El enfrentamiento entre el empresario Pablo Otero y el presidente argentino Javier Milei se ha convertido en una trama espesa de denuncias cruzadas, evasión fiscal, lobbys empresariales y batallas legales que expone los vínculos entre política, industria y poder económico. En el centro de esta guerra con Milei está el negocio del tabaco, un sector históricamente opaco que, en Argentina, todavía da pelea desde los márgenes legales y comerciales. Otero, cabeza visible de Tabacalera Sarandí, ha pasado de ser un outsider de la industria a convertirse en símbolo de la resistencia empresarial frente al programa de reformas del gobierno libertario. Su ascenso en el mercado, su estilo frontal y sus conexiones han hecho de él un protagonista incómodo para un gobierno que prometió barrer con los privilegios y que ahora lo acusa de ser uno de los emblemas de los “intereses especiales”.
Martín Sivak, historiador y periodista argentino con una reconocida trayectoria investigativa, publicó en el diario EL PAÍS de España una extensa entrevista titulada: “El Señor del Tabaco también es enemigo de Milei: una relación de odio, entre acusaciones de lavado de dinero y evasión”. En ella retrata con minuciosidad el perfil del empresario y los factores que detonaron el conflicto con el actual presidente. Sivak, doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York y autor de varios libros traducidos a múltiples idiomas, aporta contexto, fuentes y una perspectiva crítica sobre un caso que mezcla negocios turbios con pugnas de alto voltaje político.
En guerra con Milei
La historia comienza a perfilarse con nitidez en febrero de 2024, cuando Milei denuncia desde su cuenta en X (antes Twitter) que algunos sectores empresariales están torpedeando la aprobación de su ambiciosa Ley Ómnibus, el paquete legislativo con el que pretendía refundar el país desde una óptica ultraliberal. “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del Tabaco…”, escribió sin mencionar directamente a Otero, pero dejando claro a quién se refería. Para entonces, Tabacalera Sarandí ya había crecido exponencialmente amparada en medidas judiciales que le permitían vender cigarrillos a mitad de precio sin respetar el impuesto mínimo que exigía una ley aprobada en 2017. La guerra con Milei había comenzado.
Otero, que comparte con Milei no solo el año de nacimiento (1970) sino también estudios en Economía en la Universidad de Belgrano, supo desde el primer momento que era el blanco de la acusación presidencial. En su relato, se presenta como víctima de una persecución orquestada por el poder político, la competencia internacional, y hasta la embajada de los Estados Unidos. Desde su oficina en Puerto Madero, rodeado de arte, reliquias patrias y trofeos del automovilismo, Otero insiste en que las denuncias por lavado de dinero y sobornos son parte de un montaje impulsado por Massalin Particulares, filial de Philip Morris, que controla la mitad del mercado tabacalero argentino. Esta narrativa, donde él aparece como el David enfrentado a un Goliat multinacional, forma parte esencial de su estrategia de comunicación en medio de la guerra con Milei.
Más audaz que el Estado
Tabacalera Sarandí, fundada por su padre y relanzada por Otero a fines de los noventa, pasó de producir cigarritos económicos a controlar más de un tercio del mercado, según estimaciones oficiales. Su negocio prosperó bajo el diferencial del precio: vender más barato, evadir el impuesto mínimo y judicializar cualquier intento estatal por imponer regulaciones. Mientras Massalin se apegaba a la ley de precios mínimos, Otero se amparaba en fallos judiciales que calificaban de inconstitucional esa normativa. La AFIP, sin embargo, calculó que la deuda acumulada de su empresa superaba los 1.200 millones de dólares. Frente a eso, Otero responde con una lógica cortante: “Nunca lo recaudé. No le debo nada al Estado”.
