El neoliberalismo, una doctrina económica que resucita los principios del liberalismo económico del siglo XIX, se presenta como una contradicción intrínseca en la praxis moderna. Aunque los neoliberales abogan por la no intervención del Estado en asuntos económicos y la libertad absoluta del mercado, en la práctica, la intervención estatal es fundamental para la supervivencia del capitalismo. Esta paradoja es especialmente visible cuando el Estado, supuesto guardián del libre mercado, actúa como el principal promotor del proteccionismo que favorece al gran capital.
Luis Britto García, un reconocido escritor, historiador y ensayista venezolano, ha expuesto esta contradicción en su reciente pieza editorial titulada «Neoliberalismo contra el consenso de los pueblos», publicada en el portal de política venezolana Aporrea. Britto García sostiene que el neoliberalismo es una fachada que oculta la intervención estatal constante y necesaria para mantener las estructuras del capitalismo. Los principios neoliberales, tales como la reducción del tamaño del Estado y la privatización de servicios públicos, son en realidad desmentidos por las acciones gubernamentales que protegen y fomentan el crecimiento del capital.
El falso remedio del neoliberalismo
A lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI, el neoliberalismo ha sido promovido como la solución a las recurrentes crisis económicas. Sin embargo, cada vez que el sistema capitalista enfrenta una crisis, el Estado interviene para rescatar a las entidades financieras en quiebra y mantener el orden social. Esta intervención se realiza mediante «salvavidas de oro» que aseguran la continuidad de las operaciones capitalistas, contradiciendo la premisa neoliberal de mínima intervención estatal.
El Programa de Febrero de Eleazar López Contreras en Venezuela es un ejemplo temprano de cómo el Estado puede promover políticas proteccionistas bajo el disfraz del libre mercado. Durante su gobierno, Contreras implementó medidas que, aunque inicialmente parecían orientadas a la liberalización económica, en realidad establecieron un control estatal significativo sobre diversas industrias clave. Este patrón se ha repetido en múltiples ocasiones y en diferentes contextos, demostrando que el neoliberalismo depende del proteccionismo estatal para su funcionamiento.
La mentira del gasto público
En los países desarrollados, la intervención del Estado es proporcional al nivel de desarrollo económico. Según el informe de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) «Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017», el gasto público en los países de América Latina y el Caribe alcanza en promedio el 31% del PIB, comparado con el 41.5% en los países de la OCDE. Esta disparidad indica que los países más desarrollados utilizan una mayor proporción de su PIB para financiar la intervención estatal, esencial para el mantenimiento del sistema capitalista.
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El neoliberalismo también se ve reflejado en las políticas fiscales y tributarias. El gran capital, a menudo exento de impuestos gracias a paraísos fiscales y exenciones tributarias, deja la carga fiscal en manos de los sectores más vulnerables de la sociedad. El impuesto al valor agregado (IVA) es un claro ejemplo de cómo se traslada la carga tributaria a los consumidores, afectando desproporcionadamente a los menos favorecidos. Esta dinámica refuerza la intervención estatal en favor del capital, contradictoria con los principios neoliberales de mínima intervención.
La falacia del tamaño
La reducción del tamaño del Estado, un mantra del neoliberalismo, es otra falacia. En realidad, los países capitalistas más avanzados han creado complejos militares-industriales todopoderosos que no solo protegen los intereses del capital a nivel nacional sino también a nivel internacional. Este aparato militar coercitivo es fundamental para mantener el orden y proteger los recursos y mercados globales del capitalismo, mostrando una vez más la intervención estatal en favor del neoliberalismo.
En América Latina, la imposición del neoliberalismo ha sido particularmente brutal. En Chile, el golpe militar de 1973 contra Salvador Allende y la posterior dictadura de Augusto Pinochet implementaron políticas neoliberales mediante la represión y el control estatal. En Venezuela, el Paquete Neoliberal de 1989 desencadenó el «Caracazo», una sublevación social sofocada violentamente, resultando en miles de muertos. Estos ejemplos ilustran cómo el neoliberalismo, lejos de ser una doctrina de libertad económica, depende de la intervención estatal y la represión para imponerse.
Consenso de los Pueblos
El Consenso de Washington de 1989, promovido por el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, estableció un conjunto de políticas neoliberales que los países debían adoptar. Sin embargo, estas políticas han sido cuestionadas y rechazadas por movimientos progresistas y gobiernos revolucionarios que proponen un «Consenso de los Pueblos». Este consenso alternativo aboga por políticas fiscales y económicas que prioricen el bienestar social y el desarrollo sustentable, a menudo en directa oposición a las prescripciones del neoliberalismo.
Las políticas propuestas por el Consenso de los Pueblos incluyen la orientación de la política fiscal hacia el desarrollo social, la redirección de subsidios hacia la inversión en educación, salud y vivienda, y una reforma tributaria que grave más a los mayores ingresos y alivie la carga sobre los trabajadores. Además, se proponen tasas de interés ajustadas a políticas sociales, control estatal del tipo de cambio y del comercio, límites estrictos a la inversión extranjera directa, renacionalización de empresas y servicios públicos, y regulación integral de las actividades económicas.
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Derechos Laborales
La seguridad jurídica para los derechos de los trabajadores es otro pilar del Consenso de los Pueblos, proponiendo el estricto cumplimiento de las leyes laborales y la protección de las conquistas sociales. Este enfoque contrasta fuertemente con las políticas neoliberales que buscan flexibilizar el mercado laboral en detrimento de los derechos de los trabajadores.
La contradicción del neoliberalismo radica en su dependencia de la intervención estatal para sostener el sistema capitalista. Mientras predica la no intervención y la libertad de mercado, en la práctica, el Estado juega un papel crucial en la creación y promoción de políticas proteccionistas que favorecen al gran capital. Esta contradicción pone en evidencia las limitaciones y fallas del neoliberalismo como doctrina económica y sugiere la necesidad de alternativas que prioricen el bienestar social y el desarrollo equitativo.
Luis Britto García, con su análisis incisivo, nos invita a reconsiderar las premisas del neoliberalismo y a explorar modelos económicos que verdaderamente respondan a las necesidades de los pueblos. Su llamado al Consenso de los Pueblos es una propuesta para construir un futuro más justo y sostenible, donde el desarrollo económico esté al servicio de todos y no solo de unos pocos.
