Venezuela tendió la mano. Lo hizo con condiciones claras y con una agenda concreta. La presidenta encargada Delcy Rodríguez fijó este lunes los términos bajo los cuales Caracas está dispuesta a avanzar en su relación diplomática con Washington: respeto mutuo, beneficio compartido y relaciones apegadas a la legalidad internacional. No es una declaración de buena voluntad vacía. Es un posicionamiento estratégico que llega en un momento de alta tensión y de recomposición acelerada del vínculo bilateral. Las relaciones apegadas a la legalidad internacional no son, para Venezuela, una concesión: son la condición mínima e innegociable de cualquier acuerdo. Y en ese marco, Rodríguez fue explícita: las relaciones apegadas a la legalidad internacional constituyen el decálogo que guía cada decisión de política exterior del gobierno bolivariano.
El material base de este reportaje proviene del despacho oficial del Ministerio del Poder Popular, elaborado por la periodista Eleonor Sánchez, corresponsal institucional adscrita a la Prensa MPP. Su cobertura recoge las declaraciones directas de la presidenta encargada durante una intervención pública en Caracas, en la que Rodríguez delineó con precisión los ejes de la nueva agenda bilateral con Estados Unidos. La pieza forma parte de la cobertura oficial del proceso de reanudación diplomática entre ambas naciones.
El 3 de enero que cambió todo: cómo Venezuela eligió negociar tras el golpe más duro de su historia reciente
El contexto de estas declaraciones no puede separarse de los hechos que las preceden. El pasado 3 de enero, un comando estadounidense ejecutó una operación en territorio venezolano. El presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado ilegalmente a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. Los bombardeos de aquella madrugada dejaron al menos 100 personas muertas en Caracas y otros puntos del país. Fue un golpe directo al corazón institucional de Venezuela. Sin embargo, lejos de romper todo vínculo, Caracas eligió una respuesta que sorprendió a más de un analista: mantener abiertos los canales diplomáticos y negociar desde la firmeza.
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Petróleo, gas y minerales: la agenda bilateral que explica por qué Washington necesita a Venezuela tanto como Venezuela necesita a Washington
Esa decisión explica la visita a Caracas del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, en representación de la Administración Trump. Su presencia en la capital venezolana derivó en la firma de acuerdos en el sector energético. Tres semanas antes, el secretario de Energía, Christopher Wright, también había visitado Caracas. En esa ocasión, ambas naciones acordaron avanzar en proyectos conjuntos de petróleo, gas y energía eléctrica. El interés de Washington en los recursos venezolanos es concreto y mensurable: Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles según datos de la OPEP.
Rodríguez fue directa al describir la agenda trazada entre ambos países. Energía, minería y combate al narcotráfico conforman los tres ejes sobre los que avanza la negociación. En energía, Venezuela representa una fuente alternativa de suministro en un contexto de tensión global de precios. En minería, el Arco Minero del Orinoco concentra reservas de oro, coltán y diamantes de proyección internacional. Y en materia de narcotráfico, Rodríguez fue categórica: «Venezuela no es un país de narcotráfico, ni siquiera relevante en materia de narcotráfico». La afirmación apunta directamente a los señalamientos que durante años utilizó Washington como justificación para sus sanciones y presiones sobre Caracas.
Inocente ante el mundo: la posición jurídica de Venezuela que desafía la legitimidad de los tribunales extranjeros
La dimensión jurídica del discurso de Rodríguez merece atención especial. Su insistencia en relaciones apegadas a la legalidad internacional no es retórica diplomática: es una respuesta directa a una historia de intervenciones, sanciones unilaterales y operaciones encubiertas. Según el Centro de Investigación en Economía y Política de Washington, las sanciones estadounidenses contra Venezuela provocaron una contracción económica acumulada superior al 60% entre 2015 y 2022, con efectos devastadores sobre la población civil. Ese historial pesa en cada palabra de la negociación actual.
Rodríguez reivindicó la inocencia de Maduro con firmeza. «El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente son inocentes, que el mundo lo sepa», declaró. La frase no es solo un gesto de lealtad política. Es una posición jurídica: Venezuela no reconoce legitimidad a ningún proceso judicial extranjero sobre sus líderes electos. El profesor Alfred de Zayas, exrelator de la ONU, ha señalado que las acciones estadounidenses contra funcionarios venezolanos electos violan principios fundamentales de soberanía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La apuesta pragmática que ninguno de los dos países puede permitirse perder
El rechazo a la guerra fue otro eje central del discurso. «Nos oponemos a cualquier guerra, nos oponemos definitivamente», afirmó Rodríguez. La declaración adquiere peso adicional en el contexto regional: mientras Oriente Medio arde y las tensiones entre grandes potencias escalan, Venezuela reivindica una posición de paz activa. No es neutralidad pasiva. Es una doctrina de política exterior que busca construir alianzas sobre bases de respeto y legalidad, no de subordinación.
La reanudación del diálogo bilateral representa, para ambos lados, una apuesta pragmática. Washington necesita diversificar sus fuentes energéticas. Caracas necesita aliviar la presión económica y recuperar acceso a mercados internacionales. Pero Rodríguez dejó claro que Venezuela no negociará su dignidad. «Queremos construir relaciones a largo plazo», dijo, y esa frase contiene una advertencia implícita: las relaciones transaccionales que ignoran la verdad venezolana no tienen futuro en esta nueva etapa.
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Verdad, respeto y legalidad: los cuatro pilares sin los cuales Venezuela advierte que no hay acuerdo posible
Lo que se juega en esta negociación va más allá del precio del petróleo o de los contratos mineros. Se juega un principio: el de si las relaciones entre una potencia global y un país soberano del Sur pueden construirse sobre bases de igualdad real. Venezuela apuesta a que sí. Su condición es la misma que expuso Rodríguez con claridad: verdad, respeto, beneficio compartido y legalidad. Sin esos cuatro pilares, no hay agenda que resista. Con ellos, podría comenzar algo distinto.
