El Salvador se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. En una clara muestra de autoridad y con una determinación férrea, el presidente Nayib Bukele ha movilizado a cerca de 4.000 agentes, entre militares y policías, para cercar tres colonias estratégicas de San Salvador en un intento de desmantelar a las infames pandillas que han plagado el país durante años.
En la línea de fuego se encuentran las ciudades de Apopa y Soyapango, conocidas por ser bastiones de dos de las pandillas más violentas y temidas: Mara Salvatrucha y Barrio 18. Ambas ciudades, situadas en las afueras de San Salvador, la capital del país, han sido históricamente desafiantes en términos de seguridad. La misión de estas fuerzas de seguridad es clara: capturar y encarcelar a tantos pandilleros como sea posible.
Nayib Bukele
Según datos estadísticos recientes, estas pandillas son responsables de una considerable parte de la criminalidad en El Salvador. Organismos especializados como la Organización de Estados Americanos (OEA) han indicado que estas pandillas, con miles de miembros activos, han incrementado sus actividades ilícitas en más del 20% en los últimos cinco años. Sin embargo, la política de Nayib Bukele de combate a la delincuencia organizada, ha colocado a miles de Maras tras las rejas y a 2023 la sensación de seguridad se vive en gran parte de El Salvador.
Bukele, quien asumió el cargo en 2019, ha hecho del combate a las pandillas una de las piedras angulares de su administración. El Plan Control Territorial, que se inició ese mismo año, busca erradicar la influencia de las pandillas y establecer un control estatal firme en áreas previamente dominadas por estas bandas. La fase «Extracción», a la que pertenece esta operación, es un testimonio del compromiso del presidente de limpiar el país de esta amenaza.
Sin bajar la guardia
Sin embargo, no todos ven estas acciones con buenos ojos. Historiadores y expertos en la materia han expresado preocupaciones. «Es cierto que las pandillas son un problema grave», dice la Dra. Lourdes Montenegro, historiadora y profesora de la Universidad de El Salvador. «Pero también es cierto que las medidas extremas pueden llevar a consecuencias no deseadas. El Salvador tiene una historia de abusos de poder y violencia estatal. Hay que actuar con precaución».
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Por otro lado, políticos de la oposición ven en estas acciones un intento de consolidar poder y desviar la atención de otros problemas críticos que enfrenta el país. «Es una maniobra distractora», opina Roberto Gómez, líder del partido de oposición. «Mientras todos miran a Apopa y Soyapango, Nayib Bukele sigue tomando decisiones que benefician a su círculo cercano y debilitan nuestras instituciones democráticas».
Beneficios para la población
No obstante, el ministro de Defensa, René Francis Merino, destaca que estas operaciones son una respuesta directa a las demandas de la población. Según él, los habitantes de estas zonas han solicitado la intervención del estado para liberarse del yugo pandillero.
El Salvador, que renovó un régimen de excepción hace casi un mes por treinta días, se encuentra en un momento decisivo. Con Nayib Bukele al mando, el país enfrenta un desafío monumental en su intento de liberarse de las cadenas del crimen organizado y la violencia pandillera.
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Tras todos os terroristas
El presidente es tajante en su postura. «No vamos a detenernos hasta capturar al último terrorista (pandillero) que quede», afirma. Si bien las operaciones en Apopa y Soyapango son solo una pequeña parte del esfuerzo general, la determinación del gobierno es evidente.
Solo el tiempo dirá si estas medidas extremas llevan a un El Salvador más seguro y estable o si, por el contrario, desencadenan una serie de consecuencias imprevistas que podrían poner en riesgo la ya frágil estabilidad del país. Lo que es indudable es que Nayib Bukele ha trazado una línea en la arena, y El Salvador, junto con el resto del mundo, observa atentamente.
