República Dominicana ocupa el primer lugar en libertad de prensa entre 23 países de las Américas. Es el único que alcanzó la franja «Con Libertad de Expresión» en el Índice Chapultepec 2025. Sin embargo, detrás de ese primer lugar opera una mordaza sigilosa que combina presión económica, control publicitario estatal y amenazas legislativas concretas. Nadie la proclama en voz alta. Nadie la defiende en un discurso oficial. Esa es, precisamente, su característica más peligrosa: una mordaza sigilosa no necesita decretos ni censura directa para funcionar. Actúa desde los presupuestos, desde los contratos publicitarios, desde los proyectos de ley que se debaten sin urgencia aparente. Y así, una mordaza sigilosa va erosionando lo que los índices internacionales todavía registran como libertad.
El informe que sustenta este reportaje fue publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y distribuido por la Agencia EFE con cobertura desde Miami y Santo Domingo. La SIP es el organismo de referencia en materia de libertad de prensa en el continente americano, con más de siete décadas de trayectoria en la defensa del periodismo independiente. El documento corresponde al Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, que evalúa anualmente las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas y constituye el estándar más reconocido de medición en la región.
82 puntos sobre 100: el primer lugar que esconde una advertencia que República Dominicana no puede ignorar
República Dominicana logró 82,17 puntos sobre 100 en el índice. Ese resultado la separa del resto: ningún otro país del continente alcanzó la franja superior. Sin embargo, la SIP advierte con claridad que esa posición es precaria. El informe señala que el país «vive un periodo crítico para la libertad de expresión y de prensa». No es una advertencia menor. Proviene de la organización que durante décadas documentó el asesinato de periodistas, la censura estatal y el cierre de medios en toda la región. Cuando la SIP habla de periodo crítico, lo hace desde una perspectiva comparada que pocos organismos pueden igualar.
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Google y Meta se llevaron la publicidad y el Estado llenó el vacío: cómo la dependencia económica silencia a los medios dominicanos
El mecanismo central de presión que identifica el informe es el uso discrecional de la publicidad estatal. El Estado dominicano distribuye recursos publicitarios entre los medios sin criterios transparentes ni regulación independiente. Esa discrecionalidad convierte la pauta oficial en un instrumento de control. Los medios que mantienen líneas editoriales críticas enfrentan el riesgo de perder ingresos fundamentales para su sostenimiento. La dependencia económica frente al Estado es una de las formas más efectivas y menos visibles de limitar la libertad editorial.
La fragilidad económica del sector agrava el problema. La migración de inversión publicitaria hacia plataformas globales como Google y Meta redujo los ingresos de los medios tradicionales dominicanos de forma sostenida. Según datos del Reuters Institute for the Study of Journalism, los mercados de medios en América Latina perdieron entre el 30% y el 50% de su inversión publicitaria privada en la última década. Esa tendencia golpea con más fuerza a los mercados pequeños. En ese contexto, una mordaza sigilosa no necesita prohibir nada: basta con que los medios dependan del Estado para sobrevivir.
El discurso de Abinader sobre libertad de prensa que la SIP contradice con datos y evidencia concreta
El proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) concentra las alertas más concretas del informe. La SIP señala que esta iniciativa «plantea riesgos de censura». La propuesta contempla funciones regulatorias sobre los medios que podrían derivar en mecanismos de control editorial bajo apariencia institucional. Periodistas y organizaciones del sector han protestado activamente contra el proyecto. Sus movilizaciones reflejan una conciencia gremial sobre los riesgos que implica ceder espacios regulatorios al Estado sin garantías sólidas de independencia.
El presidente Luis Abinader ha hecho de la libertad de prensa uno de los ejes de su discurso político. Su gobierno se presenta ante la comunidad internacional como un modelo de apertura mediática. Sin embargo, el informe de la SIP señala que ese discurso «se ve opacado por mecanismos de presión económica». Un gobierno puede defender la libertad de prensa en sus declaraciones y, al mismo tiempo, usar la publicidad estatal para premiar la cobertura favorable y castigar la crítica. Ese es el perfil de una mordaza sigilosa: invisible desde afuera, perfectamente funcional desde adentro.
Lo que el CPJ lleva años advirtiendo: las presiones económicas son hoy la censura más sofisticada de América Latina
Un evento significativo para la validación internacional del entorno dominicano fue la firma de la Declaración de Salta II durante la 81 Asamblea General de la SIP, celebrada en octubre pasado en Punta Cana. El documento reafirma los principios fundamentales de la libertad de expresión en las Américas. Sin embargo, firmar declaraciones internacionales y garantizar condiciones estructurales para el periodismo independiente son dos cosas distintas. El índice reconoce lo primero. Las advertencias del mismo informe cuestionan lo segundo.
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Carlos Lauría, coordinador sénior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ha señalado que las presiones económicas sobre los medios representan hoy una de las amenazas más sofisticadas a la libertad de prensa en América Latina. Su análisis coincide con el diagnóstico de la SIP: las formas más modernas de control mediático no requieren violencia ni legislación explícita. Operan a través de la dependencia, la precariedad y la incertidumbre financiera.
Liderar el índice no es suficiente: el verdadero desafío de República Dominicana está en convertir el primer lugar en una libertad real y duradera
República Dominicana lidera un índice que el resto del continente no alcanza. Ese dato merece reconocimiento. Pero el primer lugar en un ranking de libertades frágiles no es una garantía: es una responsabilidad. El informe de la SIP no cuestiona el liderazgo dominicano. Lo interpela. Le recuerda que la distancia entre ocupar el primer lugar y garantizar una prensa verdaderamente libre es exactamente el espacio donde opera, sin hacer ruido, la amenaza más difícil de combatir: aquella que no se ve, no se nombra y, sin embargo, funciona.
