Por Mónica Saavedra 
Tesla FSD en Corea del Sur, la comercialización del sistema Full Self-Driving (FSD) de Tesla se ha convertido en un problema que combina protección al consumidor, regulación tecnológica y seguridad vial. Una organización de defensa de los consumidores acusa a la compañía de cobrar por una tecnología que la mayoría de sus vehículos comercializados en ese país no puede utilizar legalmente. La controversia amenaza con abrir un nuevo frente regulatorio para la empresa de Elon Musk y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas cuando venden prestaciones condicionadas por las leyes de cada mercado.
Tesla FSD en Corea del Sur: una tecnología costosa que no está disponible para la mayoría
La controversia tiene una dimensión económica considerable. Durante años, Tesla comercializó el paquete FSD en Corea del Sur con un precio de compra que llegó a los 9.043.000 wones, equivalentes aproximadamente a 6.726 dólares.
Sin embargo, el acceso efectivo a esta tecnología está limitado principalmente a los vehículos fabricados en Estados Unidos, mientras que buena parte de las unidades comercializadas en el mercado surcoreano proceden de la planta de Shanghái, China.
La diferencia no responde únicamente a características técnicas del automóvil, sino a los mecanismos de homologación y reconocimiento de normas de seguridad vehicular.
Según los datos presentados por Tesla ante la Asamblea Nacional surcoreana, de los 238.968 vehículos de la marca registrados hasta finales de septiembre de 2026, unos 183.407 corresponden a unidades fabricadas en China.
Esto significa que aproximadamente el 76,7 % de los Tesla registrados en Corea del Sur pertenece a una categoría de vehículos que no puede utilizar legalmente FSD bajo las condiciones regulatorias actuales.
La situación genera una contradicción comercial: los consumidores pueden encontrar la opción tecnológica dentro de la oferta de Tesla, pero la disponibilidad real depende del lugar donde fue fabricado su automóvil y de las autorizaciones correspondientes.
El origen del conflicto: Estados Unidos frente a China
La principal explicación se encuentra en las diferencias entre los marcos regulatorios de Corea del Sur y los países de fabricación de los vehículos.
Los automóviles producidos en Estados Unidos pueden acogerse a disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Washington y Seúl, que reconocen determinados estándares estadounidenses de seguridad vehicular.
Esta condición permite que ciertos modelos fabricados en territorio estadounidense utilicen FSD bajo supervisión humana.
La situación es diferente para los vehículos ensamblados en China. Modelos como el Model 3 y el Model Y, que representan una parte importante de las ventas de Tesla en Corea del Sur, necesitan cumplir los requisitos de homologación establecidos por las autoridades locales.
El problema es que el funcionamiento de FSD presenta diferencias respecto a las exigencias surcoreanas sobre el control del vehículo. Entre ellas figuran disposiciones relacionadas con mantener las manos sobre el volante y la intervención del conductor durante determinadas maniobras, como los cambios de carril.
Por tanto, no se trata simplemente de activar una función mediante una actualización informática. Su utilización requiere que el vehículo y el sistema cumplan las condiciones legales de seguridad.
Los consumidores llevan el caso ante las autoridades
La organización Citizens United for Consumer Sovereignty prepara una denuncia ante la Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur (KFTC).
La asociación sostiene que Tesla habría comercializado el paquete FSD sin informar de manera suficientemente clara que la mayoría de los vehículos vendidos en el país no podían utilizarlo legalmente.
Entre los elementos señalados figura la promoción de la tecnología como una función que estaría disponible próximamente, así como la difusión de demostraciones de su funcionamiento en carreteras surcoreanas.
La organización considera que estas prácticas pudieron generar expectativas equivocadas entre los compradores, especialmente entre quienes adquirieron el paquete confiando en que podrían utilizarlo posteriormente.
La denuncia busca que las autoridades suspendan temporalmente la comercialización de FSD para vehículos que no cumplen los requisitos, impongan las sanciones administrativas correspondientes y remitan el caso a los organismos de investigación cuando proceda.
La KFTC ya había confirmado que investigaba la publicidad de Tesla relacionada con este sistema y que había recibido respuestas escritas de la compañía.
