En una maniobra que ha desatado una aguda controversia legal en los tribunales de Nueva York, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos niega licencia al gobierno de Venezuela para cubrir los honorarios del equipo legal que representa al presidente venezolano, Nicolás Maduro. La decisión, comunicada a través de una modificación de última hora a un permiso inicialmente concedido, constituye el eje central de una petición de la defensa para que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción. Según los abogados del mandatario, la OFAC, niega licencia y bloquea sistemáticamente los fondos estatales venezolanos, está interfiriendo directamente con un derecho constitucional fundamental, justo en el momento en que se impide un pago que las propias leyes venezolanas contemplan como obligación del Estado. La expresión “niega licencia” se ha convertido así en el epicentro de una batalla que trasciende lo financiero y se proyecta hacia el terreno constitucional y geopolítico.
La licencia que se concedió y se revocó en cuestión de horas
La información sobre este complejo entramado legal y político fue revelada inicialmente en un detallado informe de The Washington Post y confirmada por el abogado principal de Maduro, Barry J. Pollack, integrante del bufete Harris St. Laurent & Wechsler LLP, ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein. Pollack, con trayectoria en litigios federales de alto perfil, presentó una declaración jurada en la que documenta lo que califica como una interferencia sin precedentes del poder ejecutivo en un proceso penal en curso.
Según el escrito judicial, el 9 de enero la OFAC otorgó una licencia que permitía al gobierno venezolano sufragar los honorarios de la defensa. Sin embargo, apenas tres horas después, la autorización fue modificada para eliminar la posibilidad de que Maduro recibiera fondos estatales, manteniendo intacta, en cambio, la licencia que permite a Cilia Flores financiar su representación. Para la defensa, esta alteración abrupta rompe la expectativa legítima bajo la cual se contrató al equipo jurídico y compromete la preparación técnica del caso.
Operación “Determinación Absoluta”: el punto de quiebre geopolítico
El trasfondo de esta disputa se remonta a la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron la operación denominada “Determinación Absoluta” en Caracas. De acuerdo con declaraciones oficiales del secretario de Defensa, la acción incluyó bombardeos selectivos sobre instalaciones estratégicas y culminó con el secuestro y traslado de Maduro y Cilia Flores a territorio estadounidense.
Fuentes del Pentágono estimaron que al menos 140 personas fallecieron durante la incursión, mientras organizaciones independientes elevaron la cifra y cuestionaron la proporcionalidad de la operación. Desde entonces, el mandatario venezolano permanece recluido en Nueva York, enfrentando cargos federales por narcotráfico y corrupción en un proceso que ahora se ve condicionado por la disputa sobre el financiamiento de su defensa.
La operación generó reacciones diplomáticas inmediatas en la región. Diversos gobiernos latinoamericanos expresaron preocupación por el impacto sobre el principio de soberanía, mientras sectores políticos estadounidenses defendieron la acción como una operación de aplicación de la ley. Este contexto convierte la negativa de la OFAC en un elemento adicional dentro de un conflicto de alcance hemisférico.
La Sexta Enmienda bajo presión: sanciones versus derecho a defensa
En su comunicación al juez Hellerstein, Pollack argumenta que la decisión administrativa entra en colisión directa con la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho del acusado a contar con la asistencia letrada de su elección. El trato diferenciado entre Maduro y Flores, sostiene la defensa, carece de lógica jurídica coherente y sugiere una motivación extraprocesal.
Expertos en derecho internacional y sanciones financieras han comenzado a examinar el precedente. Peter Harrell, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, ha señalado que la OFAC posee amplia discrecionalidad para emitir o revocar licencias, pero que la rapidez y selectividad del cambio en este caso resulta inusual. Datos públicos muestran que en el último trimestre la agencia emitió múltiples licencias generales relacionadas con el sector energético venezolano, lo que contrasta con la negativa específica en materia de honorarios legales.
Organizaciones de derechos humanos han recordado que los derechos procesales no dependen de la naturaleza de los cargos ni del perfil político del acusado. Aunque no se pronuncian sobre la culpabilidad o inocencia de Maduro, subrayan que cualquier interferencia que afecte la capacidad de preparar una defensa adecuada puede erosionar la legitimidad del proceso judicial.
Una decisión administrativa con alcance hemisférico
El impacto de la decisión trasciende el ámbito judicial. Mientras la OFAC mantiene su veto al financiamiento de la defensa de Maduro, el gobierno estadounidense ha facilitado conversaciones con empresas energéticas interesadas en reactivar operaciones en Venezuela. Esta dualidad ha generado interrogantes sobre la coherencia estratégica de la política hacia Caracas.
Analistas del Atlantic Council sostienen que el litigio podría convertirse en un caso emblemático sobre los límites del poder ejecutivo en contextos de sanciones económicas. La cuestión central ya no se limita a las acusaciones penales, sino a la tensión estructural entre política exterior y garantías constitucionales dentro del sistema judicial estadounidense.
Con una audiencia programada para finales de marzo, el juez Hellerstein deberá decidir si la negativa de la licencia constituye una interferencia indebida que afecte la viabilidad del proceso. La resolución no solo determinará el curso inmediato del juicio contra Nicolás Maduro, sino que podría redefinir el alcance práctico de las sanciones cuando estas interceptan con el derecho fundamental a una defensa adecuada.
