Por OrangelGil 
Crisis de Haití y costo para República Dominicana, la crisis de seguridad que atraviesa Haití representa un desafío que va más allá de la diplomacia y la estabilidad regional para República Dominicana. La expansión de las organizaciones criminales, el deterioro institucional haitiano y la dificultad de las autoridades internacionales para restablecer el orden han obligado al Estado dominicano a incrementar sus compromisos económicos, militares y logísticos para proteger su territorio y respaldar los esfuerzos multilaterales.
Las cifras permiten dimensionar el impacto de esta situación: el país ha comprometido US$20 millones para respaldar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), ha destinado aproximadamente US$1,061,000 a asistencia logística y operaciones de evacuación médica, mantiene alrededor de 11,000 militares desplegados en la frontera y proyecta un presupuesto de Defensa superior a los RD$70,575 millones para 2027.
Sin embargo, estos compromisos no representan una única partida presupuestaria ni deben interpretarse como el costo total de la crisis haitiana para República Dominicana. Son obligaciones de distinta naturaleza que, en conjunto, muestran cómo la inestabilidad del país vecino condiciona las prioridades de seguridad, defensa y gasto público dominicano.
US$21 millones: el compromiso financiero con la misión internacional
Uno de los componentes más concretos del respaldo dominicano a la respuesta internacional en Haití es su contribución financiera a la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida como GSF por sus siglas en inglés.
El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó en mayo de 2026 una contribución de US$10 millones al fondo fiduciario de Naciones Unidas destinado a respaldar las operaciones de esta fuerza. El compromiso contempla otros US$10 millones para 2027.
A esta contribución se suman aproximadamente US$1,061,000 destinados a operaciones de asistencia logística, evacuaciones médicas y otras facilidades para los contingentes internacionales.
En conjunto, los compromisos identificados superan los US$21 millones, una cantidad que representa una participación financiera importante de República Dominicana en los esfuerzos internacionales para enfrentar la inseguridad haitiana.
La dimensión económica no termina en las transferencias monetarias. La posición geográfica dominicana y la limitada capacidad logística de Haití han convertido al territorio nacional en un punto de apoyo para el traslado de personal, equipos y suministros destinados a la misión.
El 1 de noviembre de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Naciones Unidas calificó de esencial la colaboración dominicana para facilitar estas operaciones.
Uno de los ejemplos más recientes fue el traslado de aproximadamente 525 toneladas de equipos militares y suministros desde el puerto de Haina hacia Haití.
La operación evidencia que el aporte dominicano también comprende infraestructura portuaria, coordinación institucional, transporte y facilidades operativas.
La diferencia es importante: los US$21 millones corresponden a compromisos financieros identificados, pero no cuantifican necesariamente todos los recursos públicos utilizados para facilitar las operaciones internacionales.
11,000 soldados en la frontera: el costo permanente de la vigilancia
Mientras contribuye a la misión internacional, República Dominicana mantiene un importante despliegue militar en su frontera terrestre con Haití.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó el 26 de octubre de 2026 que alrededor de 11,000 soldados participan en labores de vigilancia y patrullaje fronterizo.
El presidente Luis Abinader también confirmó el despliegue y anunció el refuerzo de la zona sur con dos batallones adicionales, además de equipos pesados y artillería.
Mantener ese contingente requiere una estructura logística permanente que comprende remuneraciones, alimentación, alojamiento, transporte, combustible, mantenimiento de vehículos, equipos de comunicación y vigilancia tecnológica.
Un cálculo publicado por Diario Libre el 4 de noviembre permite aproximarse a la dimensión económica de este despliegue.
Tomando como referencia un salario mensual superior a RD$30,000 para un raso y multiplicándolo por 11,000 efectivos, el componente salarial alcanzaría como mínimo RD$330 millones mensuales.
Esta operación constituye una estimación de referencia, no una nómina oficial consolidada, porque las remuneraciones varían según el rango, las funciones y las condiciones de servicio de cada militar.
A esa cantidad se agregan los gastos operativos.
Durante 2025, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) ejecutó 17,792 patrullas en cuatro provincias fronterizas, con una inversión de RD$491.09 millones.
Distribuido entre doce meses, ese monto equivale a aproximadamente RD$40.9 millones mensuales.
Al sumar ambas referencias, el gasto estimado en nómina y patrullaje supera los RD$370.9 millones mensuales, equivalentes a unos RD$12.4 millones diarios.
Es importante precisar que este cálculo no representa el costo total de mantener los 11,000 militares en la frontera. Tampoco incluye de manera integral todos los gastos de las Fuerzas Armadas, las inversiones en infraestructura, la adquisición de equipos o las operaciones aéreas.
Se trata de una aproximación económica construida a partir de indicadores publicados, útil para dimensionar una parte del esfuerzo financiero que supone la vigilancia fronteriza.
Defensa: un presupuesto que supera los RD$70,000 millones
La presión sobre la seguridad nacional coincide con el crecimiento de los recursos asignados al Ministerio de Defensa.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla una asignación de RD$70,575,607,514 para esa institución, frente a los RD$68,519,219,634 presupuestados en 2026.
La diferencia representa aproximadamente RD$2,056 millones adicionales, equivalente a un incremento cercano al 3 %.
De ese monto proyectado para 2027, RD$52,638,140,834 corresponden a la función de defensa nacional.
