el período del trienio adeco (1945-1948), Acción Democrática impuso una agenda de reformas que buscaba reducir la influencia del capital privado, promoviendo el papel del Estado como motor de la economía. La conflictividad de esos años llevó al golpe de Estado de 1948 y al inicio de una década de dictadura militar. Aun así, el modelo económico venezolano se consolidó en torno a la renta petrolera, lo que permitió la expansión del gasto público y la reducción temporal de la tensión entre gobierno y empresarios. No obstante, la empresa privada continuó siendo rehén de los gobiernos de turno, utilizadas como chivos expiatorios en momentos de crisis y como aliados estratégicos cuando el Estado necesitaba inversión.
Durante los 40 años del Pacto de Punto Fijo (1959-1998), el Estado mantuvo una política económica pendular: en épocas de bonanza petrolera, incentivaba el gasto público, sobrevaluaba la moneda y promovía importaciones, afectando la producción nacional; cuando los precios del crudo caían, liberaba la economía y pedía apoyo a los empresarios para sostener la generación de empleo. Este modelo, aunque menos hostil que el posterior chavismo, no permitió un desarrollo sólido del sector privado, pues siempre estuvo subordinado a las decisiones del Ejecutivo. La constante intervención estatal y la falta de estabilidad en las reglas del juego minaron la confianza empresarial, limitando la inversión a largo plazo.
Estatismo con esteroides
Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la relación entre el gobierno y la empresa privada se convirtió en un campo de batalla. A diferencia de los gobiernos anteriores, que mantenían una relación ambigua con el empresariado, el chavismo adoptó un discurso abiertamente hostil. La retórica antiempresarial, fundada en ideologías marxistas, justificó una serie de expropiaciones y confiscaciones de propiedades privadas, afectando sectores estratégicos como la agroindustria, la banca, la construcción y el comercio. Las empresas que no fueron estatizadas se vieron algunas regulaciones estrictas, control de precios y restricciones en el acceso a divisas, lo que limitó su capacidad de operar.
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Bajo este esquema, el empresariado venezolano no solo se convirtió en rehén de los gobiernos de turno, sino que pasó a ser víctima de una política de hostigamiento sistemático. Los empresarios fueron señalados como enemigos del pueblo y acusados de especulación, boicot económico y desestabilización política. En este ambiente de persecución, muchas empresas cerraron sus puertas o se trasladaron a otros países, reduciendo la oferta de empleo y afectando la producción nacional. Sin embargo, la dependencia del Estado en la renta petrolera hizo que el modelo de control absoluto sobre la economía fuera insostenible a largo plazo.
Reversión de la estatización
El colapso de la producción petrolera a partir de 2014 marcó un punto de inflexión. La caída en los ingresos fiscales limitó la capacidad del gobierno para sostener el aparato clientelar, lo que llevó a una flexibilización de facto en ciertas áreas de la economía. Paradójicamente, la misma administración que había demonizado al sector privado se vio obligada a depender de él para sostener la actividad productiva. En un giro inesperado, muchas de las empresas que habían sido estatizadas fueron entregadas a operadores privados bajo la figura de concesiones, reconociendo implícitamente el fracaso del modelo socialista.
En la actualidad, la empresa privada sigue siendo rehén de los gobiernos de turno, pero en un contexto distinto. La necesidad de atraer inversión y generar empleo ha llevado al Ejecutivo a adoptar una postura más pragmática, aunque sin desmontar el aparato regulador que históricamente ha limitado el desarrollo del sector. A pesar de esta apertura parcial, la incertidumbre política y económica sigue siendo el mayor obstáculo para la consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo.
Relación genuina de cooperación
El análisis de Gil Yepes sugiere que la única vía para superar este ciclo de dependencia y control es la construcción de una relación genuina de cooperación entre trabajadores y empresarios. En los países desarrollados, este modelo ha demostrado ser exitoso, pues permite la creación de políticas económicas estables y sostenibles en el tiempo. Sin embargo, en Venezuela, la narrativa de lucha de clases sigue siendo utilizada como herramienta de control político, dificultando la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la confianza mutua.
En este contexto, el desafío del empresariado venezolano no es solo sobrevivir a las restricciones impuestas por el Estado, sino también desmontar la matriz de opinión que lo ha presentado como un actor antagónico dentro del tejido social. Para lograrlo, es necesario fomentar una cultura de productividad y responsabilidad compartida, donde trabajadores y trabajadores comprendan que su bienestar no depende de las dádivas gubernamentales, sino de su capacidad para generar valor y crecimiento económico de manera conjunta.
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El futuro de la empresa privada en Venezuela dependerá de su capacidad para adaptarse a un entorno incierto, pero también de su habilidad para articular un discurso que la reivindique como un actor clave en la reconstrucción del país. Mientras la relación entre el Estado y el sector productivo no se base en reglas claras y estabilidad institucional, la empresa privada seguirá siendo rehén de los gobiernos de turno, atrapada en un ciclo de confrontación que impide su desarrollo y el de la nación en su conjunto.
