En Colombia, el fenómeno de la corrupción parece seguir un patrón inquebrantable, reflejado en casos escandalosos que se revelan periódicamente y despiertan la indignación pública. Carolina Isaza, investigadora y experta en la corrupción en el país, se ha dedicado más de una década a analizar esta problemática, argumentando que, aunque la justicia se enfoca en la responsabilidad del gobierno, el verdadero panorama involucra tanto al sector público como al privado. Isaza explica que la dinámica de corrupción en Colombia se sustenta en una estructura donde el capital privado juega un papel determinante, ya sea apoyando campañas políticas o asegurando favores legislativos. Sin embargo, solo se señala a los funcionarios públicos, mientras los grandes actores privados que facilitan estas prácticas parecen intocables.
Este análisis profundo de Isaza fue documentado en una entrevista con Camilo Sánchez, periodista especializado en economía para el diario EL PAÍS, quien recientemente publicó un reportaje titulado: “Carolina Isaza, investigadora de la corrupción: ‘Los hechos del caso contra la campaña de Petro son similar a los de Gobiernos anteriores’”. Sánchez, con base en la trayectoria de Isaza en la Universidad Externado de Bogotá, destaca su papel en la coordinación del estudio más completo sobre la corrupción en Colombia, titulado Corrupción en Colombia, el cual recopila en cuatro tomos el resultado de dos años de investigaciones. Este trabajo académico, que profundiza en las causas y estructuras que sostienen la corrupción en el país, fue un proyecto fundamental para entender que, desde el famoso proceso 8.000 hasta los casos más recientes, el entramado de corrupción sigue un esquema de colaboración donde los sectores público y privado se retroalimentan, pero solo uno enfrenta las consecuencias.
Carolina Isaza, experta en corrupción
En su entrevista, Carolina Isaza expone que, en la práctica, los actores privados, muchas veces empresarios de alto perfil o conglomerados, suelen participar en acuerdos ilícitos con el gobierno para obtener beneficios, como contratos o permisos favorables. Aunque las leyes establecen límites a los aportes de campaña y a los favores posteriores, las sanciones recaen únicamente en los funcionarios públicos que aceptan estos acuerdos. “La transacción de corrupción necesita a dos partes: una que ofrezca y otra que acepte. En Colombia, el énfasis está en sancionar solo al que está en la administración pública, mientras que los que financian estos actos quedan al margen del sistema judicial”, afirma Isaza. Este enfoque sesgado, según la investigadora, permite que las empresas continúen operando sin ninguna repercusión, aunque se demuestre su participación en actos corruptos.
A lo largo de los años, el papel de los medios ha sido fundamental para mantener visible la corrupción y sus efectos. Para Carolina Isaza, la prensa es el catalizador inicial que permite que ciertos casos se conviertan en investigaciones formales, aunque su impacto suele ser efímero. “Los medios revelan la trama, la indignación pública crece y la justicia comienza a investigar, pero en cuestión de meses, todo queda en el olvido”, sostiene Isaza. Aunque existen índices internacionales, como el de Transparencia Internacional, que clasifican a Colombia en posiciones preocupantes, lo cierto es que esta percepción de corrupción parece estar enraizada en los patrones estructurales del país, más que en la naturaleza de sus ciudadanos. “No somos corruptos por cultura; los incentivos del sistema son los que impulsan estas decisiones”, enfatiza.
Distorsión en la democracia
Financiar campañas políticas se ha convertido en un proceso costoso y demandante, que muchas veces obliga a los políticos a buscar financiamiento en el sector privado, un acto que, según Carolina Isaza, distorsiona el sistema democrático. “El financiamiento electoral en Colombia implica crear alianzas, y aunque los topes legales existen, la supervisión es ineficiente y opaca”, apunta. En este contexto, es común que los favores preelectorales se paguen mediante contratos o beneficios legislativos, lo que convierte a la democracia en una estructura manipulada y desigual. Para Isaza, los mecanismos de regulación son insuficientes, y la falta de un sistema de transparencia y control real abre la puerta para que tanto políticos como empresarios puedan operar con impunidad, mientras los ciudadanos pierden la confianza en sus instituciones.
