En un contexto global donde la responsabilidad social y ambiental de las empresas se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, la Directiva de Debida Diligencia se perfila como un instrumento clave para asegurar que las grandes corporaciones europeas cumplan con sus obligaciones éticas y legales, especialmente en regiones vulnerables como Latinoamérica.
Esta directiva, propuesta por la Unión Europea, busca imponer un marco legal que obligue a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo sus operaciones y cadenas de suministro podrían afectar los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, la esperanza de ver este proyecto convertido en ley se está desvaneciendo, ante la reticencia de algunos estados miembros de la UE a dar su aprobación.
Directiva de Debida Diligencia
La periodista Mirra Banchón, vinculada a la Deutsche Welle (DW) y con una sólida formación académica obtenida de la Universidad Católica de Quito y la Universitaet zu Koeln, ha titulado su análisis sobre este tema como “Empresas y DDHH: peligra una ley vital para Latinoamérica”. Banchón subraya la importancia de la Directiva de Debida Diligencia, conocida oficialmente como Corporate Due Diligence Directive (CSDDD), la cual ha generado expectativas significativas por su potencial para hacer responsables a las empresas europeas por los impactos de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente, tanto dentro como fuera del continente europeo. A pesar de casi dos años de debates y negociaciones, el camino hacia su aprobación parece cada vez más cuesta arriba, principalmente debido a la presión ejercida sobre los eurodiputados, lo que refleja una preocupante doble moral dentro de la Unión Europea en temas de derechos medioambientales y humanos, al menos de cara a América Latina.
La ironía de esta situación se agudiza al considerar el estancamiento de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, obstaculizado por las dudas de Europa sobre la responsabilidad ambiental de los países sudamericanos. En contraste, la falta de apoyo a la Directiva de Debida Diligencia por parte de países como Alemania, Suecia, Finlandia, Austria y posiblemente Italia, priva a regiones como Latinoamérica de una herramienta esencial para la justicia y la capacidad de responsabilizar a las empresas europeas por delitos medioambientales cometidos en su territorio.
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Responsabilidad operacional
La Directiva CSDDD representa un esfuerzo legislativo para que las corporaciones europeas de gran envergadura asuman responsabilidad por las repercusiones de sus operaciones en el medio ambiente y en los derechos humanos a nivel global. Este proyecto de ley, que debería haber sido ya aprobado, se ha visto frenado en el Consejo de la Unión Europea, transformando lo que debía ser un procedimiento burocrático en una batalla que amenaza con desvanecer los esfuerzos realizados durante años. «Después de casi dos años de negociaciones entre las instituciones europeas, y un acuerdo político logrado a finales de 2023, sería inaceptable y vergonzoso que no se aprobara», señaló Wies Willems, oficial de Políticas de Materias Primas de la organización de derechos humanos Broederlijk Delen, en una entrevista con DW.
Marc-Olivier Herman, relator para Justicia Económica en la Unión Europea de Oxfam, ilustra el impacto potencial de esta directiva con el ejemplo del derrame de petróleo frente a las costas de Perú, responsabilidad de la empresa Repsol. Bajo la Directiva de Debida Diligencia, casos como este obligarían a las empresas involucradas a asumir los costos derivados del daño ambiental causado. Este enfoque legislativo supone un cambio paradigmático en la manera en que las grandes empresas europeas se relacionan con el medio ambiente y los derechos humanos, marcando un antes y un después en la responsabilidad corporativa a nivel internacional.
Dinero, empresas y DD.HH.
Sin embargo, la disminución de la ambición inicial de la directiva, que ha pasado de incluir a unas 65.000 empresas a solamente 9.360, refleja una reducción significativa en su alcance. A pesar de ello, el impacto económico de estas empresas es considerable, y la implementación de la CSDDD, incluso en su forma reducida, podría representar un paso importante hacia un mercado europeo más responsable. La abstención de Alemania, seguida por otros países, pone en riesgo la aprobación de la directiva, ya que, sin una mayoría cualificada en el Consejo de la UE, el proyecto no puede avanzar.
Anna Cavazinni, eurodiputada alemana y presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en el Parlamento Europeo, ha destacado la importancia capital de la abstención alemana para la política europea, esperando que no signifique el fin de la legislación para las cadenas de valor de la UE. A pesar de los obstáculos, las negociaciones continúan, y la sociedad civil, tanto de Europa como de América Latina, mantiene la esperanza de una Directiva de Debida Diligencia fuerte que establezca la responsabilidad jurídica de las empresas y mejore el acceso a la justicia para comunidades y organizaciones ante tribunales europeos.
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Minerales estratégicos en América Latina
La necesidad de una legislación como la CSDDD se hace aún más evidente ante la presión por acceder a minerales estratégicos en América Latina, sin herramientas jurídicamente vinculantes para la protección de derechos humanos y el medio ambiente. La ausencia de esta directiva no solo representa un riesgo para la sostenibilidad global, sino que también cuestiona el compromiso de la Unión Europea con los principios de responsabilidad y justicia social a nivel internacional. La aprobación de esta legislación podría marcar un hito en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, ofreciendo un marco legal sólido para que las grandes empresas europeas operen de manera responsable a nivel mundial. La historia de Berta Cáceres, y el financiamiento europeo del controvertido proyecto Agua Zarca, subraya la urgencia de contar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas corporativa.
La Directiva de Debida Diligencia no solo es una herramienta necesaria, sino una urgencia que requiere atención inmediata. Aunque su aprobación no cambiará la realidad de un día para otro, establecerá un precedente crucial para la responsabilidad corporativa internacional, enfatizando la importancia de la ética empresarial en la gestión del medio ambiente y los derechos humanos. La UE, junto con sus Estados miembros, tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando su compromiso con un futuro más justo y sostenible. La resistencia encontrada en el proceso de aprobación de la CSDDD no solo desafía la credibilidad de la Unión Europea como defensora de los derechos humanos y el medio ambiente, sino que también pone en peligro la relación con Latinoamérica, una región que podría beneficiarse significativamente de esta legislación. En última instancia, la aprobación de la Directiva de Debida Diligencia es una prueba de la voluntad política de Europa para asumir su responsabilidad histórica y promover un desarrollo global que sea verdaderamente sostenible y equitativo.
