En un mundo donde la geopolítica y la política ambiental se entrelazan cada vez más, Estados Unidos ha tomado una posición audaz al instar a las Naciones Unidas a reevaluar el estatus de China como un país en desarrollo. Esta movida, lejos de ser un simple ajuste burocrático, tiene profundas implicaciones para el equilibrio global del poder, la economía mundial y la lucha contra el cambio climático. En el corazón de esta controversia se encuentra la paradoja de que China, a pesar de ser la segunda economía más grande del mundo y el mayor exportador, sigue disfrutando de ciertas ventajas en foros internacionales debido a su clasificación como nación en desarrollo. Esta situación ha levantado críticas y llamados a la acción, argumentando que otorga a Beijing una ventaja competitiva injusta en el escenario mundial.
El presente reportaje ha sido elaborado a partir de un material elaborado por Ben Lieberman, investigador principal del Competitive Enterprise Institute de Washington, DC, y autor del influyente artículo «Forcing the UN’s Hand on China». Publicado en The Hill bajo el título «La forma correcta de neutralizar la injusta ventaja económica de China en materia climática», el trabajo de Lieberman aborda con precisión las complejidades de este dilema geopolítico y ambiental. A través de un análisis detallado, expone cómo las políticas climáticas actuales, en particular aquellas enmarcadas por tratados de las Naciones Unidas como el Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), han otorgado inadvertidamente a China una ventaja que ya no se justifica.
China es el Gigante Asiático
China se ha convertido en un actor global dominante, con una economía que rivaliza con la de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, su clasificación como nación en desarrollo en acuerdos importantes, como el Protocolo de Montreal y la CMNUCC, le ha permitido recibir un trato más indulgente en comparación con las naciones desarrolladas, incluido Estados Unidos. Esto incluye extensiones de tiempo para cumplir con las regulaciones ambientales y elegibilidad para recibir asistencia financiera de fondos multilaterales financiados en gran parte por países desarrollados. Esta dinámica ha generado un debate significativo en el Congreso estadounidense y entre los formuladores de políticas, quienes ven la necesidad de reevaluar la posición de China en el marco de los tratados ambientales internacionales.
La Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, que se amplió para incluir los hidrofluorocarbonos (HFC), gases de efecto invernadero utilizados en la industria, ha sido un punto de inflexión en este debate. Al otorgar a China y otras naciones en desarrollo designadas diez años adicionales más allá de los plazos impuestos a las naciones desarrolladas para la transición a compuestos menos dañinos, se ha planteado la pregunta de si estas extensiones y asistencias financieras son adecuadas dado el actual estatus económico y ambiental de China.
La situación se complicó aún más con la ratificación de la Enmienda de Kigali por parte del Senado estadounidense en septiembre de 2022. Aunque la enmienda fue aprobada en general, se añadió un requisito sin precedentes: que el Departamento de Estado solicitara a la ONU la reclasificación de China como una nación desarrollada. Esto subraya la creciente preocupación en Estados Unidos sobre el trato preferencial que recibe China bajo los actuales tratados ambientales, y marca un esfuerzo significativo por parte de legisladores para abordar esta disparidad.
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Energía a bajo costo
La preocupación no se limita a la injusticia percibida en los tratados ambientales. La posición de China como nación en desarrollo le permite acceder a energía de bajo costo, especialmente carbón, mientras que naciones como Estados Unidos, bajo la administración de Biden, están comprometidas con una transición hacia fuentes de energía alternativas más costosas. Esto no solo plantea desafíos económicos para Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, sino que también cuestiona la eficacia de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.
A pesar de la legislación recientemente promulgada que exige que el Departamento de Estado solicite la reclasificación de China, los funcionarios chinos han expresado una oposición vehementemente. Esta resistencia de Beijing no sorprende, dado que la clasificación actual confiere a sus industrias y a su economía en general una ventaja comparativa significativa. La situación actual demanda medidas más audaces que simplemente solicitar un cambio de estatus. Una de esas medidas podría ser la propuesta legislativa para retirar fondos a tratados como el Protocolo de Montreal y la CMNUCC hasta que se efectúe la reclasificación de China. Estas acciones representarían un paso contundente hacia la igualdad de condiciones en el ámbito global, interrumpiendo la implementación de tratados hasta que se aborde adecuadamente la posición de China.
Impuesto a la emisión de carbono
Curiosamente, mientras algunas propuestas legislativas buscan abordar directamente la ventaja competitiva de China, otras, como la Ley de Transparencia e Intensidad de Emisiones Confiable, Objetiva y Verificable (PROVE IT), adoptan un enfoque que podría resultar en la implementación de impuestos al carbono tanto para bienes importados como nacionales. Aunque esta medida se presenta como un esfuerzo para responsabilizar a países extranjeros, incluida China, por sus emisiones de gases de efecto invernadero, críticos argumentan que simplemente proporcionar información no es suficiente para lograr tal responsabilidad. Más aún, sugieren que la legislación podría allanar el camino para impuestos al carbono, una solución que, aunque indirectamente aborda las preocupaciones sobre las emisiones de China, también podría tener consecuencias dañinas para la economía estadounidense.
La narrativa de China como una nación en desarrollo en el contexto de tratados ambientales internacionales es compleja y multifacética. Aunque inicialmente se basaba en condiciones económicas y ambientales pasadas, la realidad global ha cambiado significativamente. La posición económica de China en el mundo de hoy y su papel como el mayor exportador global plantean preguntas válidas sobre la adecuación de su clasificación actual. Además, esta situación destaca la necesidad de un enfoque equitativo y actualizado en la gobernanza ambiental global, uno que refleje las realidades económicas y ambientales actuales y que asegure una competencia justa y equitativa.
Bajos las mismas reglas
Este debate sobre la clasificación de China no es solo una cuestión de política ambiental; es un reflejo de las tensiones geopolíticas más amplias y de la competencia global. El impulso por reclasificar a China subraya el deseo de Estados Unidos de asegurar que todas las naciones, independientemente de su poder económico, estén sujetas a las mismas reglas y expectativas, especialmente en asuntos de importancia global como el cambio climático. Esta situación también pone de relieve la importancia de la diplomacia y el diálogo internacional en la búsqueda de soluciones a desafíos globales, donde el equilibrio entre la justicia, la equidad y la eficacia debe ser meticulosamente negociado.
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La iniciativa de Estados Unidos para instar a la ONU a reevaluar el estatus de China refleja una tensión fundamental entre las normas establecidas de gobernanza global y las realidades económicas y ambientales cambiantes. A medida que el mundo avanza hacia un futuro más sostenible, la necesidad de adaptar las estructuras y políticas existentes se vuelve cada vez más apremiante. El caso de China es emblemático de los desafíos más amplios que enfrenta la comunidad internacional en la era moderna, donde la adaptabilidad, la equidad y la acción colectiva son indispensables para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
