El negocio del tráfico de drogas ilícitas es un negocio lucrativo que genera cientos de miles de millones de dólares al año en todo el mundo. Es tal la magnitud de este mercado que, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2019, la economía global del narcotráfico podría comprar todas las acciones de Microsoft en la bolsa.
Con estas cifras titánicas, no es de extrañar que haya quien sospeche que los Estados, lejos de combatir el tráfico de drogas, de hecho, lo controlan. La especulación ha servido para guiones de películas populares en Hollywood, para conversaciones de café y para acomodar celdas a quienes secunden como una afirmación el rumor frente a un fiscal de la justicia.
Tráfico de drogas
Las teorías de conspiración sugieren que son los propios Estados quienes dan luz verde o roja al tráfico de drogas, operando como un maestro de ceremonias de una danza global de sustancias ilegales. Según estos teóricos, no sólo están al tanto de quién entra y sale del juego, sino que saben quiénes son los grandes jugadores en sus territorios y manejan información sobre las rutas, los intermediarios, y las ganancias.
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Claramente, la naturaleza clandestina del narcotráfico hace que sea difícil obtener pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Pero, por otro lado, la historia ha demostrado que hay una línea fina entre el tráfico de drogas, la política y los intereses nacionales. Durante la guerra fría, por ejemplo, se sabe que la CIA se involucró con grupos de narcotraficantes en América Latina y el sudeste asiático para financiar operaciones encubiertas.
La doctora Helena Guzmán, historiadora especializada en conflictos globales, sostiene: «Es cierto que hay episodios históricos en los que los Estados han colaborado o al menos han hecho la vista gorda ante el narcotráfico por razones geopolíticas. Pero, de ahí a afirmar que todos los Estados controlan el flujo de drogas es un salto muy grande. La verdad suele ser más compleja y menos uniforme».
Los Estados lo desmienten
Por su parte, diversos gobiernos rechazan categóricamente estas teorías. «Nuestro objetivo ha sido siempre combatir el narcotráfico y hemos dedicado ingentes recursos para ello», declara un portavoz gubernamental de Colombia, uno de los países más afectados por el tráfico de drogas.
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Sin embargo, los teóricos conspirativos insisten en que las incautaciones y arrestos que vemos en las noticias son simplemente una cortina de humo. Argumentan que los gobiernos permiten la operación de estas redes porque representan una fuente significativa de empleo y, paradójicamente, estabilidad en regiones donde el Estado tiene poco control.
Además, según ellos, existe un «impuesto revolucionario». Es decir, los Estados obtendrían beneficios financieros directos o indirectos de la droga. Estos podrían ir desde sobornos y financiamiento de campañas políticas hasta la reinversión de las ganancias del narcotráfico en la economía legal.
Diferir es parte del juego
Pero no todos los expertos están de acuerdo. Antonio Rivera, politólogo y profesor en la Universidad de Harvard, señala: «Esta teoría, aunque tentadora para algunos, no tiene sustento en la realidad contemporánea de la mayoría de los países. Es cierto que hay corrupción y complicidad en ciertos niveles del gobierno en algunos lugares, pero generalizar esta afirmación a todos los Estados es simplista y engañoso».
Si bien es probable que nunca se llegue a un consenso sobre el grado de implicación de los Estados en el tráfico de drogas, lo que es innegable es que el narcotráfico sigue siendo un problema global. Lo que queda claro es que, mientras el consumo de drogas siga siendo una realidad, las teorías, conspirativas o no, seguirán formando parte del debate internacional.
Ejemplos de colusión
El narcotráfico ha dejado a su paso episodios evidentes de colusión entre el crimen organizado y altos estamentos gubernamentales. Un ejemplo de ello lo encontramos en México. Durante el juicio en Estados Unidos al líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en 2019, se presentaron alegatos que sugieren colusión a niveles muy altos. Según testimonios de miembros del mismo cartel, hubo pagos millonarios a funcionarios del gobierno mexicano, incluidos presidentes, para garantizar la operación del tráfico de drogas sin impedimentos.
En Afganistán, la producción de opio ha sido una fuente significativa de ingresos para diversos actores, incluidos los talibanes. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, Afganistán sigue siendo el mayor productor mundial de opio. Durante los primeros años del siglo XXI, diversos informes de Naciones Unidas indicaron un incremento sustancial en la producción, y muchas voces señalaron que el auge se debía en parte a la colusión entre productores locales, señores de la guerra y, en algunos casos, miembros corruptos del gobierno afgano.