La evolución de las asignaciones presupuestarias también permite observar la transformación de las prioridades institucionales durante los últimos años.
| Año | Presupuesto de Defensa |
|---|---|
| 2020 | RD$32,940.7 millones |
| 2021 | RD$34,903.8 millones |
| 2022 | RD$42,513.8 millones |
| 2023 | RD$53,149 millones |
| 2024 | RD$60,303.4 millones |
| 2025 | RD$64,771.3 millones |
| 2026 | RD$68,519.2 millones |
| 2027* | RD$70,575.6 millones |
2027 corresponde al proyecto presupuestario presentado por el Poder Ejecutivo, sujeto al proceso de aprobación legislativa.
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La comparación muestra que la asignación proyectada para 2027 supera en más del 114 % la registrada en 2020, en términos nominales.
No obstante, atribuir todo ese crecimiento exclusivamente a la crisis haitiana sería incorrecto. El presupuesto de Defensa también financia salarios, seguridad social, funcionamiento institucional, protección territorial, operaciones marítimas y aéreas, modernización tecnológica y otras responsabilidades nacionales.
Lo que sí puede establecerse es que el deterioro de la seguridad haitiana constituye uno de los factores que explican la necesidad de mantener capacidades militares y logísticas reforzadas en la frontera.
Crisis de Haití y costo para República Dominicana: Equipamiento, tecnología y modernización militar
La respuesta dominicana no depende únicamente del número de efectivos desplegados. También exige inversiones en infraestructura, movilidad, vigilancia e inteligencia.
El Gobierno ha presentado nuevas unidades blindadas Furia, vehículos de transporte, motocicletas y aeronaves no tripuladas para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Crisis de Haití y costo para República Dominicana: A esto se suma el desarrollo de la verja perimetral inteligente, que incorpora iluminación, fibra óptica y sistemas de comunicación conectados con las estructuras de mando y vigilancia militar.
El Ministerio de Defensa informó el 26 de octubre que se encontraban listos 54.5 kilómetros de verja, con nuevos tramos previstos, además de la inauguración de 38 kilómetros de muro entre Manzanillo y Capotillo para diciembre.
Estas inversiones responden a una estrategia de control territorial que combina presencia humana, infraestructura física y tecnología.
La importancia de este modelo radica en que la seguridad fronteriza requiere capacidades permanentes para detectar movimientos irregulares, controlar el tránsito de mercancías, combatir el tráfico de armas y drogas y responder ante eventuales incidentes.
Por tanto, el gasto militar asociado a la frontera no puede medirse exclusivamente mediante los salarios de los soldados o el presupuesto de patrullaje.
República Dominicana respalda la misión, pero descarta enviar tropas de combate
Uno de los aspectos más relevantes de la política dominicana frente a Haití es la diferencia entre respaldar la intervención internacional y participar directamente en sus operaciones militares.
El Gobierno ha reiterado que no contempla enviar soldados dominicanos a combatir contra las organizaciones criminales haitianas.
El canciller Víctor Ito Bisonó explicó que esta decisión responde a consideraciones históricas, jurídicas y estratégicas relacionadas con la relación entre ambos países y los principios que rigen las misiones internacionales.
Entre los argumentos expuestos figuran la imparcialidad, el consentimiento de las partes y los riesgos de involucramiento directo en un conflicto que podría generar consecuencias regionales.
En consecuencia, la cooperación dominicana se concentra en el respaldo diplomático, financiero, humanitario y logístico.
Esta posición permite al país contribuir a los esfuerzos internacionales sin asumir directamente las operaciones de combate dentro del territorio haitiano.
Sin embargo, la ausencia de tropas dominicanas en esas operaciones no significa que República Dominicana esté al margen de sus consecuencias económicas y de seguridad.
Por el contrario, el despliegue fronterizo, las inversiones militares y las facilidades logísticas muestran que el país mantiene una participación importante en la respuesta regional.
Crisis de Haití y costo para República Dominicana: prioridades del gasto público
La suma de los compromisos financieros, el despliegue militar y las inversiones en defensa plantea una discusión que trasciende la seguridad fronteriza.
República Dominicana debe mantener sus capacidades de protección territorial, atender sus necesidades sociales y económicas y, al mismo tiempo, responder a una situación de inestabilidad que no controla directamente.
Los más de US$21 millones comprometidos con la misión internacional representan una contribución identificable. Los aproximadamente RD$370.9 millones mensuales estimados para nómina y patrullaje fronterizo muestran otra dimensión del esfuerzo. Y el proyecto de RD$70,575 millones para Defensa en 2027 refleja la escala institucional de los recursos destinados a la seguridad nacional.
Estas cifras no deben sumarse mecánicamente como si correspondieran a un mismo período o a gastos completamente independientes. Algunas representan compromisos plurianuales, otras son estimaciones operativas y otras corresponden al presupuesto general de una institución.
La distinción es fundamental para comprender el verdadero impacto fiscal de la crisis haitiana.
También pone sobre la mesa una interrogante sobre la sostenibilidad de este esfuerzo: ¿cuánto tiempo tendrá que mantener República Dominicana semejante estructura de vigilancia y cooperación si Haití no consigue recuperar condiciones mínimas de estabilidad institucional?
La respuesta dependerá de la evolución de la seguridad haitiana, de la capacidad de la misión internacional para cumplir su mandato y de la participación efectiva de la comunidad internacional.
La crisis de Haití ya no representa únicamente un desafío diplomático para República Dominicana: también constituye un compromiso económico, militar y presupuestario de largo alcance.
La cuestión estratégica es si los esfuerzos internacionales conseguirán estabilizar Haití antes de que la prolongación de esta crisis continúe condicionando las prioridades de seguridad y el gasto público dominicano.
Mónica Saavedra