Desde el Catatumbo la “paz total” de Gustavo Petro no se deja ver

En el Catatumbo, la promesa de «paz total» del presidente Gustavo Petro parece desvanecerse bajo el peso de una crisis humanitaria sin precedentes. Este territorio, conocido por sus montañas y ríos que cruzan la frontera con Venezuela, se ha convertido en el epicentro de un éxodo masivo que ha sacudido a Colombia. En tan solo una semana, 40.000 personas han abandonado sus hogares, huyendo del fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. A pesar de las intenciones declaradas del gobierno de alcanzar una paz duradera, las escenas de desplazamiento, asesinatos y cuerpos abandonados en las calles ilustran una realidad que está muy lejos de los ideales proclamados.

Lucas Reynoso, periodista de EL PAÍS, documentó en un artículo titulado: “Los 40.000 desplazados del Catatumbo marcan un quiebre en la larga historia del desplazamiento forzado en Colombia” cómo esta crisis se erige como un punto de inflexión en el conflicto colombiano. Reynoso señala que el desplazamiento forzado masivo en el Catatumbo representa el evento más grande de este tipo desde que se llevan registros institucionales en el país, superando por amplio margen los desplazamientos históricos en regiones como Montes de María o El Charco. Sus credenciales y el análisis publicado ofrecen un marco para entender la magnitud del problema que enfrenta la región y, por extensión, el gobierno de Petro.

Desplazados en el Catatumbo

A primera vista, la situación en el Catatumbo no es nueva: esta región ha sido históricamente un enclave estratégico para el narcotráfico y las economías ilícitas. Sin embargo, la reciente escalada de violencia muestra dinámicas inéditas que agravan el panorama. Según cifras oficiales, casi la mitad de los desplazados ha buscado refugio en Cúcuta, la capital departamental, mientras que otros permanecen confinados en condiciones de extrema precariedad. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que esta crisis podría ser la más grave registrada en las últimas tres décadas, superando cualquier otro evento de migración forzada en Colombia. Pero más allá de los números, la tragedia humana es palpable en las historias de familias que han dejado atrás sus hogares, cosechas y seres queridos.

El presidente Petro, que afirmó el poder con la bandera de la paz, ha reconocido públicamente que lo ocurrido en el Catatumbo representa “un fracaso de la nación”. En un mensaje publicado en X, calificó el evento como uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea del país, comparándolo con los episodios de La Violencia entre 1946 y 1966. Sin embargo, este reconocimiento no ha frenado las críticas hacia su gobierno. La decisión de declarar la conmoción interior, una medida de excepción que no se aplicaba desde 2008, ha sido interpretada por algunos sectores como un intento desesperado de recuperar el control en una región que parece estar en manos de los grupos armados.

Más de un cuarto de siglo de violencia

El Catatumbo, que alguna vez fue un símbolo de resistencia campesina, ahora se encuentra atrapado en un ciclo de violencia que parece no tener fin. En los años 2000, cuando el conflicto armado alcanzaba su punto álgido, esta región ya sufría los estragos de los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Hoy, sin embargo, la situación es aún más compleja. Según el sociólogo Andrés Suárez, especializado en el conflicto armado colombiano, el desplazamiento masivo en el Catatumbo no solo se distingue por su escalada, sino también por su velocidad. “Estamos viendo un vaciamiento poblacional acelerado que recuerda a los peores momentos de la historia reciente, pero con características propias de este nuevo contexto”, afirmó Suárez en una entrevista.

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Los testimonios de los desplazados que han llegado a Cúcuta son un recordatorio de la crueldad que define el conflicto en el Catatumbo. Mujeres, niños y ancianos relatan historias de reclutamiento forzado, asesinatos selectivos y amenazas constantes por parte del ELN, que ha intensificado sus operaciones en la región. Aunque el grupo guerrillero alguna vez reivindicó ideales políticos, su actual accionar refleja un giro hacia dinámicas propias del crimen organizado, según lo señaló el propio Petro. “El ELN ya no es lo que era. Hoy en día, su accionar se asemeja al de los paramilitares que tanto daño hicieron al país en décadas pasadas”, declaró el mandatario.

Debilidades del Estado colombiano

Mientras tanto, las autoridades enfrentan el desafío de gestionar una crisis que desborda las capacidades locales y exponen las debilidades estructurales del Estado colombiano. La magistrada Natalia Ángel, de la Corte Constitucional, destacó que el desplazamiento masivo en el Catatumbo es un reflejo de un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. Según cifras recientes, entre 2020 y 2022, entre el 20% y el 25% de los desplazados en Colombia lo hicieron de manera masiva, un cambio notable respecto a décadas anteriores. La magistrada también advirtió sobre el creciente número de confinamientos forzados, que agravan aún más la crisis humanitaria en regiones como el Catatumbo.

El éxodo masivo no solo tiene implicaciones humanitarias, sino también políticas y económicas. El control territorial que disputan el ELN y las disidencias de las FARC en esta región está estrechamente vinculado a la producción de coca, que sigue siendo la base económica de gran parte del Catatumbo. Según informes, más de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos están en juego, lo que explica en parte la ferocidad de los enfrentamientos. Para los grupos armados, mantener el control de este territorio no es solo una cuestión de poder, sino de supervivencia económica.

Desconfianza en todo orden

En este contexto, la promesa de una “paz total” parece cada vez más lejana. Los diálogos con el ELN, que alguna vez se vislumbraron como una posibilidad real, están suspendidos indefinidamente, y la desconfianza hacia el gobierno de Petro crece tanto a nivel nacional como internacional. Para las comunidades del Catatumbo, la paz no es una abstracción ni un concepto político; es una necesidad urgente que se traduce en seguridad, acceso a servicios básicos y la posibilidad de regresar a sus hogares. Por ahora, esa paz sigue siendo una promesa incumplida.

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En el Catatumbo, las huellas de la violencia son visibles en cada rincón: escuelas vacías, campos abandonados y familias divididas por la guerra. Las imágenes de niños durmiendo en calles de Cúcuta, mientras sus padres buscan desesperadamente un refugio, son un testimonio de la fragilidad del sueño de paz en Colombia. En medio de esta tragedia, el gobierno enfrenta una encrucijada: tomar decisivas para enfrentar la crisis o arriesgarse a que el Catatumbo se convierta en medidas en un símbolo del fracaso de sus políticas. Para las millas de personas que hoy huyen de la violencia, el tiempo se agota, y la «paz total» no se deja ver.