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El conflicto no es solo judicial. También es político. En el Congreso, el llamado “capítulo tabaco” de la Ley Ómnibus fue eliminado gracias a las gestiones de los lobbistas contratados por Tabacalera Sarandí, entre ellos la firma Blapp, liderada por Esteban Bicarelli, que antes trabajó con Massalin. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, se convirtió en uno de los principales defensores de las pymes tabacaleras frente a las multinacionales. Otero reconoce sin pudor que la estrategia fue agitar el avispero lo suficiente para que el Poder Ejecutivo retirara el punto del debate legislativo. En ese cruce de intereses, de nuevo, resurge la guerra con Milei.
“Argentina es un país imposible de gobernar”
La figura de Otero desconcierta porque no responde al molde habitual del empresario argentino. Combina un perfil de self-made man con actitudes de outsider. Dice que no sabe con exactitud cuál es su patrimonio, pero lo estima entre 10 y 20 millones de dólares. Cuando se lo exige el periodista, llama a su contador y recibe la cifra exacta: 15,17 millones. Asegura haber votado por el libertario por convicción económica, aunque hoy -en guerra con Milei- el gobierno lo haya convertido en el enemigo número uno. Defiende al ministro Caputo y critica con dureza a los medios, a los jueces, a la oposición e incluso al sistema democrático. “Argentina es un país imposible de gobernar”, sentencia, con un habano cubano encendido en los labios.
El tabaco fue su escuela y su pasaporte. Empezó repartiendo cigarros en kioscos con su padre. Fracasó con su primera empresa. Resurgió con una inversión de 50.000 dólares. Apostó por las segundas marcas, cuando el poder adquisitivo argentino empezó a erosionarse tras los noventa. Red Point, su producto estrella, creció silenciosamente hasta convertirse en emblema de un consumo masivo que no podía pagar los precios de Marlboro. Hoy, su defensa del “precio justo” se enfrenta a las estadísticas: 45 mil muertes al año relacionadas con el consumo de tabaco. Para Otero, se trata de un prejuicio mediático. “El tabaco tiene mala prensa, pero no es la peor droga. Nadie mata por fumar un cigarrillo”.
Un hombre lleno de historias
En su relato, hay espacio para la épica personal: fracturas múltiples por accidentes en el automovilismo, blanqueos millonarios para evitar represalias fiscales, y hasta la posibilidad de instalarse en Uruguay para emprender nuevos negocios. “Mi país me está echando”, dice con tono agraviado, y adelanta planes para abrir una fábrica de autos de competición y un fondo financiero en una zona franca uruguaya. En paralelo, sus abogados en Estados Unidos le advierten que podría ser detenido si pisa suelo norteamericano. Todo esto mientras su figura pública sigue moldeándose entre acusaciones, declaraciones altisonantes y la voluntad inquebrantable de no ceder terreno. Una postura que solo alimenta el fuego de la guerra con Milei.
El conflicto, sin embargo, trasciende lo personal. El caso Otero pone en evidencia una trama más amplia sobre cómo se construyen los privilegios en la Argentina, cómo opera el lobby empresarial en las sombras del Congreso y cómo las promesas de cambio pueden chocar contra los intereses reales del poder económico. La figura del “Señor del Tabaco” revela tanto la fragilidad institucional del país como las tensiones entre lo legal y lo legítimo en un sistema donde el Estado parece no poder —o no querer— imponer reglas claras. En ese escenario, la guerra con Milei no es una anomalía: es una radiografía del modelo argentino.
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Más que una disputa puntual, este enfrentamiento representa un capítulo clave de la pulseada entre el poder político y los grupos económicos que han aprendido a moverse en los márgenes de la ley. Si Milei quiere refundar la Argentina, deberá enfrentarse a muchos más “Oteros” que operan con lógica de supervivencia en un ecosistema lleno de excepciones, cautelares, lobbies y silencios cómplices. El humo del poder, en este caso, no solo viene del tabaco: emana de un sistema que tolera y hasta premia a quienes saben jugar el juego mejor que nadie.
