El presidente Donald Trump anunció este lunes por la tarde el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional al área metropolitana de Los Ángeles, en respuesta al aumento de disturbios y protestas vinculadas a recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La decisión ha sido confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Pentágono, y marca uno de los movimientos de mayor contundencia en medio de un clima de polarización social cada vez más tenso.
“El caos no será tolerado. Vamos a restablecer el orden en nuestras calles”, declaró Trump en un comunicado emitido desde su sede de campaña en Mar-a-Lago, Florida.
Escalada tras redadas masivas del ICE
El anuncio ocurre apenas 72 horas después de que agentes del ICE realizaran una serie de redadas coordinadas en barrios latinos de Los Ángeles, deteniendo a más de 430 personas indocumentadas, según cifras oficiales entregadas por el DHS.
La operación, bautizada internamente como “Operación Restaurar Orden”, provocó manifestaciones espontáneas en Boyle Heights, Compton y el centro de L.A., derivando en enfrentamientos con la policía y más de 70 arrestos, según reportó el Los Angeles Times.
La alcaldesa Karen Bass calificó las medidas de “provocación injustificada” y exigió a la Casa Blanca “cesar la militarización de los espacios civiles”.
Tensión política: gobernadora y alcaldesa rechazan el despliegue
La gobernadora de California, Gavin Newsom, calificó la medida como “una maniobra de campaña con motivaciones políticas”, subrayando que el uso de la Guardia Nacional debe estar coordinado con autoridades estatales y no imponerse desde Washington.
“California no es un campo de guerra. La seguridad se construye con confianza, no con tropas en las calles”, afirmó Newsom en una rueda de prensa en Sacramento.
Por su parte, el Comité de Derechos Civiles de California emitió un comunicado advirtiendo sobre el “efecto paralizante que tendrá el despliegue sobre las comunidades migrantes”, generando miedo y reduciendo la cooperación ciudadana con servicios de emergencia.
Expertos alertan sobre precedentes constitucionales
El despliegue revive el debate sobre el uso de fuerzas federales en conflictos civiles. De acuerdo con la profesora Kimberly Wehle, experta en derecho constitucional en University of Baltimore y columnista de Bloomberg Opinion, este tipo de decisiones pueden tensar los límites legales del Posse Comitatus Act, que restringe la participación de militares en tareas de orden interno.
“La Guardia Nacional bajo orden federal entra en una zona gris constitucional cuando no hay solicitud expresa del gobernador. Esto plantea un precedente de intervención unidireccional desde Washington”, explicó Wehle.
Además, la analista política Amy Walter (Cook Political Report) señala que el movimiento podría consolidar apoyo electoral en estados conservadores, pero a costa de mayor tensión en regiones urbanas progresistas.
