No es un asunto de semítica el intentar a través de la extinción de dominio hacerse de tierras particulares sin el debido proceso. Siempre se temió que el nuevo Gobierno llegaría con un agresivo programa de expropiaciones debajo del brazo. Los rumores hacían recordar los ecos del famoso “¡Exprópiese!” del presidente venezolano Hugo Chávez. Aunque en Colombia siempre se negó tal eventualidad, los hechos de 2023 parecen darles la razón a los detractores. Un proyecto de decreto publicado en la página web del Ministerio de Agricultura busca «dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley 2294 de 2023”, el cual regula las expropiaciones de predios rurales sin intervención judicial y sin indemnización.
El decreto no habla explícitamente de «expropiación«. En su lugar, utiliza el término «extinción de dominio«, que la Agencia Nacional de Tierras podría ejercer por decisión administrativa, sin ofrecer a los propietarios una indemnización justa y apropiada. En términos prácticos, con un acto administrativo, la propiedad podría pasar a ser del Estado.
Extinción de dominio y más
El Gobierno justifica esta medida en casos en que los predios no cumplan una «función social o ecológica», lo cual se aplicaría si un terreno ha permanecido inexplotado durante tres años, si se violan normas medioambientales o si se incumplen las directrices sobre Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. Estas definiciones son lo suficientemente amplias como para abarcar una gran variedad de escenarios.
También puedes leer: Discriminación étnica y de género: Mal pronunciadamente crónico en Hispanoamérica
Dicha aproximación ha generado preocupación en organismos especializados como la Federación Nacional de Agricultores (FNA), que en su último informe sostiene que la extinción de dominio podría “generar un clima de incertidumbre y afectar la inversión en el sector agrícola”. De igual manera, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado inquietud respecto a la ambigüedad de los términos, señalando que podrían propiciar violaciones a los derechos de propiedad.
Un pugilato de siglos
Históricamente, Colombia ha experimentado tensiones en la distribución de tierras, un tema muy sensible que involucra actores múltiples, desde campesinos hasta grandes terratenientes. Carlos Salamanca, profesor de historia de la Universidad Nacional de Colombia, sostiene que “este nuevo enfoque podría avivar tensiones sociales que el país ha tratado de mitigar durante décadas.”
En el ámbito político, los críticos consideran que la extinción de dominio se acerca peligrosamente a modelos políticos y económicos que han causado estragos en otros países latinoamericanos. “Esto no solo es un ataque a la propiedad privada, sino que también compromete la seguridad jurídica en el país”, apunta la senadora María Fernanda Cabal.
En contraposición, la Agencia Nacional de Tierras argumenta que esta medida busca optimizar el uso del suelo y contribuir a metas de sostenibilidad, en línea con compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
También puedes leer: Moros, sudacas y guiris: Así recibe España a los inmigrantes
El propietario debe probar
El proyecto de decreto que involucra la extinción de dominio, propone un sistema donde la carga de la prueba recae en el propietario, es decir, es el ciudadano quien debe probar que su predio cumple con las funciones sociales y ecológicas requeridas, añadiendo una capa de complejidad al ya intrincado sistema legal colombiano.
En este escenario incierto, el papel de la Corte Constitucional se vislumbra como crucial. Según juristas, el tribunal podría eventualmente encontrar que el decreto va en contra de la Carta Magna, lo que arrojaría el proyecto a aguas legales aún más turbulentas.
La medida es polémica y su futuro, incierto. Lo que sí está claro es que despierta preguntas fundamentales sobre el papel del Estado, la propiedad privada y la dirección que Colombia está tomando en una época llena de desafíos.