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La situación se hace más evidente en el Congreso, donde el clientelismo ha afianzado un sistema de “mermelada” —un término popularizado en el gobierno de Juan Manuel Santos para referirse a los recursos repartidos a cambio de favores políticos—. Carolina Isaza explica que este fenómeno es un vicio recurrente, que también se observa en el nivel regional, donde los congresistas representan los intereses de sus territorios y, al mismo tiempo, deben responder a los compromisos adquiridos durante sus campañas. “El clientelismo, aunque se suele ver como un fenómeno distinto a la corrupción, en Colombia están tan ligados que uno no puede existir sin el otro”, asegura Isaza. Esta dinámica es fundamental para entender cómo los favores políticos se convierten en un arma de doble filo, pues quienes se benefician de estos recursos también son los primeros en exigir retorno a cambio, perpetuando un sistema de corrupción estructural.
Pago por favores de campaña
En el caso específico del representante David Racero, recientemente investigado por presuntas irregularidades en la gestión de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), Isaza observa una muestra del problema subyacente: el uso de recursos públicos para beneficiar a quienes apoyan la campaña. “Es un modelo de reciprocidad mal entendida, donde los cupos de UTL, en lugar de fortalecer la administración, se emplean para pagar compromisos políticos”, comenta. Esta práctica, extendida en todo el país, muestra cómo la corrupción se convierte en una herramienta política, donde las expectativas de retorno afectan no solo a los electores, sino a la estructura democrática en su totalidad.
Carolina Isaza también hace una crítica al papel que juegan los partidos en este esquema. En Colombia, los partidos son conocidos como “empresas electorales”, un apodo que refleja la falta de transparencia en su financiamiento y la influencia que el capital privado tiene sobre ellos. La situación se agrava cuando se considera que los grandes donantes pueden exigir retornos por sus aportes, y estos retornos, en ocasiones, incluyen la aprobación de leyes o la asignación de contratos. Isaza asegura que “la democracia pierde su valor cuando el interés empresarial prima sobre el interés público, y esto, lejos de ser una acusación, es una realidad del sistema político colombiano”.
Los privados son también corruptos
Además, Isaza señala que la corrupción en Colombia no es exclusiva del sector público, sino que involucra también a actores privados que buscan asegurar su influencia sobre la esfera legislativa. Empresas y conglomerados, tanto nacionales como internacionales, suelen formar alianzas con políticos para obtener beneficios económicos. La historia de Odebrecht, una multinacional involucrada en varios escándalos de corrupción en América Latina, es solo uno de los ejemplos que ilustra cómo estos acuerdos pueden pervertir el sistema. Para Isaza, este tipo de colaboración revela que la corrupción no es un problema exclusivo de los funcionarios, sino un síntoma de una estructura mucho más compleja.
Por otro lado, Carolina Isaza apunta a que la participación de actores ilegales en el sistema político agrega una dimensión aún más oscura al problema. Aunque en Colombia la influencia de sectores del narcotráfico en el ámbito legislativo es una realidad reconocida, Isaza considera que la presión violenta y la extorsión son prácticas que, además de amenazar la vida de los funcionarios, deterioran la confianza en el sistema. “Cuando el poder de los grupos ilegales se mezcla con la corrupción tradicional, la democracia sufre una fractura irreparable, y el costo social es incalculable”, asegura.
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Finalmente, Isaza propone una reforma del servicio civil y del sistema de transparencia como una medida para reducir el clientelismo y la corrupción. Sin embargo, sabe que la implementación de un cambio estructural requiere un esfuerzo político que difícilmente puede concretarse sin una fuerte voluntad colectiva. Por el momento, el fenómeno parece intensificado, y la corrupción sigue siendo un componente central del sistema político colombiano. Con todo, Carolina Isaza no se puede recordar que este es un problema que solo puede resolverse si tanto el público como el privado asumen su responsabilidad, en lugar de cargar solo al gobierno con las culpas de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos.
