La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un contundente veredicto, al rechazar la revisión de un fallo judicial que autoriza el remate de las acciones de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en suelo estadounidense. Esta medida tiene como objetivo destinar los fondos obtenidos a los pagos de demandas contra la República de Venezuela, derivadas de las expropiaciones masivas ejecutadas por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Venezuela perdió a Citgo, una frase que se ha vuelto ominosamente familiar en los últimos años, y que ahora, con el respaldo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, toma un giro aún más sombrío. Esta decisión judicial reafirma el camino hacia la subasta final de Citgo, programada para junio de 2024, que se ha convertido en un punto de inflexión en la tumultuosa historia de la relación entre Venezuela y su principal activo en el extranjero.
Venezuela perdió a Citgo
Desde el año 2020, el juez Leonard Stark, de la Corte Delaware, del Tercer Distrito, autorizó la venta de Citgo para que la minera canadiense Crystallex Corp pudiera cobrar la deuda que en ese momento ascendía a $1.400 millones. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de complicaciones y ha transcurrido en el telón de fondo de la agitada crisis política que atraviesa Venezuela.
Tambièn puedes leer: China destaca sus puntos sobresalientes en el ámbito de la diplomacia del país en el período 2023
El punto es que Venezuela perdió a Citgo y «hoy pasaron dos cosas, ninguna de las cuales altera el rumbo de los acontecimientos. La primera es que la Corte Suprema negó la apelación de los nuevos embargos, lo que era esperable. Lo segundo es que la Corte de Delaware resolvió algunas incidencias pendientes, conformando que todos los acreedores con medida de embargo podrán participar en la distribución de la subasta de las acciones», explica el abogado José Ignacio Hernández, quien ha estado involucrado en este caso en calidad de representante legal de Venezuela ante el sistema de justicia de Estados Unidos.
La parte de Juan Guaidó
Citgo, controlada por una junta ad hoc designada por el llamado «gobierno interino» encabezado por Juan Guaidó, ha argumentado que logró evitar la quiebra, recuperar sus capacidades operativas y reducir la deuda de la empresa. Sin embargo, también ha enfatizado que el valor de Citgo nunca será suficiente para cubrir todas las demandas que se acumulan contra la República y PDVSA por el impago de la deuda pública y las expropiaciones.
La principal beneficiaria de este expolio del principal activo del Estado venezolano en el exterior es la minera canadiense Crystallex Corp, cuya mina Las Cristinas en Guayana fue confiscada por el entonces presidente Hugo Chávez sin compensación por las inversiones realizadas en estas concesiones otorgadas por el Estado venezolano. La demanda de Crystallex se basa en una figura del derecho estadounidense conocida como el «alter ego», que sostiene que Citgo es simplemente otra cara de la República de Venezuela ante la ley. Así es como Venezuela perdió a Citgo.
La fila de acreedores es larga
Además de Crystallex, Venezuela perdió a Citgo porque al menos hay una docena de empresas acreedoras que reclaman compensaciones por expropiaciones o por deuda financiera no honrada por el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo bonos de la deuda emitidos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Estos bonos, conocidos como Bonos PDVSA 2020, hipotecaron a Citgo con un insólito rendimiento en dólares del 8,5%. A pesar de que estos bonos vencieron en 2020, su valor colateral es el 50,1% de las acciones de la empresa, lo que ha llevado a sus tenedores a demandar a la República y buscar ejecutar su hipoteca.
Sin embargo, las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos han obstaculizado cualquier intento de refinanciamiento, incluso si el régimen de Maduro hubiera deseado y podido pagar. Las demandas han vinculado formalmente a Citgo, propiedad venezolana, con las deudas de la República, desencadenando una cascada de reclamaciones que ascienden a al menos $24.000 millones, según algunas estimaciones.
Esperan por órdenes de embargo
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos aún requiere que el grupo de acreedores cumpla con la fecha límite del 12 de enero para emitir órdenes de embargo contra acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding. El Tesoro de Estados Unidos también tiene reservado el derecho de pronunciarse sobre cualquier oferta ganadora.
Las primeras empresas en la lista de acreedores que cobrarán primero son OI Glass, Huntington Ingalls, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Koch Industries y Gold Reserve. Otro grupo de cuatro acreedores, incluyendo Siemens Energy, también recibió luz verde para unirse al embargo de la petrolera.
La saga de Citgo se resume en una cruda realidad: Venezuela se encuentra en una situación de default de su deuda pública externa, que supera los 160.000 millones de dólares. Los acreedores que han ganado juicios contra la República y PDVSA están en una posición privilegiada para cobrar primero. La figura del «alter ego» en el derecho estadounidense ha sido el centro de la estrategia legal de ambas partes venezolanas, tanto chavistas como antichavistas. La ruda realidad: Venezuela perdió a Citgo.
Un escenario complicado
Citgo, hasta ahora el único activo comercial de Venezuela en el extranjero, se encuentra en el punto de mira de los acreedores. Sin embargo, la negociación de la deuda externa de Venezuela ha quedado en manos de una Asamblea Nacional electa en 2015, que actualmente carece de reconocimiento, mientras que el gobierno de Maduro sigue sin ser reconocido como presidente de Venezuela, lo que crea un complicado escenario legal y político.
Tambièn puedes leer: Uso de la Inteligencia Artificial con fines malintencionados se cuece en la dark web
Las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos han obstaculizado cualquier posibilidad de refinanciamiento, y la eliminación de la figura del presidente encargado en enero de 2023 ha creado un vacío legal en la representación de Venezuela en los procesos judiciales en curso. Las demandas de empresas expropiadas ascienden a $76.762 millones, mientras que las condenas y acuerdos de pago suman solo $19.738 millones, lo que agrava aún más la situación financiera de Venezuela.
En resumen, Venezuela perdió a Citgo, y este triste capítulo en la historia financiera del país parece estar llegando a su conclusión inevitable. La subasta de Citgo en junio de 2024 marcará un punto de no retorno en la lucha de Venezuela por mantener su principal activo en el extranjero y abordar sus deudas impagadas. Mientras tanto, el destino de Citgo y los miles de millones de dólares en juego siguen en manos de los tribunales y las decisiones políticas tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
