Alemania, conocida por su robusta industria y progreso tecnológico, se encuentra en el centro de una problemática ambiental y social con profundas ramificaciones. Esta potencia europea es uno de los principales consumidores del carbón extraído de El Cerrejón, conocido como “el monstruo” por los habitantes locales, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, ubicada en el norte de Colombia. En sus 69.000 hectáreas, que equivalen a unos 100.000 campos de fútbol, se extraen anualmente cerca de 20 millones de toneladas de carbón, destinadas a saciar la demanda energética global, incluyendo la alemana.
Este apetito por el carbón ha tenido un precio elevado para comunidades como la de Greylis Pinto, quien fue expulsada por “el monstruo”. La mina, administrada por la compañía suiza Glencore desde 1995, no solo representa un gigante económico con un volumen de negocios anual de 256.000 millones de dólares, sino también un agente de desplazamiento y desolación. Hace once años, la comunidad afrocolombiana de Chancleta fue forzadamente reubicada por las autoridades colombianas para ceder espacio a la expansión de la mina. “Nuestra situación actual es lamentable. Ahora vivimos lejos de nuestro hogar, donde lo teníamos todo, especialmente seguridad alimentaria. Aquí no tenemos nada: ni agua, ni salud, ni trabajo”, relató Pinto a Deutche Welle.
El monstruo come pueblos
Pinto, junto a activistas como Carolina Matiz y Tatiana Cuenca, viaja por Europa para visibilizar la precaria situación de las comunidades afectadas por la minería en “el mosntruo”. En Nueva Chancleta, la tierra no es apta para la agricultura, el suministro de agua y gas es deficiente, y el trabajo escaseo. En 2015, el Tribunal Constitucional de Colombia reconoció que la reubicación forzosa violaba derechos fundamentales como un medioambiente sano, acceso al agua potable y a la vida. “Para que haya una transición energética justa, se deben contemplar los impactos acumulativos de estos 40 años de extracción de carbón en El Cerrejón”, señaló Cuenca.
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La región de La Guajira, donde se ubica El Cerrejón, es la más empobrecida de Colombia, con comunidades enfrentando hambre severa y una alarmante tasa de mortalidad infantil por desnutrición. El informe «¿Cerrejón siempre gana?», apoyado por Oxfam, detalla la destrucción y contaminación de ecosistemas, enfermedades respiratorias y cáncer en la población local, ataques a activistas y falta de reparaciones adecuadas tras las reubicaciones.
Los suizos se defienden
Glencore, por su parte, rechaza estas acusaciones y destaca su contribución en impuestos y programas sociales y ambientales en la región, así como sus esfuerzos en la distribución de agua potable. “Glencore está comprometido a respetar los derechos humanos de acuerdo con los principios rectores de las Naciones Unidas”, afirmó la compañía en respuesta a las acusaciones.
Matiz, de la organización CINEP, enfatiza la necesidad de visibilizar la conexión entre la minería del carbón y las violaciones de los derechos humanos, así como el rol del sector financiero europeo en este entramado. Alemania, tras el inicio de la guerra en Ucrania, ha hecho que el monstruo ruja, incrementado su importación de carbón de países como EE. UU., Australia y Colombia, con empresas energéticas como EnBW, Uniper, RWE y Steag, y el sector financiero alemán jugando un papel crucial en el negocio del carbón.
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Respeto a los Derechos Humanos
La nueva ley de cadena de suministro en Alemania, vigente desde enero de 2023, impone a las empresas la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales. “El caso de Glencore y Colombia es una prueba de fuego de cuán efectiva es la ley”, dijo Tilman Massa de Critical Shareholders. El Ministerio alemán de Economía y Protección del Clima (BMWK) reconoce las acusaciones contra Glencore y anticipa una reducción en las importaciones de carbón colombiano proveniente de “el monstruo”, alineándose con los objetivos de Alemania de eliminar gradualmente la generación de energía a carbón.
En 2034, cuando expire la concesión de Glencore en El Cerrejón, persisten dudas sobre el legado de la minería y su impacto en las próximas décadas. Claudia Kemfert, del Instituto Alemán de Investigación Económica, cuestiona la pertinencia de importar carbón de Colombia y exige mayor transparencia en estos negocios, así como un enfoque más riguroso en derechos humanos y normas ambientales en futuras transacciones energéticas, incluyendo el hidrógeno verde. «Estas transacciones ciertamente ya no son parte de una política exterior basada en valores», concluyó Kemfert.
