Por OrangelGil 
Crisis en Haití, el Movimiento Popular Dominicano atribuye la prolongación de la crisis haitiana a una combinación de intereses políticos, tráfico de armas y sectores económicos que obtienen beneficios del desorden. La organización advierte que el deterioro de la seguridad podría utilizarse para justificar una mayor presencia militar extranjera, mientras informes de Naciones Unidas documentan vínculos entre grupos armados y actores políticos y económicos.
La posibilidad de una nueva intervención extranjera en Haití volvió al debate regional después de que el Movimiento Popular Dominicano (MPD) advirtiera sobre el riesgo de que la prolongación de la crisis en ese país sirva de argumento para ampliar la presencia militar internacional, bajo una influencia predominante de Estados Unidos.
En una declaración divulgada el 29 de octubre de 2026 y firmada por su Comisión Política, la organización sostuvo que la violencia de las bandas armadas no puede explicarse únicamente por la debilidad institucional o las contradicciones internas de la sociedad haitiana. Según su planteamiento, también intervienen factores históricos, económicos y geopolíticos, entre ellos las acciones de élites locales y sectores económicos y políticos que se benefician de la inestabilidad.
El MPD considera que la desaparición de cuatro militares salvadoreños vinculados a la fuerza internacional desplegada en Haití y la operación anunciada para encontrarlos podrían convertirse en elementos utilizados para justificar una escalada militar.
La advertencia aparece en un momento de transformación de la respuesta internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó una fuerza multinacional para combatir a las bandas armadas y posteriormente prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027. Estados Unidos participa activamente en el esquema de apoyo y despliegue, aunque no existe una confirmación pública de que Washington haya anunciado una nueva intervención militar unilateral en Haití.
El MPD señala a los sectores económicos que se benefician del desorden
La organización dominicana plantea que la crisis en Haití debe analizarse desde las redes de poder que han condicionado el funcionamiento de sus instituciones durante décadas.
En su pronunciamiento, el MPD señala directamente a las oligarquías haitianas, los sectores económicos y políticos que obtienen beneficios de la inestabilidad y los intereses extranjeros que compiten por influencia sobre el territorio y sus recursos.
La organización sostiene que no se puede atribuir toda la tragedia haitiana a las bandas armadas ni exonerar a quienes, desde estructuras políticas y económicas, habrían contribuido a debilitar las instituciones del Estado.
Esta interpretación encuentra elementos de respaldo en investigaciones internacionales, aunque ello no permite responsabilizar de manera general a todos los empresarios ni a todo el sector económico haitiano.
Un diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en enero de 2025, describió relaciones entre determinados integrantes de las élites económicas y organizaciones criminales. El documento señala que algunos actores empresariales han recurrido a grupos armados para proteger sus negocios, limitar a competidores o facilitar actividades comerciales legales e ilegales. También identifica casos de intermediación para sobornar a funcionarios policiales y aduaneros.
Más recientemente, un informe de expertos de Naciones Unidas, divulgado en octubre de 2026, documentó que grupos armados continúan recibiendo respaldo de actores políticos, económicos y de seguridad cuando esa relación favorece sus intereses.
La relación entre poder económico, influencia política y estructuras armadas constituye uno de los elementos centrales para comprender por qué la violencia puede reproducirse incluso cuando se despliegan fuerzas de seguridad y se anuncian nuevos programas internacionales.
Crisis en Haití: el secuestro de los militares salvadoreños eleva la tensión internacional
Uno de los acontecimientos que motivaron la advertencia del MPD fue la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desplegada en territorio haitiano.
Los cuatro hombres desaparecieron el 18 de octubre, después de que un vehículo blindado en el que se desplazaban fuera atacado por hombres armados en las proximidades de Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el 21 de octubre una operación militar para intentar localizar y rescatar a los desaparecidos, y advirtió sobre una respuesta de mayor intensidad si no eran liberados. El incidente puso de manifiesto los riesgos que enfrenta el contingente internacional y abrió un nuevo capítulo en la participación militar salvadoreña.
