Víctimas en México han alzado la voz para anunciar sobre lo que consideran una amenaza a la independencia del Poder Judicial: la creciente influencia de la iglesia evangélica La Luz del Mundo. Esta organización, cuyo líder Naasón Joaquín García cumple una condena por abuso sexual infantil en Estados Unidos, ha colocado a cuatro de sus allegados en la lista de aspirantes a jueces para la elección del próximo 1 de junio. Para los sobrevivientes de abusos cometidos en el seno de esta congregación, permitir esa injerencia equivaldría a institucionalizar el miedo, el silencio y la impunidad que han combatido durante años.
El reportaje original que reveló estos hechos fue escrito por Zedryk Raziel, reportero de EL PAÍS México, especialista en cobertura de temas políticos y de corrupción. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y coautor del libro El caso Viuda Negra (Grijalbo, 2022), Raziel tituló su pieza: “La Luz del Mundo busca extender sus brazos al Poder Judicial: los vínculos de cuatro candidatos a juez con Naasón Joaquín”. Publicado en el portal del diario español EL PAÍS, el trabajo documenta cómo la iglesia, ya activa en la política mexicana a través de figuras vinculadas a Morena, intenta ahora influir en la impartición de justicia.
Víctimas en México frenan a los evangélicos
Los nombres que aparecen en la boleta judicial tienen historias profundamente entrelazadas con la estructura jerárquica y doctrinaria de La Luz del Mundo. Uno de los casos más emblemáticos es el de Job Daniel Wong, exministro de culto y aspirante a magistrado federal en materia laboral. Wong ha sido señalado por su intensa actividad religiosa, documentada en redes sociales y en su participación en congresos internacionales sobre evangelización. Aunque niega haber ocupado un cargo directivo, las pruebas aportadas por las víctimas —como su ponencia en 2021 sobre “estrategias de evangelización”— ponen en duda su neutralidad frente al mandato constitucional que impide a líderes religiosos ejercer cargos públicos.
Víctimas en México, muchas de ellas agrupadas bajo la organización Defensorxs, han impugnado formalmente las candidaturas de estos personajes. Alegan que ninguno de los aspirantes cumple con el criterio de buena reputación exigido en la reforma judicial. Además, denuncian que se trata de una estrategia sistemática de infiltración que pone en riesgo el carácter laico del Estado. En voz de Sochil Martin, una de las denunciantes más visibles de Naasón Joaquín, “lo que hace esta organización es buscar espacios de poder para silenciar y ocultar sus crímenes”. Para Martin, permitir el ascenso de estas figuras sería una bofetada para todas las mujeres que padecieron abusos dentro de esa institución.
Acusa a la hija del obispo
Otro de los perfiles polémicos es el de Madián Sinaí Menchaca Sierra, abogada de 30 años e hija del obispo Nicolás Menchaca, actual líder de la iglesia tras la caída de Joaquín. A pesar de su juventud, Menchaca ya arrastra un antecedente: fue detenida por lesiones culposas tras un accidente vehicular en Jalisco. Al momento de su arresto se desempeñaba como asesora legislativa en el Congreso local. La relación familiar con una de las figuras clave en la red de trata y corrupción que se investiga dentro de la congregación ha encendido las alarmas entre activistas y defensores de derechos humanos.
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Víctimas en México argumentan que la cercanía de estos aspirantes con la cúpula de la iglesia representa un conflicto de interés evidente, que podría derivar en una captura institucional del sistema judicial. Recuerdan que Nicolás Menchaca fue denunciado por intentar sobornar a Sochil Martín para evitar que testificara contra Naasón Joaquín. Además, según reportes de Univisión, el obispo ha sido accionista en negocios inmobiliarios ligados al blanqueo de dinero dentro del emporio fundado por Samuel Joaquín, padre del actual líder condenado. La acumulación de poder, recursos y contactos políticos de esta organización ha hecho que el movimiento de las víctimas sea también un acto de resistencia ante el sistema.
MORENA sale sapicada
Entre los aspirantes también figura Cinthia Teniente Mendoza, presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, y esposa del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona. Su inclusión en la boleta judicial ha sido cuestionada no solo por su proximidad con el poder político, sino también por las imágenes que la muestran celebrando junto a su esposo bajo el retrato de Naasón Joaquín, en una escena que recuerda más a un culto que a una reunión familiar. Reyes Carmona, suplente en el Senado de Marcelo Ebrard, ha negado su vínculo con la iglesia, pero los rastros digitales de su devoción hacia el líder religioso siguen disponibles en plataformas públicas.
Víctimas en México se preguntan cómo es posible que el Estado permita la postulación de personas que no han deslindado públicamente su lealtad con una figura condenada por delitos tan graves. Más aún, consideran que el Poder Judicial, que debería ser garantía de justicia y verdad, corre el riesgo de convertirse en un refugio para quienes buscan impunidad. “Me preocupan las personas que, después de tanto miedo y de tanta valentía para denunciar, ahora temen por sus vidas”, expresó Martín en entrevista con EL PAÍS.
Demasiado amiga de Naasón Joaquín
El caso de Betzabeth Almazán Morales, aspirante a jueza en materia civil, ha generado especial indignación. En columnas de opinión, Almazán ha descalificado la condena de Naasón Joaquín, afirmando que fue víctima de arbitrariedades y tratado de forma “denigrante” por el sistema judicial estadounidense. Pero más grave aún es su actitud hacia las denunciantes, a quienes llaman “víctimas”, entre comillas, y de quienes sugiere que “nadie conoce”. Esa postura, según activistas, es un intento por desacreditar el testimonio de quienes han arriesgado todo por exponer la verdad.
Las víctimas en México no solo buscan justicia por los crímenes cometidos, sino también impedir que se perpetúe un sistema de complicidad institucional. La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones contra la cúpula de La Luz del Mundo por trata de personas y blanqueo de capitales, pero los movimientos dentro del proceso de elección judicial indican que la influencia de la congregación va más allá de lo espiritual. Las víctimas temen que, con jueces afines a la organización, cualquier avance judicial pueda ser desmantelado desde adentro.
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Un intento de infiltración
El proceso de elección judicial de este año ha sido presentado como un ejercicio democrático inédito en México. Sin embargo, para quienes han sufrido directamente los abusos de poder disfrazados de fe, ese mismo proceso podría ser el mecanismo por el cual sus agresores ganen legitimidad. La paradoja no es menor: elegir jueces con pasado confesional en una democracia laica pone en entredicho no solo la calidad del sistema judicial, sino la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de poderes fácticos disfrazados de religiosidad.
Víctimas en México han recorrido un camino largo, arduo y lleno de amenazas. Muchas han debido exiliarse, otras viven con medidas de protección y todas han enfrentado campañas de desprestigio y revictimización. Su lucha, sin embargo, ha permitido que se visibilicen prácticas de abuso sistemático y estructuras de encubrimiento que antes eran intocables. Hoy, su voz se alza nuevamente para advertir sobre los riesgos de permitir que una iglesia, señalada de operar como una organización criminal, infiltre la justicia.
Para Sochil Martin y otros sobrevivientes, frenar esta avanzada no es un acto de venganza, sino una necesidad ética para proteger a futuras generaciones. El silencio ya no es opción. El Poder Judicial no puede ser un nuevo púlpito para quienes profesan obediencia ciega a un hombre condenado por violar a menores. La justicia, dicen, debe mirar de frente a la verdad, aunque esta arda como un rayo de luz que desgarra las tinieblas.
