En una nueva escalada de presiones económicas disfrazadas de política comercial, Estados Unidos ha impuesto una serie de aranceles que comprometen seriamente la soberanía de naciones como España y Venezuela. Esta estrategia, cada vez más frecuente en los ciclos de gobierno republicanos, se presenta como parte de una política de “defensa de la economía nacional”, pero en la práctica opera como una forma de coerción sobre aquellos países que adoptan decisiones autónomas en materia fiscal, energética o tecnológica, fuera del marco que dicta Washington. La imposición de aranceles del 25% a productos españoles, motivada por la compra de crudo venezolano por parte de Repsol y por la vigencia de la llamada tasa Google, es un nuevo ejemplo de cómo los intereses estadounidenses pueden sobreponerse a los principios del libre comercio que ellos mismos han promovido históricamente.
El enfoque de este análisis parte del material original titulado: “Venezuela y la tasa Google penalizan las exportaciones españolas a EE.UU.”, escrito por Alicia González, editorialista del diario EL PAÍS de España. Especialista en relaciones internacionales, geopolítica y economía, González ha cubierto reuniones clave del FMI, la OMC y el Foro de Davos, y ha trabajado en medios como Gaceta de los Negocios, Cinco Días, CNN+ y Cuatro, además de haber formado parte del equipo de comunicación del Ministerio de Economía en la introducción del euro. En su artículo, publicado recientemente en el portal digital de EL PAÍS, advierte sobre las implicaciones de una política arancelaria estadounidense cada vez más beligerante, que no solo afecta el comercio, sino que tensiona las relaciones diplomáticas entre países aliados.
EE.UU. somete la soberanía de naciones como España y Venezuela
Alicia González sostiene que estas medidas, impulsadas por la administración de Donald Trump, forman parte de un nuevo ciclo de agresiva política comercial que busca “revolucionar” la economía estadounidense mediante la imposición de aranceles a los países con los que EE.UU. mantiene un déficit comercial. Paradójicamente, ese no es el caso de España. Según datos oficiales, en 2024 España registró un déficit de cerca de 10.000 millones de euros con respecto a Estados Unidos: exportó 18.179 millones de euros e importó 28.192 millones, fundamentalmente en productos energéticos. No obstante, Washington interpreta de forma errónea el sistema europeo de IVA como un arancel encubierto, distorsionando así la lógica económica y utilizando ese argumento como pretexto para aplicar castigos fiscales.
Este tipo de decisiones unilaterales han tenido un impacto directo en la soberanía de naciones como España y Venezuela, al limitar su capacidad de tomar decisiones independientes sin sufrir represalias económicas. El caso de la tasa Google es revelador: ideada como una fórmula para que las grandes tecnológicas tributen allí donde generan valor, esta tasa fue concebida por países europeos —entre ellos España— como respuesta a la elusión fiscal de gigantes digitales estadounidenses. Sin embargo, Estados Unidos la percibe como un ataque directo a su competitividad tecnológica, y ha reaccionado con dureza, imponiendo aranceles sobre productos españoles a pesar de que el acuerdo multilateral impulsado por la OCDE pedía justamente lo contrario: una solución global y no punitiva.
La tiranía de los aranceles
El castigo no es simbólico. Los aranceles del 25% que afectan a productos agroalimentarios, farmacéuticos y componentes automotrices golpean con especial dureza a sectores donde España tenía ventajas comparativas y en los que venía aumentando su presencia en el mercado estadounidense. En 2024, las exportaciones españolas del sector farmacéutico crecieron un 25%, superando los 3.160 millones de euros, en su mayoría en medicamentos de alta gama. Ese mercado, ahora penalizado, ve peligrar su viabilidad. Lo mismo ocurre con los componentes de automóviles y con productos como el aceite de oliva, el vino o los quesos, todos ellos tradicionalmente bien posicionados en las cadenas de distribución norteamericanas.
