En Colombia, los casos de abuso sexual en la Iglesia católica han adquirido una visibilidad cada vez mayor, a tal punto que algunos observadores se atreven a sugerir que ser pederasta y sacerdote en Colombia se ha convertido en una combinación tristemente “normal”. Aunque esta afirmación puede parecer excesiva, la constante aparición de denuncias, investigaciones y escándalos dentro de la Iglesia alimenta esta percepción en una sociedad cada vez más desconfiada de las instituciones religiosas. Los casos recientes, como el de Luis Fernando Llano Narváez, quien denunció haber sido víctima de abuso junto a sus hermanas a manos del sacerdote Darío Chavarriaga, son un reflejo de una problemática que parece no tener fin.
El reportaje que revela este oscuro panorama fue escrito por Diego Stacey, periodista de la sección Internacional de EL PAÍS, con formación en Comunicación Social por la Universidad Javeriana de Bogotá y un máster en Periodismo por la UAM-EL PAÍS. En su artículo titulado “Una denuncia señala al sacerdote Francisco de Roux de encubrir a un presunto pederasta cuando era líder de los jesuitas en Colombia”, Stacey relata cómo Francisco de Roux, una de las figuras más prominentes de la Iglesia en el país, ha sido señalado de encubrir una denuncia de abuso sexual contra ocho menores. Este caso es solo uno más en un largo historial de acusaciones que involucran a religiosos en el país.
Ser pederasta y sacerdote en Colombia ¿es normal?
El hecho de que la frase «pederasta y sacerdote en Colombia» ya no causa el mismo impacto que hace unas décadas demuestra el desgaste que este tipo de situaciones ha provocado en la opinión pública. La historia de Llano y su familia, quienes guardaron silencio por más de cuatro décadas, es desgarradora. Según lo narrado por Stacey, los abusos comenzaron en los años 70, cuando el sacerdote Chavarriaga se acercó a la familia Llano ofreciéndoles ayuda económica y una beca para estudiar en el prestigioso Colegio San Bartolomé. Llano asegura que él y sus siete hermanas fueron víctimas de un hombre en quien depositaron su confianza y que utilizó su puesto como director de estudios para cometer estos abusos en un contexto de total impunidad.
El problema con ser tanto pederasta como sacerdote en Colombia no radica únicamente en el acto delictivo, sino en el encubrimiento sistemático que, según denuncian las víctimas, realizan las propias instituciones religiosas. Francisco de Roux, entonces líder de la Compañía de Jesús en Colombia, fue señalado por los denunciantes de haber recibido una carta en 2014 relatando los abusos. Sin embargo, no se dio curso a la denuncia en la Fiscalía General de la Nación, lo que para muchos equivale a una forma de encubrimiento. Según De Roux, actuó conforme al derecho canónico y tomó medidas internas, pero eso no fue suficiente para las víctimas ni para la opinión pública.
El canónico encubrimiento
Este patrón de encubrimiento institucional no es exclusivo de Colombia. En países como Estados Unidos y Australia, las iglesias han tenido que enfrentar juicios y condenas multimillonarias debido a la protección de sacerdotes abusadores. En Colombia, sin embargo, las repercusiones legales han sido limitadas. Según el libro El archivo secreto, de los periodistas Miguel Ángel Estupiñán y Juan Pablo Barrientos, casi 600 sacerdotes han sido denunciados por abusos sexuales en las últimas dos décadas, pero solo 51 han sido condenados. La impunidad sigue siendo la norma.
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Ser pederasta y sacerdote en Colombia parece convertirse en una ecuación que rara vez resulta en justicia. El caso de Chavarriaga es emblemático. A pesar de las denuncias, el sacerdote no solo no fue procesado judicialmente, sino que continuó ejerciendo como decano en la Universidad Javeriana hasta poco antes de su muerte. En 2017, tres años después de la denuncia inicial, el sacerdote alemán Hans Zollner, cercano al Papa Francisco y defensor de la lucha contra los abusos en la Iglesia, visitó Colombia. Llano aprovechó la oportunidad para contarle lo sucedido. Zollner, según el relato de Llano, ofreció su apoyo, pero poco después le informó que la Compañía de Jesús en Colombia había accionado “en apego a la ley y al protocolo” y que no tomaría más medidas.
Con sotanas no hay justicia
Este encubrimiento institucional en la Iglesia no solo afecta la posibilidad de que las víctimas obtengan justicia, sino que perpetúa un ciclo de abuso y silencio. A lo largo de la historia de la Iglesia católica, los casos de pederastia han sido ocultados o minimizados por las propias autoridades eclesiásticas. En Colombia, la realidad no parece ser diferente. El hecho de que, De Roux, un sacerdote que ha liderado la Comisión de la Verdad del país y es una figura clave en la búsqueda de la paz, esté ahora bajo la sombra de esta acusación, subraya la gravedad del problema.
Pero, ¿qué lleva a que ser pederasta y sacerdote en Colombia se vuelva, según algunos, una «normalidad»? En parte, el poder y la influencia de la Iglesia en el país han sido históricamente muy grandes, lo que ha permitido a muchos de sus miembros operar bajo un manto de impunidad. A esto se suma el miedo y la vergüenza de las víctimas, quienes durante décadas han callado sus experiencias. En el caso de Llano y su familia, el silencio duró más de 40 años. No fue hasta 2014 que se atrevieron a hablar, cuando Llano se enteró de que otras de sus hermanas también habían sido abusadas por el mismo sacerdote.
El credo de la impunidad
Es innegable que la figura del «pederasta y sacerdote en Colombia» genera un profundo rechazo en la sociedad, pero al mismo tiempo ha sido normalizada por la cantidad de denuncias que quedan sin consecuencias. Según el reportaje de Stacey, la mayoría de los abusos denunciados en las últimas dos décadas han quedado en la impunidad. Las pocas condenas que se han logrado parecen ser la excepción en un sistema que favorece el silencio y la protección de los agresores.
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El caso de Chavarriaga ha revivido el debate sobre la capacidad de la Iglesia para autorregularse. Las canónicas internas, como las aplicadas por De Roux, no parecen ser suficientes para las víctimas ni para la sociedad en general. La falta de acción contundente por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas contribuye a la percepción de que ser pederasta y sacerdote en Colombia es, en efecto, algo “normal”. Y mientras esto no cambie, la impunidad seguirá siendo la verdadera ley que rige estos casos.