El MPD considera que estos acontecimientos deben examinarse junto con las denuncias sobre el tráfico de armas y municiones hacia las bandas haitianas, así como las decisiones políticas y militares que se están adoptando.
La organización no presenta como demostrada una operación coordinada para provocar una intervención extranjera, pero advierte que la coincidencia de estos factores podría ser aprovechada para legitimar una mayor presencia militar.
La desaparición de los militares salvadoreños se convirtió así en un elemento de presión internacional dentro de una crisis que ya trasciende las fronteras haitianas.
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Estados Unidos tiene un papel central en la nueva estructura de seguridad
La preocupación del MPD adquiere mayor relevancia al observar el papel de Estados Unidos en la arquitectura internacional de seguridad diseñada para Haití.
El 30 de septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2793, que autorizó la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida como GSF. La iniciativa fue impulsada conjuntamente por Estados Unidos y Panamá y estableció una fuerza multinacional con capacidad para realizar operaciones contra organizaciones armadas en coordinación con las autoridades haitianas.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2026, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2829 y prorrogó el mandato de la fuerza hasta el 31 de marzo de 2027.
La Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití (UNSOH) informó que la estructura ya respaldaba a más de 1,500 integrantes de la GSF y esperaba nuevas incorporaciones durante octubre y noviembre.
Crisis en Haití: Escudo de las Américas
Estados Unidos participa en el grupo de países que contribuyen a la organización y despliegue de la fuerza. La ONU también reconoció su cooperación logística, junto con los aportes de Bélgica, Alemania y República Dominicana para facilitar el traslado de contingentes.
Sin embargo, existe una diferencia institucional que debe quedar clara: la GSF es una fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad, pero no constituye una operación militar unilateral de Estados Unidos ni una misión tradicional de cascos azules de Naciones Unidas.
La distinción es importante para comprender la advertencia del MPD. Su preocupación apunta a que la actual estructura de seguridad pueda convertirse en un mecanismo de mayor influencia extranjera sobre las decisiones políticas y militares de Haití.
La organización también menciona la iniciativa denominada «Escudo de las Américas» como parte del contexto geopolítico que considera relevante. Esa interpretación corresponde al planteamiento político del movimiento y no demuestra, por sí misma, la existencia de un plan estadounidense para ocupar militarmente Haití.
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Las bandas armadas también funcionan dentro de una economía ilegal: crisis en Haití
La crisis en Haití no puede entenderse exclusivamente a partir de los enfrentamientos armados. Detrás de la expansión territorial de las bandas existe una economía ilegal que genera recursos para sostener sus operaciones y ampliar su influencia.
Un informe del Panel de Expertos de Naciones Unidas, presentado ante el Consejo de Seguridad en septiembre de 2026, identifica diferentes mecanismos de financiación de las organizaciones criminales.
Entre ellos figuran:
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Secuestros para exigir rescates.
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Extorsión a empresas y comerciantes.
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Cobros ilegales a hogares por servicios básicos.
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Instalación de puestos de control y peajes clandestinos.
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Tráfico de armas, municiones y otros productos ilícitos.
De acuerdo con el documento, estas actividades permiten que las bandas obtengan ingresos mediante el control de territorios, carreteras y sectores de la actividad económica.
El informe también documenta relaciones entre organizaciones criminales, operadores políticos, actores económicos y funcionarios de seguridad. La investigación advierte que esas conexiones pueden facilitar el suministro de armas, el financiamiento de estructuras violentas y el mantenimiento de áreas de influencia.
En octubre, la agencia Associated Press informó que los expertos de Naciones Unidas identificaron vínculos entre dirigentes de bandas y figuras políticas y económicas que buscan proteger intereses territoriales, influir en futuros procesos electorales y conservar determinadas ventajas.
El documento señala que los grupos armados continúan encontrando respaldo entre actores que los utilizan cuando sus intereses coinciden.
Por ello, el señalamiento del MPD sobre los sectores económicos que se benefician del desorden encuentra un punto de conexión con investigaciones internacionales: la violencia no se sostiene únicamente mediante las armas, sino también a través de redes de financiamiento, protección política, tráfico y control de actividades económicas.
