Ser un defensor del medio ambiente en Colombia es casi una sentencia de muerte. La violencia que enfrentan aquellos que luchan por preservar los ecosistemas y proteger la tierra ha alcanzado niveles alarmantes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido repetidas alertas sobre el creciente riesgo que enfrentan estos defensores, particularmente en regiones dominadas por grupos armados. Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, hasta septiembre de 2023, se han documentado al menos 248 asesinatos de líderes ambientales en el país. Estos activistas, en su mayoría indígenas, afrodescendientes y campesinos, son objetivos claros para quienes ven en la naturaleza una fuente de riqueza para explotar sin reparos.
Diego Stacey, periodista de la sección Internacional de EL PAÍS, publicó recientemente un reportaje titulado “La ONU alerta del incremento de los homicidios de defensores del medio ambiente en Colombia”. Stacey, con una trayectoria que incluye su paso por el periódico colombiano El Tiempo y una sólida formación académica —Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Javeriana y Máster en Periodismo por la UAM-EL PAÍS—, ha seguido de cerca el peligro que enfrentan estos defensores. En su pieza, detalla cómo, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por reducir las cifras de asesinatos de líderes sociales, la violencia hacia los defensores ambientales no ha disminuido. El informe de la ONU que Stacey cita destaca que 44 de los homicidios ocurrieron en 2023, lo que convierte a este en el año más mortífero para los activistas ambientales en Colombia.
Defensor del medio ambiente en Colombia
El trabajo de un defensor del medio ambiente en Colombia está marcado por la valentía y, muchas veces, la desesperación. Estas personas no solo luchan contra la explotación de los recursos naturales, sino también contra la impunidad y la indiferencia de un Estado que ha sido incapaz de protegerlos eficazmente. La violencia se concentra en regiones como Cauca, Chocó y Nariño, donde los grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, controlan vastos territorios. La minería ilegal, la deforestación y la contaminación por actividades extractivas han sido los principales motores de conflicto en estas zonas. Los defensores del medio ambiente que denuncian estos crímenes se convierten, casi automáticamente, en objetivos de las bandas que operan con total impunidad.
El informe de la ONU, al que Stacey hace referencia en su artículo, ofrece un análisis detallado de la situación en el país. Entre los asesinados, 220 eran hombres, y todos ellos compartían un compromiso con la protección de la tierra, el agua y los derechos de las comunidades a vivir en un entorno limpio. Sin embargo, ese compromiso es lo que los coloca en la línea de fuego de los intereses ilegales que controlan vastas áreas del país. La representante del Alto Comisionado, Juliette de Rivero, fue clara en su denuncia: los actores armados no estatales ven a los defensores como un obstáculo en su búsqueda por enriquecerse a costa de la destrucción ambiental. Y es que, en un país como Colombia, donde la biodiversidad es tanto un tesoro como un campo de batalla, defender el medio ambiente se ha convertido en una actividad casi suicida.
Un asunto más denso
A pesar de la creciente violencia, las cifras proporcionadas por la ONU no reflejan la magnitud total del problema. Organizaciones como Global Witness han presentado estimaciones mucho más altas. Mientras que la ONU documenta 248 asesinatos desde 2016, Global Witness asegura que solo en 2023 fueron 79 los defensores del medio ambiente en Colombia asesinados. La diferencia en los números radica en los criterios de conteo; mientras la ONU solo considera aquellos casos en los que el activismo ambiental puede vincularse directamente con el motivo del homicidio, Global Witness adopta un enfoque más amplio, contabilizando a todos los líderes que han trabajado en defensa del medioambiente. Esta discrepancia subraya lo difícil que es rastrear y verificar cada una de las muertes en un país donde el acceso a la justicia es limitado y las autoridades tienen una presencia débil en las zonas más afectadas.
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La situación de los defensores del medio ambiente en Colombia es particularmente delicada en las regiones donde la presencia del Estado es mínima. En Cauca, por ejemplo, el gobierno de Petro ha intentado recuperar el control con operaciones militares como la que recientemente bombardeó una base de las disidencias de las FARC en El Plateado. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado frenar la expansión de los grupos armados. El informe de la ONU coincide con un diagnóstico emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que identifica al medioambiente como “una víctima silenciosa del conflicto armado”. Las afectaciones son múltiples: desde la deforestación masiva para abrir paso a cultivos de coca, hasta el uso indiscriminado de químicos que contaminan fuentes de agua y destruyen ecosistemas enteros.
Acuerdo de Escazú
El gobierno colombiano ha ratificado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que establece protocolos para la protección de defensores del medio ambiente. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido lenta. El informe de la ONU recomienda al gobierno que refuerce su compromiso con la protección de los activistas ambientales y que reconozca públicamente su labor. La vicepresidenta Francia Márquez, una destacada activista ambiental ella misma, ha sido una de las voces más visibles en la promoción de políticas que protejan a los defensores del medioambiente, pero su influencia se ha visto limitada por la complejidad del conflicto armado y la expansión de los grupos ilegales.
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Para los defensores del medio ambiente en Colombia, el futuro sigue siendo incierto. A pesar de la disminución en el número total de asesinatos de líderes sociales en 2023, los homicidios de activistas ambientales han aumentado en un 18.9% según la ONU. En este contexto, la esperanza reside en que el gobierno de Petro pueda fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que los defensores no estén solos en su lucha por un país más verde y sostenible. El riesgo es alto, pero para aquellos que han dedicado su vida a proteger la tierra y sus recursos, rendirse no es una opción. La lucha por el medioambiente en Colombia continúa, aunque para muchos implique pagar el precio más alto: sus propias vidas.