Es importante distinguir entre las acusaciones de la organización de consumidores y una eventual determinación de responsabilidad por parte de las autoridades. La denuncia constituye una reclamación que deberá ser evaluada conforme a la legislación surcoreana.
Tesla intenta conseguir autorización para los vehículos fabricados en China
La controversia también coincide con un movimiento de Tesla para ampliar la disponibilidad de FSD en Corea del Sur.
El 22 de octubre de 2026, la filial surcoreana de la compañía presentó una solicitud de exención especial ante el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte, con el propósito de permitir el funcionamiento del sistema en vehículos fabricados en China.
La petición plantea una cuestión regulatoria relevante: si una actualización de software puede acogerse a un mecanismo de excepción previsto para determinados dispositivos tecnológicos que no están contemplados expresamente en las normas vigentes.
Las autoridades deben evaluar tanto la interpretación jurídica como los aspectos técnicos y de seguridad.
La solicitud todavía requiere revisión. Por ello, no puede darse por hecho que los propietarios de Model 3 y Model Y fabricados en China podrán utilizar FSD próximamente.
Este procedimiento evidencia uno de los principales desafíos de la industria automotriz: los vehículos modernos dependen cada vez más del software, pero las regulaciones nacionales no siempre evolucionan al mismo ritmo que las innovaciones tecnológicas.
La controversia va más allá de una función informática: Tesla FSD en Corea del Sur
El conflicto también tiene antecedentes judiciales.
El 29 de octubre de 2026, un tribunal de Seúl rechazó una demanda presentada por 88 propietarios de Tesla que reclamaban la devolución del dinero pagado por FSD.
La decisión consideró que la empresa no había incumplido sus obligaciones contractuales en los términos planteados por los demandantes. El tribunal también tomó en cuenta que el paquete no prometía una conducción completamente autónoma sin intervención humana y que algunas prestaciones dependían de avances tecnológicos y autorizaciones regulatorias.
Este fallo no resuelve automáticamente la controversia sobre las prácticas comerciales denunciadas por la asociación de consumidores. Se trata de procedimientos diferentes, con fundamentos jurídicos y objetivos distintos.
Por otra parte, las autoridades surcoreanas han advertido que activar FSD mediante dispositivos externos o modificaciones no autorizadas puede constituir una infracción de la legislación de seguridad vehicular.
Durante octubre, la Policía remitió a la Fiscalía más de 80 casos relacionados con activaciones no autorizadas del sistema. Las autoridades consideran que estas intervenciones pueden comprometer el funcionamiento seguro del automóvil.
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El desafío para Tesla y la industria de los vehículos inteligentes
El caso surcoreano expone una dificultad estructural para los fabricantes de automóviles que comercializan sistemas avanzados de asistencia a la conducción en distintos países.
Una tecnología puede estar disponible comercialmente, funcionar en determinadas condiciones y, al mismo tiempo, carecer de autorización para operar en otros mercados.
Para Tesla, el problema no se limita a conseguir una homologación pendiente. También implica demostrar que sus procesos de comercialización comunican con suficiente claridad las restricciones que afectan a cada modelo y mercado.
La cuestión adquiere mayor relevancia porque el modelo de negocio de la compañía depende cada vez más de los servicios digitales, las actualizaciones de software y las prestaciones que pueden adquirirse después de comprar el vehículo.
En ese escenario, la diferencia entre vender una función y garantizar que el consumidor pueda utilizarla legalmente se convierte en un asunto de responsabilidad empresarial.
El desenlace podría establecer un precedente sobre la obligación de los fabricantes de informar las limitaciones regulatorias antes de cobrar por prestaciones tecnológicas que todavía no están habilitadas.
Corea del Sur representa así un escenario importante para observar cómo las autoridades equilibran innovación, competencia, seguridad vial y derechos de los consumidores.
La discusión ya no consiste únicamente en determinar cuándo estará disponible FSD para los Tesla fabricados en China, sino en establecer hasta dónde puede llegar una empresa al comercializar una tecnología cuya utilización depende de autorizaciones que todavía no ha conseguido.
La pregunta estratégica es inevitable: ¿pueden los fabricantes de vehículos inteligentes cobrar hoy por funciones que sus clientes quizá no puedan utilizar mañana, o la regulación debe exigir que cada prestación esté legalmente habilitada antes de comercializarse?
OrangelGil