Esterilizar forzosamente a más de 325 mil mujeres, principalmente quechuahablantes y pertenecientes a comunidades rurales en Perú, se convirtió en una práctica impulsada por el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990, como parte de una política de control de natalidad. La brutalidad de este programa de esterilización forzada ha sido calificada recientemente como una violación sistemática de derechos humanos por la Organización de las Naciones Unidas. Según el reciente fallo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), este capítulo representa una forma de violencia de género y discriminación étnica que persiste como una herida abierta en el país andino. El fallo exige al Estado peruano que acelere las investigaciones, proporcione apoyo psicológico y financiero a las víctimas, y ponga en marcha un programa integral de reparaciones. Sin embargo, el reconocimiento del daño y la atención debida a las víctimas, quienes vivieron experiencias traumáticas y devastadoras, sigue siendo un tema que enfrenta resistencia en múltiples sectores.
La periodista Noor Mahtani, reportera en Bogotá para la sección América Futura de EL PAÍS, abordó esta historia en un artículo titulado: “La ONU da la razón a las peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas de la época de Fujimori”. Mahtani, quien ha trabajado en el equipo de Planeta Futuro y en Sociedad y Redes Sociales de EL PAÍS América Colombia, profundiza en el impacto de este programa de esterilización forzada que violentó a cientos de miles de mujeres, especialmente de habla quechua, y que aún enfrenta barreras políticas y legales en su lucha por la justicia.
¿Esterilizar forzosamente no es genocidio?
La política de esterilización forzada no fue simplemente una estrategia para reducir la tasa de natalidad; se trató de un plan deliberado de control que incluyó procedimientos no consentidos y, en muchos casos, realizados bajo amenazas o manipulaciones. “Los doctores afilaban cuchillos como si fueran a matar un ternero”, relató una de las mujeres afectadas en el artículo de Mahtani, dejando en claro la violencia y la deshumanización que sufrieron las víctimas. Aunque han pasado casi tres décadas desde los primeros casos, el Estado peruano aún no ha cumplido con su responsabilidad de investigar adecuadamente estos crímenes ni de compensar a las mujeres afectadas. El Cedaw afirma que la magnitud de estos hechos, como casos de esterilizar forzosamente a mujeres por su etnia o nivel económico, constituye un crimen de lesa humanidad y señala a las autoridades actuales la urgencia de cumplir con las obligaciones de justicia y reparación.
Para las afectadas, esta situación ha sido especialmente dolorosa. María Elena Carbajal, una de las demandantes y líder en la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao, recuerda que fue sometida a la esterilización tras el nacimiento de su cuarto hijo en 1996. Sin información ni consentimiento, fue obligada a decidir entre realizar a la operación o perder el acceso a su recién nacido. Tras la intervención, su vida se desmoronó: su esposo la abandonó, y la vergüenza la acompañó por muchos años. “Siento mucha vergüenza. Tardé casi 20 años hasta descubrir que ni era mi culpa ni había sido yo sola”, comentó Carbajal en una de sus declaraciones. Para ella, como para muchas otras, esterilizar forzosamente tiene significado no solo una experiencia traumática, sino un estigma que afectó profundamente sus vidas personales y su dignidad.
La Casa de Pizarro evade
Desde entonces, el Estado peruano ha evadido su responsabilidad bajo diversos argumentos, algunos tan absurdos como cuestionar la intervención del Cedaw por tratarse de un organismo orientado a los derechos de las mujeres, cuando también hubo varones afectados por esta política. Leticia Bonifaz, experta del Cedaw, respondió a esta línea de defensa explicando que, aunque se afectó a varones, la desproporción en el número de mujeres esterilizadas y la naturaleza de las intervenciones convierten el caso en un acto de violencia de género. Este argumento es clave, pues define la esterilización forzada como un acto de limpieza racial: un intento de frenar el crecimiento de un grupo específico por considerarlo una carga para el Estado, una estrategia para “combatir la pobreza” mediante la restricción de la natalidad en mujeres indígenas y rurales. La abrumadora mayoría de las víctimas fueron mujeres quechuahablantes de escasos recursos, muchas de ellas analfabetas, que no recibieron ninguna explicación antes de los procedimientos.
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La campaña de esterilización tuvo sus inicios con el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado en 1996 bajo la dirección de Fujimori, y se expandió hasta el año 2000. En ese período, al menos 300.000 mujeres y 25.000 varones fueron intervenidos. Los datos son claros: la Fiscalía peruana estima que el 90% de las esterilizaciones se realizó sin un consentimiento adecuado, en condiciones de coerción, amenaza y engaño. “Muchas nos han contado que veían a otras mujeres recién operadas sangrando en el piso”, relató María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), quien ha trabajado en la recopilación de testimonios de las primeras víctimas ante la Fiscalía. Para Mogollón y muchas otras víctimas, esterilizar forzosamente fue una medida violenta que se ejecutó de manera generalizada, en un esfuerzo deliberado por reducir la tasa de natalidad en mujeres indígenas, y constituye una de las formas más crueles de discriminación que aún deja secuelas.
La Fiscalía está inundada
Actualmente, persisten cinco procesos judiciales relacionados con este caso, uno de ellos frente a la Fiscalía peruana, donde se incluyen 1.300 denuncias, además de otros 2.000 casos en espera de ser reconocidos. También existen demandas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Cedaw y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la falta de voluntad política ha retrasado enormemente el avance de estos casos. En agosto de 2024, el gobierno peruano promulgó una ley que prohíbe la persecución de crímenes cometidos antes del 1 de junio de 2002, lo cual prácticamente imposibilita la justicia en estos casos de esterilización forzada. Diversos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han advertido que dicha ley contraviene el derecho internacional y han instalado a Perú a anularla.
Las víctimas y sus representantes exigen que se les reconozca como víctimas de crímenes de lesa humanidad y que se cumplan con la justicia que llevan esperando por tanto tiempo. El silencio prolongado del Estado peruano y sus intentos por invisibilizar estos crímenes refuerzan un patrón de racismo y discriminación profundamente enraizado en la sociedad peruana. Mogollón, quien ha escuchado cientos de testimonios desgarradores de mujeres que fueron forzadas a pasar por procedimientos quirúrgicos traumáticos, sostiene que la falta de justicia es, en sí misma, una prolongación de la violencia que vivieron. Esterilizar forzosamente a miles de mujeres en el Perú, sostiene Mogollón, fue una política de terrorismo estatal que aún deja secuelas físicas y psicológicas en las víctimas.
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El fallo reciente de la Cedaw da un rayo de esperanza a estas mujeres y reconoce su lucha. No obstante, la tardanza en cumplir con las reparaciones necesarias y en avanzar en los procesos judiciales indica que el Estado peruano sigue ignorando una de las más graves violaciones de derechos humanos en su historia reciente. Las heridas están lejos de sanar; el estigma y las secuelas de la esterilización forzada acompañan a estas mujeres, quienes siguen esperando una reparación verdadera, no solo material, sino moral, en un país que ha tardado en reconocer el sufrimiento de sus comunidades indígenas y más desfavorecidas.
