El Congreso aprobó un ambicioso proyecto de ley dentro de la agenda de seguridad doméstica del presidente Donald Trump, que dotará a ICE de recursos sin precedentes: se asignarán aproximadamente $45 000 M para expandir la capacidad de detención y 10 000 nuevos agentes serán contratados para reforzar las operaciones de inmigración —una transformación que convertirá a ICE en la agencia policial interior más grande del país, incluso por encima del FBI.
Una entidad que trasciende sus funciones tradicionales
Según el presupuesto, el Total de fondos para DHS asciende a $170 000 M en 10 años, con ICE recibiendo $45 000 M para alrededor de 100 000 camas de detención —una cifra que prácticamente duplica la capacidad actual y prevé centros pensados tanto para adultos como familias enteras.
Cambio de enfoque: de frontera al corazón de EE. UU.
El grueso del dinero (casi el 70 %) se orientará hacia la detención y deportación en el interior del país. ICE aspira a deportar hasta un millón de personas al año, incluyendo inmigrantes sin antecedentes penales —una línea roja respecto a gobiernos anteriores. El exasesor Stephen Miller y el secretario DHS Kristi Noem promovieron la medida como imperativa para restaurar la seguridad nacional.
Tensión y temor en comunidades inmigrantes
Ya se reportan efectos devastadores: el Reino Unido Financial Times documentó un aumento de arrestos indiscriminados en ciudades como Los Ángeles, donde más del 70 % de los detenidos carece de antecedentes criminales. Ello ha detonado protestas y denuncias contra lo que se califica como un aparato policial migratorio.
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Derechos en la mira: críticas por perfil racial y due process
Expertos advierten plagas de perfil racial, burocratización judicial y violaciones al debido proceso. La ACLU sostiene que este gasto privilegia la seguridad sobre salud, educación y asistencia social, y critica la militarización de ICE como un peligro para las garantías civiles.
Obstáculos logísticos y costos ocultos
El desembolso tendrá que superar retos operativos: infraestructuras obsoletas, sobrecarga de personal y costes ocultos de mantenimiento. Expertos señalan que la expansión requerirá años para ser funcional, lo que podría limitar el impacto inicial del gigantesco presupuesto.
