El Salvador, un país conocido por su historia de conflictos internos y luchas sociales, ahora enfrenta una nueva etapa de represión bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Aunque su popularidad internacional sigue creciendo gracias a las bajas cifras de criminalidad y la promoción de una imagen de progreso, los informes de organizaciones de derechos humanos revelan un panorama sombrío: un régimen de mano dura que viola sistemáticamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Esta realidad ha puesto a El Salvador en el centro de las críticas de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, a pesar de no haber incluido al país en su lista de naciones con graves violaciones de derechos humanos, continúa alertando sobre la situación alarmante.
José Luis Sanz, corresponsal de El Faro en Washington y editor de El Faro en inglés, ha estado siguiendo de cerca esta situación. Sanz, con una trayectoria notable como director de El Faro durante siete años, ha trabajado en múltiples colaboraciones internacionales con medios como The New York Times y EL PAÍS. Recientemente, contribuyó al diario español con una entrevista a Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, titulada: “Roberta Clarke, presidenta de la CIDH: ‘Todo estado de excepción es, por definición, represivo’”. En esta pieza, Clarke expresó su preocupación por la situación en El Salvador, donde defensores de derechos humanos y periodistas temen expresar sus opiniones debido al clima represivo instaurado por el gobierno de Bukele.
En El Salvador vive el miedo
La CIDH, en su más reciente evaluación, estuvo cerca de incluir a El Salvador en el capítulo 4B de su informe anual, que agrupa a los países con las más graves violaciones de derechos humanos en las Américas. A pesar de una votación dividida que evitó este resultado, la evidencia de la brutalidad de las políticas de Bukele sigue acumulándose. Un informe publicado en julio por la organización salvadoreña Cristosal reveló la muerte de más de 200 adultos y al menos cuatro bebés en cárceles desde que se instauró el estado de excepción en 2022, sin que las autoridades hayan esclarecido ningún caso. Esta semana, la CIDH ha reiterado su exigencia para que el gobierno ponga fin a la suspensión de derechos constitucionales, que ha permitido la detención ilegal y el encarcelamiento sin pruebas de más de 80 mil personas.
El Salvador se ha convertido en un ejemplo extremo de cómo un estado de excepción puede derivar en abusos sistemáticos de poder. El gobierno de Bukele, bajo el pretexto de combatir la delincuencia y restaurar la seguridad, ha implementado medidas que han sido criticadas por organismos internacionales por su naturaleza represiva. Roberta Clarke reconoce los avances en la reducción de la criminalidad, pero cuestiona la continuidad de un régimen de excepción que, en su opinión, ha sobrepasado los límites justificados por la emergencia inicial. La presidenta de la CIDH enfatiza que “es indiscutible que hay un estado de excepción que continúa a pesar de que ya dio los resultados exitosos que buscaba”.
Jueces sin rostro y audiencias masivas
Las denuncias contra el gobierno salvadoreño incluyen la utilización de jueces sin rostro, la celebración de audiencias masivas en las que se procesan a cientos de acusados en pocos minutos, y la detención de personas sin que se les informe de los cargos en su contra. Estas prácticas han sido catalogadas como violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos por la CIDH, que señala un patrón preocupante de abuso de poder. A pesar de las críticas internas y el disenso dentro de la Comisión, Clarke insiste en que la prolongación del estado de excepción es una clara transgresión de las garantías procesales y del debido proceso.
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El Salvador ha visto cómo su estructura judicial y legal se ha transformado bajo el mandato de Bukele, quien ha utilizado su control sobre los otros poderes del Estado para legitimar sus acciones. La implementación del estado de excepción ha sido acompañada por una serie de reformas que han debilitado los contrapesos institucionales, permitiendo la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Esta erosión de la democracia ha sido una de las principales preocupaciones de la CIDH, que ha advertido sobre los riesgos de un modelo de seguridad que prioriza la represión sobre el respeto a los derechos fundamentales.
Descalificación como respuesta
A medida que la comunidad internacional observa con preocupación, el gobierno de Bukele ha respondido descalificando a los organismos de derechos humanos, acusándolos de defender a los delincuentes y de negar los logros de su gestión en materia de seguridad. Esta estrategia de confrontación ha alimentado un clima de polarización en El Salvador, donde los críticos del régimen son frecuentemente atacados y desacreditados. Clarke ha señalado que la Comisión continuará presionando al gobierno para que respete las normas internacionales de derechos humanos y ponga fin a las prácticas abusivas que se han convertido en una constante durante el estado de excepción.
El caso de El Salvador plantea preguntas inquietantes sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos. La reducción de la criminalidad ha sido utilizada por Bukele como un justificativo para la suspensión prolongada de derechos, pero los informes y testimonios indican que el costo ha sido alto. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, los juicios sumarios se han normalizado y el acceso a una defensa justa se ha vuelto una excepción en lugar de la norma. La CIDH, aunque dividida, sigue trabajando para visibilizar estos abusos y exigir que se restablezcan las garantías fundamentales en El Salvador.
Bukele es un autócrata
La situación en El Salvador refleja un patrón cada vez más común en la región, donde líderes autocráticos utilizan la narrativa de la seguridad para justificar la erosión de las libertades civiles. A pesar de las críticas y de la creciente presión internacional, Bukele mantiene su curso, consolidando un modelo de gobierno que prioriza el control y la represión sobre el diálogo y el respeto a los derechos. El reto para la comunidad internacional y para los defensores de los derechos humanos es encontrar maneras efectivas de contrarrestar estas tendencias y de apoyar a quienes, dentro de El Salvador, continúan resistiendo a un régimen que, tras su fachada de éxito, perpetra violaciones a los derechos humanos con impunidad.
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A medida que el régimen de Bukele sigue consolidándose, las voces críticas en El Salvador enfrentan un entorno cada vez más hostil, donde el miedo y la autocensura se han vuelto moneda corriente. La persecución no solo afecta a los opositores políticos, sino también a periodistas, activistas y cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar la narrativa oficial. En este clima de represión, la defensa de los derechos humanos se convierte en un acto de valentía y resistencia, destacando la urgente necesidad de una vigilancia internacional más rigurosa para proteger las libertades fundamentales que están siendo amenazadas en el país.
