Bukele ha vuelto a colocarse en el epicentro de una controversia hemisférica al ser acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de ser cómplice de un “secuestro internacional”, tras la detención de 252 venezolanos en El Salvador, deportados desde Estados Unidos en una operación que el presidente salvadoreño ha calificado como un esfuerzo de cooperación regional para enfrentar el crimen transnacional. La polémica escaló con rapidez cuando el mandatario propuso públicamente un canje humanitario: liberar a los venezolanos repatriados desde EE.UU. a cambio de la excarcelación de presos políticos retenidos por el régimen venezolano. La respuesta de Caracas fue furibunda: el fiscal Tarek William Saab exigió la liberación inmediata de los detenidos, mientras el propio Maduro acusó a Bukele de secuestrador en complicidad con Washington.
La información fue reportada originalmente por Annie Correal y Julie Turkewitz para The New York Times bajo el título “Bukele propone a Maduro liberar a los venezolanos deportados”. Correal cubre temas de Estados Unidos y América Latina y comenzará su trabajo desde Ciudad de México en 2025. Turkewitz, por su parte, es la jefa de la oficina andina del mismo diario, con sede en Bogotá, y se especializa en temas migratorios y derechos humanos en países como Venezuela, Perú y Colombia. Ambos periodistas han documentado con rigor el aumento de las tensiones diplomáticas entre San Salvador y Caracas, alimentado por una coyuntura geopolítica volátil y marcada por flujos migratorios récord en el hemisferio.
¿Bukele esconde algo?
En la publicación que encendió la mecha diplomática, Bukele lanzó una propuesta a través de su cuenta oficial en la red X: liberar a los 252 venezolanos detenidos en su país como parte de un canje directo con el gobierno de Maduro, quien, en contraparte, debería excarcelar al mismo número de presos políticos. En el mismo mensaje, el presidente salvadoreño fue más allá: exigió la liberación de casi 50 ciudadanos de otras nacionalidades, incluidos estadounidenses, también encarcelados en Venezuela. Esta maniobra fue interpretada por analistas internacionales como una jugada arriesgada para asumir un protagonismo regional en la lucha por los derechos humanos, aun a costa de dinamitar la frágil relación con Caracas.
La reacción del gobierno de Maduro no se hizo esperar. Además de tachar la propuesta como injerencista, su vocero judicial, Tarek William Saab, calificó de «inadmisible» la detención de venezolanos en El Salvador, a quienes definió como «víctimas de un proceso irregular, sin garantías legales ni acceso a representación consular». Saab exigió que se publicara una lista detallada de los detenidos, junto con una “Fe de vida” y su estado de salud. En su alocución, evitó referirse directamente a la propuesta de Bukele, pero dejó claro que el gobierno venezolano considera la detención como una acción hostil coordinada con Estados Unidos para debilitar su soberanía.
Un convenio de por medio
Bukele, sin embargo, no retrocedió. Reiteró que los detenidos fueron enviados por Washington como parte de un convenio firmado para frenar la expansión de bandas criminales como el Tren de Aragua y MS-13, que operan una escalada continental. «No tenemos presos políticos», escribió en su cuenta. «Los venezolanos bajo custodia fueron capturados en operativos internacionales contra estructuras del crimen organizado». Su gobierno insiste en que se trata de delincuentes con vínculos comprobados con organizaciones criminales, aunque medios independientes y organizaciones de derechos humanos han revelado que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales.
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En paralelo, el grupo venezolano Foro Penal ha documentado que, hasta marzo pasado, al menos 68 ciudadanos con pasaportes extranjeros permanecían detenidos sin sentencia firme en cárceles venezolanas, junto a unos 900 presos políticos nacionales. La mayoría enfrenta cargos ambiguos como traición a la patria, instigación al odio o conspiración, sin que se hayan presentado pruebas fehacientes. Expertos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado reiteradamente este patrón de arrestos arbitrarios, calificándolo como una forma sistemática de persecución política.
Narrativas de ilegitimidades
El canje propuesto por Bukele, que equipara a detenidos sin cargos penales en El Salvador con los encarcelados por razones políticas en Venezuela, ha abierto un debate jurídico complejo. «Desde una perspectiva de derecho internacional, la figura del canje entre presos sin condena y presos políticos es profundamente cuestionable», afirma la jurista nicaragüense Bianca Jagger, defensora de derechos humanos. «Aunque la intención aparente sea humanitaria, el resultado podría validar prácticas autoritarias en ambos países».
Bukele también ha sido objeto de críticas internas por el manejo opaco de los detenidos. Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2023 indica que su administración ha incurrido en detenciones arbitrarias de líderes opositores y miembros del partido gobernante sin debido proceso. Aunque su narrativa insiste en la guerra sin cuartel contra las pandillas, expertos en justicia transicional advierten que El Salvador ha desdibujado las fronteras entre seguridad nacional y represión política. «Bukele ha construido una narrativa eficaz para controlar la opinión pública», señala el politólogo colombiano Ariel Ávila. «Pero eso no le da carta blanca para asumir funciones de mediador humanitario con un país que tiene las cárceles llenas de disidentes».
Ingenuidad en el exilio
En contraste, sectores del exilio venezolano han visto con buenos ojos la propuesta de canje. «Si esto permite que salgan en libertad presos políticos que llevan años detenidos, hay que explorar esa vía», afirma Tamara Suju, directora del Instituto CASLA, con sede en Praga. «El régimen de Maduro solo cede ante la presión internacional, y si Bukele quiere asumir ese rol, bienvenido sea». No obstante, organizaciones como Human Rights Watch se muestran más escépticas. En declaraciones a medios internacionales, el investigador Juan Pappier advirtió que una operación como esta puede sentar un precedente peligroso: “Estamos legitimando la detención como moneda de cambio”.
El trasfondo migratorio tampoco puede ser ignorado. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., más de 400.000 venezolanos cruzaron la frontera sur en 2023, un incremento del 35% respecto al año anterior. Muchos de ellos pasaron por la selva del Darién, en un trayecto que Julie Turkewitz y el fotógrafo Federico Ríos han documentado desde el terreno. Las políticas de deportación se han intensificado bajo presión bipartidista en Washington, y Bukele ha ofrecido su país como destino para los repatriados considerados de alto riesgo, un cambio de incentivos financieros. Esta situación ha convertido a El Salvador en un actor inesperado en el ajedrez diplomático entre Caracas y Washington.
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Un presidente de RRSS
Bukele, sin embargo, no solo juega a la geopolítica. Su discurso también busca reforzar su imagen interna como líder fuerte, defensor de la ley y del orden. En un contexto electoral donde su popularidad ha roto récords regionales, sus movimientos en política exterior son también mensajes internos. “Dios bendiga al pueblo de Venezuela”, concluyó su mensaje en X, cerrando con una frase que parecía dirigida tanto a su audiencia regional como a su electorado local. En la era de las redes sociales, cada tuit tiene más de una lectura y más de una intención.
Mientras tanto, la incertidumbre permanece. Caracas exige una rectificación. Observación de Washington. Los detenidos, por ahora, siguen tras las rejas. Y Bukele, el presidente que ha hecho del orden un espectáculo, se mueve en la cuerda floja entre el humanitarismo y la diplomacia dura. ¿Será este el inicio de una nueva política de canjes regionales, o un episodio más en la guerra de narrativas entre populismos rivales? La respuesta podría escribirse en los próximos 252 nombres.
