En un análisis reciente del Atlantic Council, David Voght y Patricia Ventura argumentan que Estados Unidos debe mantener su política de participación en el negocio petrolero con Venezuela. Según los autores, este enfoque no solo regula de manera efectiva los ingresos que recibe el régimen de Nicolás Maduro, sino que también ayuda a distanciar al país sudamericano de socios geopolíticos como China e Irán, cuya creciente influencia preocupa a Washington.
David Voght y Patricia Ventura, directores de IPD Latinoamérica, un centro de investigación especializado en temas energéticos, publicaron el análisis titulado: “Hay una manera más efectiva de avanzar que la ‘máxima presión’ para Venezuela” en la página web del Atlantic Council, un prestigioso think tank con sede en Washington DC. Este organismo, dedicado a la seguridad internacional y la prosperidad económica global, destaca la necesidad de un enfoque pragmático en la relación entre Estados Unidos y el sector petrolero venezolano, como una alternativa a las sanciones draconianas que marcaron la política anterior.
EE.UU. debe seguir el negocio petrolero con Venezuela
El análisis detalla cómo la política de «máxima presión» aplicada durante la administración de Donald Trump fracasó con su objetivo de debilitar al régimen de Maduro. En 2019, las sanciones tomaron una caída significativa en la producción petrolera de Venezuela, reduciéndose de 1,6 millones de barriles diarios a apenas 430.000 en 2020. Sin embargo, esta estrategia tuvo consecuencias adversas: la economía venezolana colapsó aún más, agravando la crisis humanitaria y propiciando una migración masiva sin que esto resultará en un cambio político significativo. En paralelo, el negocio petrolero con Venezuela se desplazó hacia redes clandestinas, fortaleciendo los lazos comerciales del país con China e Irán.
Los autores subrayan que, durante el período de sanciones más estrictas, Venezuela se convirtió en un socio estratégico para Irán y China. Entre 2021 y 2023, Venezuela importó más de 35 millones de barriles de condensado iraní, esencial para diluir su crudo extrapesado. En ese mismo período, alrededor de 47 millones de barriles de petróleo venezolano fueron adquiridos por comerciantes iraníes, quienes lo enviaron principalmente a China bajo condiciones opacas y con grandes descuentos. Este sistema no solo fortaleció las relaciones entre Caracas, Teherán y Pekín, sino que también permitió al régimen de Maduro eludir las restricciones internacionales.
Bajo el control de la OFAC
En 2022, el gobierno de Joe Biden implementó un cambio de estrategia al otorgar licencias específicas a empresas como Chevron para operar en Venezuela bajo estrictas condiciones. Estas licencias, reguladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permiten a las empresas extranjeras gestionar partes claves del negocio petrolero con Venezuela, incluyendo la comercialización del crudo y la reinversión de ingresos en operaciones locales. Según Voght y Ventura, este enfoque ha tenido resultados positivos, logrando desviar parte de las exportaciones venezolanas de China hacia Estados Unidos, Europa e India, reduciendo a su vez la dependencia del régimen de socios como Irán.
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La política de licencias también ofrece un nivel de transparencia y control sobre los ingresos generados. Las empresas que operan bajo estas condiciones deben reinvertir hasta el 30% del valor de cada cargamento en el mantenimiento de las operaciones, canalizando los fondos a través de empresas estrictamente supervisadas. Además, los pagos al régimen de Maduro están limitados y regulados, impidiendo que los ingresos se utilicen de manera discrecional para financiar actividades cuestionables. Los economistas citados en el análisis coinciden en que esta estrategia ha ayudado a estabilizar el tipo de cambio en Venezuela y controlar la inflación, beneficiando indirectamente a la población en general.
El error de la “máxima presión”
El análisis también resalta que la política de «máxima presión» no solo empoderó al régimen para buscar alternativas en mercados no occidentales, sino que dejó a Estados Unidos y sus aliados con menos herramientas para influir en la situación política de Venezuela. En contraste, el actual sistema de licencias específicas otorga a Washington una mayor capacidad de supervisión y un canal de negociación que puede ser clave en el futuro. Voght y Ventura señalan que, si se revierte esta política y se restablecen sanciones más amplias, el régimen de Maduro podría recuperar pleno control sobre los ingresos petroleros, fortaleciendo aún más sus lazos con China e Irán.
A pesar de las críticas que ha recibido este enfoque por parte de algunos sectores, el Atlantic Council argumenta que mantener el negocio petrolero con Venezuela bajo un sistema regulado es una medida pragmática que beneficia tanto a Estados Unidos como a los venezolanos. Según Voght y Ventura, la producción petrolera venezolana representa apenas el 1% de la producción mundial, pero su proximidad geográfica lo convierte en un estratégico para la seguridad energética transatlántica. Además, eliminar la participación de empresas occidentales en la industria petrolera venezolana solo aumentará los riesgos de que el régimen busque alianzas más profundas con actores no alineados con los intereses de Washington.
Trazar una línea intermedia
El futuro de la relación entre Estados Unidos y Venezuela sigue siendo incierto, pero los autores del análisis enfatizan que un enfoque basado en licencias específicas ofrece una línea intermedia entre la presión máxima y el aislamiento total. Este modelo no solo permite cierta estabilidad económica en Venezuela, sino que también sirve como una herramienta diplomática para moderar el comportamiento del régimen de Maduro y evitar que el país se convierta en un peón geopolítico de China o Irán. Aunque la política actual no es una solución perfecta, los autores concluyen que es, de lejos, una alternativa más efectiva y viable que las sanciones indiscriminadas.
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En un mundo cada vez más interconectado, las decisiones sobre política energética tienen repercusiones que van más allá de las fronteras nacionales. Para Estados Unidos, mantener el negocio petrolero con Venezuela no solo es una cuestión de seguridad energética, sino también un esfuerzo por contener la influencia de actores rivales en su esfera de influencia tradicional.
