En la compleja trama de la economía y la política venezolana, el Estado ha emergido no solo como un agente regulador tradicional, sino como un empresario dominante, cuya eficiencia parece concentrarse más en el ámbito del control social que en la promoción de un desarrollo económico sostenible y diversificado. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Venezuela, pero ha alcanzado en este país una dimensión particularmente notoria en las últimas décadas, marcadas por el ascenso al poder del chavismo y la consolidación de un modelo político y económico que, pese a sus promesas iniciales de equidad y justicia social, ha derivado en una realidad de estancamiento económico, desinstitucionalización y control autoritario.
El material que sustenta este análisis proviene de un diálogo entre Hugo Prieto, periodista venezolano, escritor y entrevistador destacado del portal Periodismo de Profundidad promovido por PRODAVINCI, y Luis Zambrano Sequín, profesor titular e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. En una conversación titulada: “Luis Zambrano Sequín: ‘Hay decisiones en materia fiscal que quedan en el aire’”, Zambrano Sequín despliega su vasto conocimiento económico, fruto de una carrera consolidada con estudios en la Universidad Central de Venezuela, un doctorado en Economía por la Universidad Católica Andrés Bello, y una amplia experiencia como profesor y académico.
El dinero de Venezuela
Venezuela, en palabras de Zambrano Sequín, se ha caracterizado por una gestión fiscal orientada primordialmente a la recaudación de ingresos destinados a financiar el gasto gubernamental central y de un amplio sector público. Este papel del Estado como empresario se intensificó con las nacionalizaciones durante la presidencia de Hugo Chávez y la creación de empresas comunales, cooperativas y de colectivos a lo largo del país. Financiadas en gran medida por el boom petrolero entre 2004 y 2014, estas empresas no dependían de impuestos internos o contribuciones ciudadanas, sino de una sustancial transferencia de recursos del exterior, lo que mantenía relativamente baja la presión tributaria interna.
La bonanza petrolera permitió al Estado venezolano una distribución de la renta petrolera con poco esfuerzo por capturar y distribuir eficientemente esos recursos, consolidando así un modelo de rentismo que alcanzó su apogeo bajo Chávez. Sin embargo, este modelo no solo se basó en el aprovechamiento de recursos naturales sino también en una expansión significativa de la educación pública y en infraestructuras clave durante las décadas de 1960 y 1970, logros que proporcionaron beneficios sociales más duraderos y visión a largo plazo, en contraste con la orientación de corto plazo del chavismo.
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Cuando el juego es cortoplacista
La falta de visión a largo plazo se ha manifestado en una gestión caracterizada por la corrupción, la desinstitucionalización y una deficiente planificación del desarrollo económico. El boom petrolero, lejos de traducirse en un desarrollo sostenible, se canalizó en gran medida hacia el consumo y las transferencias de capital marcadas por la corrupción administrativa, minando la capacidad del Estado para promover el desarrollo de nuevos mercados o sectores industriales productivos.
Este escenario ha generado un clima de incertidumbre, donde las normativas vigentes en materia fiscal y de control de precios y mercado cambiario, aunque oficialmente no derogadas, se aplican de manera irregular o quedan en suspenso, creando una atmósfera de inestabilidad que dificulta la inversión y el desarrollo económico. La dolarización de facto en Venezuela, resultado de la crisis económica y la hiperinflación, es un claro ejemplo de cómo la realidad económica se impone sobre las políticas gubernamentales, reflejando una adaptación forzosa ante la incapacidad del Estado para mantener la estabilidad monetaria.
Mantener el control social y político
En este contexto, el Estado venezolano, lejos de actuar como un agente de desarrollo y bienestar, se revela como un ente más interesado en mantener el control social y político, mediante la administración de un modelo económico que, si bien asegura la supervivencia del régimen, compromete seriamente el futuro económico y social del país. La situación actual de Venezuela, marcada por la exclusión de los mercados financieros internacionales y una profunda crisis económica y social, plantea serios desafíos para la reconstrucción del país en un marco de democracia, libertad y prosperidad económica.
La nación caribeña se enfrenta a la paradójica realidad de un Estado empresario cuya mayor productividad parece residir en la generación de control social, más que en el fomento de un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Este diagnóstico no solo plantea importantes interrogantes sobre el futuro inmediato de Venezuela, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los modelos políticos y económicos basados en el control estatal excesivo y el rentismo, en un mundo cada vez más interconectado y competitivo. La reconstrucción de Venezuela, por tanto, requerirá no solo un cambio político sino también una profunda reevaluación de su modelo económico, con un énfasis en la diversificación, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.
Economistas sin información
En este complicado escenario, la falta de transparencia y acceso a información fiable se erige como uno de los mayores obstáculos para el análisis y la comprensión de la economía venezolana. Luis Zambrano Sequín subraya la dificultad de estudiar la economía del país bajo estas condiciones, apuntando a la necesidad de recurrir a fuentes de información indirectas o a datos generados bajo supuestos y modelos teóricos. Esta situación de opacidad informativa no solo dificulta el trabajo académico y periodístico, sino que también alimenta la incertidumbre económica y social que permea a la sociedad venezolana.
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La economía venezolana, marcada por una heterogeneidad de medios de pago como el dólar estadounidense, el peso colombiano, el oro en las zonas mineras, y hasta la gasolina en ciertas áreas, refleja un panorama de caos institucional y financiero. Esta multiplicidad de monedas circulantes, lejos de ser una muestra de diversificación económica, evidencia la incapacidad del Estado para sostener una economía dolarizada oficialmente y la crisis profunda de su moneda nacional. Esta situación afecta directamente la eficiencia económica, el ahorro y la inversión en Venezuela, creando un ambiente propicio para la especulación y la inestabilidad financiera.
No hay quien preste
Por otro lado, el acceso restringido de Venezuela a los mercados financieros internacionales, agravado por el default declarado en 2017, constituye otro desafío significativo para el país. Este aislamiento financiero, producto de políticas gubernamentales y una elevada deuda externa, limita severamente las posibilidades de inversión y desarrollo económico. La necesidad de renegociar la deuda y de establecer garantías creíbles para los inversores emerge como un paso crítico para la recuperación económica, una tarea monumental dada la desconfianza generada por años de políticas erráticas y falta de transparencia.
La inversión en Venezuela se ha convertido en un acto de alta especulación, limitada a sectores que permiten una rápida liquidación de activos ante cualquier signo de crisis. Este enfoque de inversión de corto plazo, lejos de contribuir al desarrollo sostenible, refleja la percepción de riesgo y la falta de confianza en el futuro económico del país. Las decisiones de inversión se toman bajo la premisa de la incertidumbre y la volatilidad, no en la confianza en un crecimiento económico estable y sostenido, lo que subraya la profunda crisis de confianza y la visión a corto plazo que prevalece en la gestión del Estado venezolano.