Una crisis humanitaria con consecuencias regionales
La dimensión de la crisis en Haití también se refleja en el impacto que sufren los habitantes del país.
La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH) informó que durante el segundo trimestre de 2026, entre abril y junio, al menos 1,408 personas murieron y otras 656 resultaron heridas como consecuencia de la violencia.
En agosto, el organismo también documentó que, entre el 6 de marzo y el 31 de julio, los enfrentamientos en Cité Soleil y la zona de Plaine du Cul-de-Sac dejaron al menos 613 muertos y 375 heridos. Más de un tercio de las víctimas no estaban vinculadas a las organizaciones criminales.
A estas cifras se suma el desplazamiento forzado. La Organización Internacional para las Migraciones y otras agencias humanitarias han documentado que cerca de 1.5 millones de haitianos han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de la inseguridad.
El deterioro institucional, la interrupción de actividades comerciales, las dificultades para transportar alimentos y combustible y las limitaciones de acceso a servicios básicos han profundizado el problema.
La situación también tiene repercusiones para República Dominicana, debido a la proximidad geográfica, las relaciones comerciales, la movilidad fronteriza y la necesidad de cooperación en materia de seguridad.
En ese contexto, el MPD llamó al Gobierno dominicano a evaluar cuidadosamente sus decisiones y evitar que la política exterior del país quede subordinada a estrategias geopolíticas que no respondan a los intereses de los pueblos de la isla.
El antecedente histórico de las intervenciones extranjeras
La advertencia del MPD también tiene un componente histórico.
Estados Unidos ocupó Haití entre 1915 y 1934, un período que marcó profundamente la relación entre ambos países y que sigue presente en los debates sobre soberanía e injerencia extranjera.
A ese antecedente se suman otras operaciones internacionales, incluida la intervención militar de 1994 para facilitar el retorno al poder del presidente Jean-Bertrand Aristide, después del golpe de Estado de 1991.
El MPD sostiene que las experiencias anteriores deben servir para evaluar los riesgos de cualquier nueva presencia militar extranjera y cuestiona que las respuestas centradas en la seguridad hayan conseguido resolver las causas estructurales de la inestabilidad.
La organización rechaza que la solución al problema haitiano descanse exclusivamente en ocupaciones militares o mecanismos de tutela internacional.
En su planteamiento, la recuperación del Estado debe incluir la reconstrucción institucional, el desmantelamiento de las organizaciones armadas, el combate a la corrupción, la interrupción del tráfico de armas y la creación de condiciones económicas que permitan a la población recuperar sus medios de vida.
El MPD llama a evitar la confrontación entre dominicanos y haitianos
Otro elemento del pronunciamiento es el rechazo a los discursos racistas y xenófobos que atribuyen al pueblo haitiano la responsabilidad colectiva por la situación que atraviesa su país.
El movimiento considera que la explotación política de las diferencias históricas, culturales, lingüísticas y religiosas entre dominicanos y haitianos contribuye a crear un ambiente de confrontación que puede beneficiar a los sectores interesados en mantener la división.
Por esa razón, propone una salida que combine la recuperación de la institucionalidad haitiana con la cooperación entre ambos pueblos, el respeto a la soberanía y la defensa de los derechos fundamentales.
La posición del MPD plantea un desafío para la política exterior dominicana: participar en los mecanismos de cooperación regional y seguridad sin perder autonomía en las decisiones relacionadas con Haití.
Esta situación continúa siendo una preocupación de seguridad, diplomacia y estabilidad económica para el Caribe. Sin embargo, su solución dependerá también de la capacidad para identificar y desarticular las redes que financian y protegen a las organizaciones armadas.
Una intervención militar puede modificar temporalmente el equilibrio de seguridad, pero no necesariamente elimina los intereses económicos y políticos que permiten que la violencia se reproduzca.
La advertencia del MPD deja planteada una cuestión de fondo: ¿se encamina Haití hacia una solución que fortalezca sus instituciones y soberanía o la prolongación de la crisis terminará justificando una nueva etapa de intervención extranjera bajo una influencia determinante de Estados Unidos?