Los autodenominados defensores de las elecciones libres en Estados Unidos han asumido un papel cada vez más contradictorio: mientras que públicamente abogan por la integridad electoral, sus acciones han contribuido a crear un ambiente de desconfianza y desinformación que amenaza los mismos principios democráticos que dicen proteger. En el contexto actual, este fenómeno no es nuevo, sino que se arraiga en la historia de los Estados Unidos y en las estrategias de intimidación política que han evolucionado con el tiempo. Los recientes allanamientos y acusaciones infundadas de fraude en el estado de Texas son solo la punta del iceberg de una campaña para socavar la confianza en las elecciones. Como bien lo señaló Karen Tumulty, editora asociada de The Washington Post, estas prácticas no son una anomalía contemporánea, sino una reiteración de un patrón que se ha repetido durante generaciones.
Karen Tumulty, quien ha sido reconocida con el premio Toner a la excelencia en reportajes políticos y cuenta con una extensa trayectoria como corresponsal nacional, exploró este tema en un artículo titulado: “La histeria por el fraude electoral no es nada nuevo, como lo sabían mis antepasados inmigrantes”. La columna, publicada en The Washington Post, utiliza la historia de sus propios antepasados inmigrantes polacos en Texas para ilustrar cómo el miedo al fraude electoral ha sido instrumentalizado por décadas, generalmente con objetivos políticos y, a menudo, en detrimento de las minorías y los inmigrantes. Tumulty detalla cómo, en 1880, los miembros de una pequeña comunidad polaca fueron acusados injustamente de emitir votos ilegales, lo que resultó en un episodio de intimidación que se asemeja inquietantemente a las redadas contemporáneas ordenadas por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Defensores de las elecciones libres
Los defensores de las elecciones libres han empleado tácticas de miedo y coerción para moldear el paisaje electoral a su conveniencia. En Texas, en particular, se ha desatado una ola de operativos legales dirigidos a líderes comunitarios, candidatos y voluntarios de campaña, basados en denuncias de supuestos fraudes que casi nunca logran ser probados. Karen Tumulty resalta que esta estrategia no solo distorsiona la percepción pública, sino que también busca intimidar a votantes de minorías étnicas. En el caso de sus antepasados, que llegaron al estado desde la Alta Silesia en la Polonia prusiana, la acusación de fraude era un reflejo del resentimiento y la hostilidad hacia los inmigrantes que se rehusaban a ajustarse a las normas sociales impuestas por sus vecinos texanos. Hoy en día, la situación parece haber cambiado poco para las comunidades inmigrantes y de color, quienes siguen siendo las principales víctimas de estas tácticas.
La columna de Tumulty conecta la narrativa histórica de sus antepasados con la actual ofensiva contra los derechos de los votantes. En su caso, los inmigrantes silesios habían llegado a Texas en busca de una oportunidad para prosperar, pero en lugar de ser acogidos, fueron enfrentados con un sistema político que los veía como una amenaza. La constitución del estado permitía a los varones nacidos en el extranjero votar si cumplían con ciertos requisitos de residencia y habían declarado su intención de naturalizarse. Sin embargo, los funcionarios locales explotaron vacíos legales para despojarlos de este derecho. Esta manipulación de las reglas con fines políticos sigue siendo un problema central en el debate sobre la integridad electoral en Estados Unidos.
Texas se destaca en abusos
En la actualidad, los defensores de las elecciones libres en estados como Texas utilizan argumentos de seguridad para justificar políticas restrictivas que complican la participación electoral de las minorías. Las exigencias de identificación más estrictas y las limitaciones en los puntos de votación no son más que un reflejo moderno de las mismas tácticas que se emplearon contra los antepasados de Tumulty. En la década de 1880, el sistema electoral en Texas era público, es decir, cada votante podía ver cómo los demás votaban. Esta falta de secreto en las urnas facilitaba la identificación de los votantes indeseables y permitía a las autoridades ejercer presión sobre ellos, acusándolos de votar de forma ilegal o manipulando el proceso para desalentarlos de participar.
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Las consecuencias de estas prácticas fueron devastadoras. Karen Tumulty relata cómo cinco o seis silesianos fueron señalados como culpables, a pesar de cumplir con las normas establecidas para votar. La historia se volvió más turbia cuando uno de ellos, Karl Zigmond, presentó documentos que demostraban su legalidad para votar, incluyendo su pasaporte y papeles de naturalización. Sin embargo, una investigación reveló que las actas oficiales del tribunal de distrito, donde se registraban los procedimientos de naturalización de unos 300 inmigrantes, estaban en blanco. Esto sugería que el verdadero fraude no fue cometido por los votantes, sino por los propios funcionarios locales que alteraban el registro para mantener el control político.
La era de Jim Crow
Este incidente histórico resuena con las acciones contemporáneas de los defensores de las elecciones libres. Las redadas y acusaciones de Ken Paxton no han arrojado evidencia sólida de fraude, pero sí han creado un ambiente de miedo y sospecha que socava la participación democrática. Los críticos, como señala Tumulty, ven en estas tácticas una forma de intimidación política que recuerda a la era de Jim Crow, cuando las leyes y prácticas discriminatorias se utilizaron para restringir el acceso de los afroamericanos a las urnas. El “fraude electoral” se convierte en un término flexible que justifica casi cualquier medida restrictiva, desde purgas en los registros de votantes hasta la criminalización de simples errores en el proceso de registro.
El problema de fondo, entonces, no es la integridad de las elecciones, sino quién controla el acceso a la votación. En un país donde la demografía está cambiando rápidamente, los “defensores de las elecciones libres” parecen más interesados en preservar su dominio político que en garantizar que cada ciudadano tenga la oportunidad de votar. Esta contradicción es precisamente lo que hace que estas políticas sean tan peligrosas. No se trata de proteger el voto, sino de proteger el poder. Al igual que en el caso de los silesianos de 1880, las leyes se interpretan de manera selectiva para excluir a aquellos que podrían alterar el equilibrio político.
Noviembre está al lado
Las palabras de Tumulty cobran un matiz especial en el contexto de las próximas elecciones, donde se espera que el papel de los defensores de las elecciones libres continúe expandiéndose. Aunque se presentan como los guardianes de la democracia, sus esfuerzos por endurecer las leyes electorales y deslegitimar a quienes se oponen a sus métodos indican lo contrario. La historia nos ha enseñado que cuando el fraude se utiliza como arma política, son los mismos guardianes quienes terminan socavando los cimientos de las instituciones democráticas. El legado de los silesianos de Texas y de otros grupos minoritarios es un recordatorio de que la democracia no se mide por las palabras, sino por las acciones de quienes la defienden.
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En última instancia, el reportaje de Karen Tumulty sirve como una advertencia de que la obsesión por el fraude electoral puede llevar a abusos sistemáticos y a la erosión de los derechos civiles. La historia se repite y los defensores de las elecciones libres continúan utilizando el miedo como herramienta para moldear el panorama electoral. La verdadera amenaza para la democracia no viene de los supuestos votos ilegales, sino de quienes se valen de ese temor para socavarla desde dentro.
