En múltiples regiones del mundo, la criminalización de las ONG ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una estrategia política recurrente. Gobiernos enfrentados a crisis internas, presiones migratorias o tensiones geopolíticas han encontrado en la sociedad civil organizada un blanco funcional. Desde el Mediterráneo hasta Europa del Este y Asia Central, organizaciones humanitarias y de derechos humanos han sido señaladas como amenazas, acusadas de injerencia extranjera, desestabilización o incluso colaboración con actividades ilícitas, en un contexto de polarización creciente y debilitamiento del consenso democrático.
El análisis que sirve de base a este reportaje fue elaborado por Davide Sirna, investigador en relaciones internacionales y colaborador en publicaciones europeas especializadas en política y derecho internacional. En su artículo “The Criminalization of NGOs: Political and Geopolitical Drivers”, publicado en una revista académica de estudios estratégicos, Sirna examina casos recientes en Europa y Eurasia con respaldo documental y referencias jurídicas. Con formación en ciencias políticas y experiencia en análisis de conflictos, contextualiza la tendencia dentro de una dinámica más amplia de confrontación entre Estados y sociedad civil organizada.
Cuando la sociedad civil se convierte en el enemigo conveniente
El patrón es reconocible: actores civiles que exponen deficiencias estatales o cuestionan decisiones públicas pasan a ser retratados como obstáculos para la soberanía. Instituciones como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) han documentado que entre 2015 y 2023 más de 60 países introdujeron leyes que restringen la financiación extranjera o amplían la supervisión administrativa sobre ONG. Estas reformas, aunque justificadas en nombre de la transparencia, han derivado en auditorías selectivas, campañas de descrédito y procesos penales que reducen el margen operativo de las organizaciones. Diversos analistas coinciden en que la construcción de un “enemigo interno” fortalece la cohesión política en momentos de desgaste gubernamental.
Migración, soberanía y el choque entre asistencia y control estatal
Uno de los escenarios más visibles es la gestión migratoria en el Mediterráneo. En Grecia, durante 2021, varios trabajadores humanitarios fueron procesados bajo acusaciones de facilitar la migración irregular y espionaje. Organizaciones como Amnistía Internacional calificaron los cargos de desproporcionados, señalando que la acción humanitaria estaba siendo confundida con delito. Según la Agencia de la Unión Europea para el Asilo, ese año se registraron más de 630.000 solicitudes en territorio comunitario, lo que incrementó la presión política sobre gobiernos nacionales. En este contexto, determinadas ONG fueron presentadas como actores que interferían en la política migratoria, alimentando un discurso de defensa soberana frente a supuestas interferencias externas.
El fenómeno se replicó en Hungría. El gobierno de Viktor Orbán impulsó legislación conocida como “leyes Soros”, que imponía obligaciones de registro y sanciones penales a entidades que apoyaran la migración irregular. La Comisión Europea consideró que tales disposiciones vulneraban principios fundamentales del derecho comunitario, iniciando procedimientos de infracción. La figura del filántropo George Soros fue convertida en símbolo de influencia extranjera, mientras el partido Fidesz consolidaba una narrativa de protección nacional. El Parlamento Europeo advirtió en informes de 2022 un deterioro sistemático del espacio cívico en el país.
La etiqueta de “agente extranjero”: del discurso político a la arquitectura legal
En Rusia, la llamada “ley de agentes extranjeros” aprobada en 2012 obligó a organizaciones financiadas desde el exterior a registrarse bajo esa denominación, con consecuencias reputacionales y legales significativas. Tras la invasión de Ucrania en 2022, el Ministerio de Justicia ruso amplió la aplicación de esta norma, afectando no solo a ONG sino también a medios independientes y activistas. Según Human Rights Watch, más de 200 organizaciones fueron incluidas en registros oficiales que limitan su capacidad operativa. El Kremlin defendió estas medidas como instrumentos para proteger la seguridad nacional frente a injerencias occidentales, consolidando una narrativa de confrontación geopolítica.
En otros contextos de conflicto, la tensión adopta formas marítimas y diplomáticas. La interceptación de embarcaciones civiles que transportaban ayuda humanitaria generó controversias jurídicas basadas en interpretaciones divergentes del derecho internacional del mar y del Manual de San Remo. Autoridades estatales justificaron determinadas acciones bajo argumentos de seguridad, mientras organizaciones participantes alegaron el amparo de convenciones internacionales. Expertos en derecho internacional subrayan que estos episodios evidencian la fragilidad del equilibrio entre seguridad estatal y protección humanitaria, especialmente cuando la narrativa oficial convierte la asistencia en sospecha.
El costo democrático de cerrar el espacio cívico
La criminalización no siempre adopta forma penal. También incluye restricciones administrativas, congelación de fondos y limitaciones a la participación pública. En Afganistán, tras el retorno de los talibanes al poder, se prohibió a mujeres trabajar en ONG nacionales e internacionales, una decisión que Naciones Unidas advirtió podría afectar a millones de personas dependientes de asistencia. Estos movimientos muestran cómo los cambios de régimen pueden redefinir abruptamente la relación entre poder político y sociedad civil, reduciendo la pluralidad democrática.
Académicos especializados en gobernanza sostienen que la reducción del espacio cívico responde a una lógica de cohesión interna frente a amenazas percibidas. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que limitar la acción de organizaciones independientes impacta negativamente en la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza institucional. Países con menor pluralismo tienden a registrar mayores niveles de corrupción y menor participación ciudadana, según indicadores comparativos internacionales.
En perspectiva global, la criminalización de las ONG plantea interrogantes estructurales sobre el equilibrio entre soberanía y derechos fundamentales en un orden mundial en transformación. Si bien los Estados conservan la potestad de regular actividades en su territorio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insiste en que tales regulaciones deben respetar estándares de proporcionalidad, legalidad y debido proceso. El avance de marcos restrictivos podría profundizar la brecha entre autoridades y ciudadanía organizada, debilitando redes de cooperación transnacional en un momento marcado por conflictos armados, crisis climáticas y desplazamientos masivos. Convertir a la sociedad civil en adversario estratégico no solo redefine la política interna, sino que reconfigura la arquitectura misma de la gobernanza global.