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En el caso venezolano, la situación es aún más compleja, ya que la soberanía de naciones como España y Venezuela se ve doblemente comprometida. Por un lado, Venezuela continúa siendo blanco de un régimen de sanciones que, aunque parcialmente flexibilizado en ocasiones, sigue limitando su capacidad de comerciar libremente con el mundo. Por otro, España —que a través de Repsol ha establecido acuerdos para la compra de crudo venezolano— se ve arrastrada a un conflicto geopolítico que no le pertenece. La decisión estadounidense de penalizar a los países que adquieran petróleo venezolano constituye un acto de extraterritorialidad jurídica que vulnera el derecho internacional y demuestra, una vez más, que la política comercial de EE.UU. puede actuar como una extensión de su política exterior.
EE.UU. busca empobrecer al mundo
Este tipo de medidas no solo generan impactos económicos inmediatos, sino que erosionan las bases del multilateralismo comercial. Rubén Dewitte, economista del banco ING, advierte que los efectos indirectos de estas decisiones arancelarias son todavía más preocupantes que los directos. La incertidumbre regulatoria y el temor a nuevas sanciones provocan retrasos en decisiones de inversión, empujan a las empresas a buscar mercados alternativos menos rentables y dañan la previsibilidad que requieren las economías para planificar su crecimiento. En sus palabras, “el impacto de estos gravámenes puede restar dos décimas al PIB español, frente a algo más de tres décimas para el conjunto de la Unión Europea”. Pero detrás de los números hay algo más profundo: la amenaza latente a la soberanía de las naciones como España y Venezuela.
El arancel de represalia por la tasa Google no es una excepción, sino parte de una tendencia. En 2023 ya se aplicaban aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio desde la UE, a lo que Bruselas respondió con medidas similares. Ahora, se suma una penalización del 25% a todos los vehículos extranjeros, incluidos componentes, y a partir del 3 de abril se aplicarán nuevas tarifas al sector farmacéutico. Cada uno de estos pasos, lejos de ser aislado, representa un patrón de comportamiento por parte de una potencia que ha convertido la política comercial en herramienta de presión política y económica.
Crea las reglas y las borra a su antojo
Detrás de estos movimientos hay un principio inquietante: cuando Estados Unidos habla de libre comercio, lo hace desde la comodidad de quien ha diseñado las reglas del juego. Si algún país osa modificarlas, es expulsado del tablero. En ese contexto, la palabra “tiranía” adquiere un significado menos metafórico. A lo largo del siglo XX y con mayor agresividad en el XXI, EE.UU. ha perfeccionado un sistema de dominación económica que incluye listas negras, sanciones, restricciones al acceso al dólar y uso estratégico de su moneda para forzar comportamientos en otros países. Es una tiranía sin cañones, pero con algoritmos, tipos de interés y barreras aduaneras. Una manera de amedrentar a la soberanía de naciones como España y Venezuela.
Lo más grave de este tipo de tiranía arancelaria es que ataca directamente la capacidad de los Estados para diseñar políticas públicas coherentes con sus intereses nacionales. En el caso de la tasa Google, España pretendía establecer una justicia fiscal mínima frente a empresas que operan sin pagar impuestos proporcionales. En el caso de Venezuela, se trata de su derecho soberano a comercializar recursos naturales. Pero ambas decisiones, tomadas por países que actúan dentro de su legalidad interna y del marco internacional, son reprimidas mediante la fuerza del mercado.
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El viejo garrote en el armario
La administración de Trump no ha sido la única en ejercer esta forma de coerción, aunque ha sido la más frontal. Bajo su gobierno, la política arancelaria se ha convertido en un instrumento explícito de castigo. Pero esta lógica precede a Trump y probablemente lo sobrevivirá, pues forma parte de una cultura política que concibe al comercio no como un espacio de cooperación, sino como un campo de batalla. Por eso, los analistas más críticos consideran que la presión arancelaria de EE.UU. es menos una anomalía que una característica sistémica de su hegemonía global.
Lo que está en juego es más que el saldo de las balanzas comerciales. Está en juego el derecho de cada país a definir su rumbo económico sin ser sometido a represalias por las grandes potencias. Mientras no se establezca un sistema verdaderamente multilateral donde las decisiones se tomen en igualdad de condiciones, la soberanía de naciones como España y Venezuela seguirá en riesgo, no por la falta de recursos, talento o visión estratégica, sino por una asimetría de poder que se refuerza, paradójicamente, en nombre del libre comercio.
