República Dominicana ha iniciado lo que muchos ya describen como una purga para repatriar a miles de ciudadanos haitianos cada semana. La medida, que fue anunciada el pasado 2 de octubre por el gobierno dominicano, busca expulsar hasta 10.000 indocumentados semanalmente, un plan que ha sido duramente criticado tanto a nivel local como internacional. Desde entonces, escenas de arrestos masivos, redadas en barrios populares y detenciones en lugares de trabajo se han convertido en parte del paisaje habitual de varias provincias y la capital, Santo Domingo. Esta operación, que implica a diferentes cuerpos de seguridad y el uso de tecnología de vigilancia, ha sido defendida por el gobierno como un esfuerzo necesario para enfrentar la supuesta crisis migratoria y reducir el “exceso de población migrante”, mayormente de origen haitiano, en el territorio dominicano.
El reportaje original de este suceso fue firmado por Leire Ventas, corresponsal en Los Ángeles para BBC Mundo, bajo el título: “Se lo llevaron como a un animal: la deportación a gran escala de haitianos en República Dominicana y las críticas que despierta”. Ventas, con su larga trayectoria como periodista especializado en temas de derechos humanos y migración, desarrolló un complejo entramado de tensiones políticas y sociales entre dos naciones fronterizas. Su trabajo, alojado en el portal de la BBC, retrata la magnitud de estas deportaciones, que han sido cuestionadas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por las propias autoridades haitianas.
Una purga para repatriar haitianos
La purga para repatriar ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre en la comunidad haitiana residente en República Dominicana. Muchos de ellos, pese a tener documentación en regla o estar en proceso de regularización, han reportado haber sido detenidos arbitrariamente. “Me detuvieron mientras caminaba. No pude ni siquiera mostrar mis papeles, y aun así me llevaron”, declaró un ciudadano haitiano al diario local Hoy, prefiriéndose mantenerse en el anonimato por temor a represalias. La suya fue una de las 1.100 detenciones que se realizaron en un solo día, concentradas en puntos estratégicos del Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Altagracia. Escenas similares fueron captadas por reporteros de la agencia española de noticias EFE en el centro de recepción de migrantes de Haina, donde en un solo día llegaron seis camiones repletos de personas para ser trasladadas directamente a la frontera.
La respuesta de las autoridades dominicanas ha sido firme, justificando la “purga para repatriar” con argumentos de seguridad nacional y control migratorio. El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, explicó que el objetivo es regularizar la presencia extranjera y reducir las cargas que la inmigración irregular representa para los servicios públicos. Sin embargo, organismos de derechos humanos han señalado que, de cumplirse la meta establecida, las expulsiones anuales podrían ascender a medio millón, lo que representaría un aumento significativo en comparación con los 66.000 haitianos deportados durante el primer semestre de este año. Haití, que comparte la isla La Española con República Dominicana, ha condenado enérgicamente la medida, calificándola de “inhumana” y contraria a las normas internacionales sobre derechos humanos.
Repatriaciones legales
En un intento por minimizar las críticas, el canciller dominicano Roberto Álvarez insistió en que la purga para repatriar se está llevando a cabo cumpliendo con todas las normativas internacionales y respetando la dignidad de las personas. Sin embargo, testimonios como el de Elizabeth, una haitiana cuyo esposo fue detenido en la provincia de La Romana, revelan otra realidad. Según ella, los agentes “se lo llevaron como a un animal” sin darle tiempo a mostrar la cédula de identidad que le permite residir legalmente en el país. “Está legal, pero ni siquiera lo escucharon”, contó a la agencia EFE mientras esperaba fuera del centro de detención de Haina con la esperanza de que fuera liberado en las próximas horas. Escenarios como este han generado un creciente temor entre los haitianos, muchos de los cuales ahora prefieren no salir de sus hogares.
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Las redadas y las detenciones no se limitan a aquellos que carecen de documentación. En algunos casos, incluso quienes tienen permisos de residencia vencidos o en proceso de renovación han sido arrestados. Esto ha incrementado las denuncias de abuso y arbitrariedad. “No hay manera de diferenciar quién está en proceso y quién no, así que los llevan a todos”, lamenta Denise Pichardo, directora de Caminante, una ONG de apoyo a la infancia que trabaja con menores inmigrantes en el área de Boca Chica. La falta de un protocolo claro y de un seguimiento adecuado hace que muchos haitianos terminen siendo repatriados sin que se haya verificado su estatus migratorio.
Crece la ola de xenofobia
Además del temor a ser arrestados, la purga para repatriar ha desatado una oleada de xenofobia en ciertos sectores de la sociedad dominicana. Organizaciones como La Antigua Orden Dominicana han aprovechado el contexto para avivar el discurso antiinmigrante, convocando manifestaciones frente al Palacio Nacional y exigiendo “mano dura” contra lo que denominan una “invasión haitiana”. “No estamos en 1822”, rezaba una de las pancartas que hacían referencia a la ocupación haitiana de la isla en el siglo XIX. “Queremos soluciones, no promesas”, expresó Angelo Vásquez, vocero del grupo, mientras centenares de personas coreaban consignas a favor de un mayor control fronterizo.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. La CIDH ha expresado su preocupación, subrayando que las deportaciones masivas violan el artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas. Naciones Unidas, por su parte, ha llamado a cesar las deportaciones hacia Haití, alegando que la situación en el país caribeño no garantiza un retorno seguro ni sostenible. Las bandas criminales controlan gran parte del territorio, y la violencia ha alcanzado niveles críticos. Más de 3.600 personas han muerto solo en el primer semestre del año, y el Programa Mundial de Alimentos estima que alrededor de 5,4 millones de haitianos sufren de inseguridad alimentaria.
Como lo ordenó el Presidente
Pese a esto, el gobierno dominicano se mantiene firme en su postura. Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, defendió que el operativo se realiza con “uso proporcional de la fuerza y respeto a los derechos humanos”, tal como lo desarrolló el presidente Luis Abinader en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. La colaboración entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público ha sido fundamental para coordinar las redadas en diferentes puntos del país. Según Ballester, la cifra de 10.000 deportaciones semanales no se desarrolló a la ligera, sino en base a las “capacidades operativas” del sistema de deportación.
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El trasfondo económico también es relevante. Haití es el tercer socio comercial más importante de República Dominicana después de Estados Unidos, lo que plantea un dilema para el gobierno dominicano. Por un lado, está la presión interna para frenar la inmigración, y por el otro, el temor a que las deportaciones masivas afecten las relaciones comerciales con su vecino. Sin embargo, la falta de una solución a largo plazo y la ausencia de alternativas de regularización efectivas apuntan a que este conflicto migratorio está lejos de resolverse. Mientras tanto, la comunidad haitiana en República Dominicana sigue viviendo bajo la sombra de la “purga para repatriar”, una situación que parece destinada a continuar alimentando tensiones en ambos lados de la frontera.
