La producción de hoja de coca en Colombia ha alcanzado niveles históricos. Según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 el país registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, una cifra que representa un incremento sostenido desde 2021. Mientras el Gobierno se prepara para la Cumbre Mundial de Biodiversidad COP16, este nuevo informe revela una realidad que no se puede ignorar: la producción de cocaína ha aumentado un 53% en comparación con el año anterior, creando una contradicción evidente entre los esfuerzos por la conservación ambiental y el crecimiento de una economía ilícita que domina en varias regiones.
El material original que exponen estas cifras fue publicado por la periodista Valentina Parada Lugo en el portal de EL PAÍS, bajo el título: «Colombia bate su récord de cultivos de coca por tercer año consecutivo, con 253.000 hectáreas en 2023″. Parada Lugo, quien es periodista de EL PAÍS en Colombia y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, trabajó anteriormente en El Espectador, donde cubrió temas de paz y política. Su credibilidad se ve respaldada por dos premios Simón Bolívar, uno en 2019 y otro en 2022, que reconocen su compromiso con la investigación y el periodismo de profundidad.
Producción de hoja de coca
La producción de hoja de coca en Colombia, que ha crecido en 16 de los 19 departamentos donde se registra actividad cocalera, ha traído consigo una serie de implicaciones complejas para el país. En las regiones del Pacífico, como Cauca y Chocó, los cultivos de coca se han expandido considerablemente, y según el informe de la UNODC, estas áreas concentran el 40% de los lotes nuevos. La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, y el departamento del Putumayo son otros puntos neurálgicos donde los cultivos se han incrementado, consolidando zonas de influencia para grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las FARC y el ELN, que continúan beneficiándose de las rentas del narcotráfico.
El informe de la UNODC también destaca que la capacidad de producción de cocaína pura en Colombia ha llegado a 2.664 toneladas, una cifra que podría alimentar el mercado global con una cantidad sin precedentes de droga. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para incautar 746 toneladas en 2022, una cifra que representa el 28% de la producción estimada, la magnitud del problema continúa desbordando las capacidades del Estado. En este escenario, la producción de hoja de coca no solo representa un desafío de seguridad, sino también un problema económico y social para las comunidades rurales que dependen de este cultivo como su principal medio de subsistencia.
Inefectivas y erráticas
Mientras tanto, el Gobierno colombiano se enfrenta a una serie de dilemas internos. Las políticas de erradicación forzosa han demostrado ser insuficientes, y en algunos casos contraproducentes, pues el aumento de la violencia en zonas cocaleras coincide con la expansión de los cultivos. En departamentos como Cauca y Nariño, los conflictos por el control de las rutas del narcotráfico han generado un incremento en los homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra líderes sociales. Según la UNODC, la nueva geografía de la coca en Colombia está directamente relacionada con un aumento en la violencia y la presencia de actores armados que, en muchos casos, cuentan con alianzas internacionales para el tráfico de la droga.
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En este contexto, la producción de hoja de coca se ha convertido en un indicador claro de los problemas estructurales que enfrenta Colombia. Las comunidades que cultivan la coca a menudo se encuentran en áreas marginadas, donde el Estado tiene poca presencia y donde las opciones de desarrollo económico son limitadas. El informe destaca que, en regiones como el río Guayabero, la pasta base de cocaína se ha convertido en una moneda de intercambio comercial, lo que refleja el nivel de dependencia que estas comunidades tienen respecto al cultivo ilícito.
Ley de oferta y demanda
El crecimiento sostenido de cocaleras ha generado una paradoja en el mercado de la cocaína. Aunque la producción de la hoja de coca ha aumentado, los precios de esta materia prima han caído drásticamente desde 2021, lo que ha llevado a algunas regiones a experimentar lo que se conoce como la «crisis del hambre», donde los productores no encuentran compradores para su cosecha. Esta situación ha provocado que algunas zonas, como el Pacífico colombiano, intenten erradicar la coca para dedicarse a cultivos legales que les permitan sobrevivir. No obstante, el informe de la UNODC señala que la gran mayoría de los cultivos de coca continúan siendo cosechados, a pesar de la crisis en el mercado.
En el departamento de Nariño, el foco de los cultivos de coca se ha intensificado, y actualmente concentra más áreas sembradas que otros 15 departamentos juntos, incluyendo Antioquia y Valle del Cauca. Según la representante regional de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, Nariño sigue siendo el epicentro de la producción de coca en Colombia, lo que ha generado una serie de tensiones sociales y políticas en la región. La productividad de los cultivos también ha aumentado: una hectárea de coca hoy produce el doble de cocaína que hace dos décadas, lo que refleja la sofisticación de las técnicas de cultivo y procesamiento de la droga.
Oro ilegal y la sincronicidad
El informe de la UNODC no solo resalta el crecimiento de los cultivos ilícitos, sino también la consolidación de nuevas economías ilegales, como la minería de oro de aluvión, que ha crecido de manera paralela en departamentos como Cauca. En algunas zonas, las actividades mineras y cocaleras están profundamente entrelazadas, y ambas operan bajo el control de grupos armados ilegales que imponen su ley sobre las comunidades locales. Este fenómeno ha agravado la situación de los pueblos indígenas y afrocolombianos, que sufren las peores consecuencias del conflicto armado y la expansión de las economías ilícitas.
La producción de hoja de coca en Colombia es, sin duda, un tema de dimensiones internacionales. Mientras el Gobierno se esfuerza por proyectar una imagen de compromiso con la conservación del medio ambiente en foros como la COP16, la realidad sobre el terreno es que el país sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. La sincronicidad en la aparición de estos informes, justo cuando se celebran eventos de relevancia global, subraya la complejidad de los desafíos que enfrenta Colombia: un país que lucha por equilibrar su agenda de desarrollo con la presión de un mercado ilegal que continúa creciendo sin freno.
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Con cada nuevo informe, la producción de hoja de coca en Colombia se consolida como un problema no solo de seguridad, sino también de justicia social y de política exterior. Mientras los ojos del mundo se posan sobre Colombia para hablar de biodiversidad y conservación, la sombra del narcotráfico sigue siendo una amenaza latente que define gran parte de la realidad nacional.
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