En medio de la creciente tensión internacional, Estados Unidos sigue protegiendo a Israel en medio de acusaciones de crímenes de guerra. La reciente declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de que presentará cargos contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha generado una reacción inmediata y contundente por parte de Washington. A pesar de las crecientes pruebas y testimonios que señalan posibles violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Estados Unidos ha mantenido su postura de defensa hacia Israel, lo que plantea serias dudas sobre un posible doble rasero en la política exterior estadounidense.
Este análisis se basa en el trabajo de Jess Bravin, periodista que cubre la Corte Suprema de Estados Unidos para The Wall Street Journal. Bravin, quien previamente trabajó como corresponsal de las Naciones Unidas y editor del semanario WSJ/California, ha escrito extensamente sobre temas de justicia internacional. En su reciente artículo titulado «Procesar a Netanyahu plantea riesgos para la Corte Penal Internacional», Bravin argumenta que el apoyo de Estados Unidos a la CPI, que había crecido con la investigación en Ucrania, está colapsando después de que el fiscal de la CPI apuntara a líderes israelíes. Este cambio de postura destaca las complicaciones y contradicciones en la relación de Estados Unidos con la CPI.
Doble rasero para crímenes de guerra
Durante más de 25 años, la relación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional ha oscilado entre el apoyo idealista y la hostilidad abierta. Esta dinámica ha estado marcada por un equilibrio precario, donde las necesidades políticas y diplomáticas del momento han prevalecido sobre el apoyo conceptual al derecho internacional. El anuncio de Khan de presentar cargos contra Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza ha sido un punto de inflexión. Este movimiento se produce un año después de que se emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania, lo que subraya la independencia que la CPI busca mantener.
La reacción de Washington no se hizo esperar. Senadores como Lindsey Graham y Chris Coons, quienes habían apoyado anteriormente la financiación estadounidense para la CPI, condenaron la decisión de Khan. Graham, un conocido defensor de Israel, criticó duramente al fiscal, calificándolo de «ebrio de importancia personal» y acusándolo de dañar el proceso de paz. Coons, aunque ha sido crítico con algunas operaciones israelíes en Gaza, también expresó su desaprobación, argumentando que la CPI debería ser un tribunal de último recurso y no debería atacar a líderes israelíes. Ambos senadores enfatizaron que Israel tiene un sistema legal capaz de investigar y procesar a sus propios funcionarios, lo que, según ellos, invalida la intervención de la CPI.
EE.UU. no ve las evidencias
La administración Biden también ha mostrado una postura firme en defensa de Israel. En una declaración conjunta, Biden, Graham y Coons condenaron la medida de Khan, alegando que no había equivalencia entre las acciones de Israel y las de grupos terroristas como Hamas. Esta defensa inquebrantable de Israel por parte de Estados Unidos plantea interrogantes sobre la coherencia de su política exterior, especialmente cuando se compara con su postura sobre crímenes de guerra en otros contextos, como el conflicto en Ucrania.
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La intervención de Estados Unidos para proteger a Israel no es un fenómeno nuevo. En 2020, bajo la administración Trump, se impusieron sanciones a funcionarios de la CPI, incluida la fiscal Fatou Bensouda, en un intento de disuadir la investigación de las acciones de Estados Unidos e Israel. Estas sanciones fueron ampliamente vistas como un esfuerzo para proteger a Israel de posibles consecuencias legales internacionales, subrayando la voluntad de Washington de tomar medidas drásticas para defender a su aliado.
¿Investigaciones ilegítimas?
El caso de Israel en la CPI ha estado lleno de controversias. Israel ha sido objeto de múltiples investigaciones y acusaciones de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. La CPI ha mostrado un interés particular en investigar estos posibles crímenes, lo que ha provocado una reacción vehemente de Estados Unidos. En varias ocasiones, funcionarios estadounidenses han calificado estas investigaciones de «injustas» e «ilegítimas», argumentando que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel, ya que este país no es miembro del tribunal.
La reciente decisión de la CPI de avanzar con los cargos contra Netanyahu y otros líderes israelíes ha exacerbado las tensiones. Israel ha defendido sus acciones en Gaza, afirmando que cumple con las leyes de la guerra y que busca minimizar las bajas civiles mientras persigue objetivos militares legítimos. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos y numerosos testimonios de testigos han presentado una imagen diferente, acusando a Israel de utilizar tácticas como el hambre contra civiles, lo que constituye crímenes de guerra según el derecho internacional.
Ambigüedad moral
La postura de Estados Unidos contrasta fuertemente con su apoyo reciente a la CPI en otros contextos. Hace apenas unas semanas, Washington veía a la CPI como una herramienta crucial para responsabilizar a Moscú por su invasión de Ucrania. Senadores como Graham y Coons trabajaron para asegurar la financiación estadounidense para la CPI, una medida que habría sido impensable en años recientes. Sin embargo, esta disposición a apoyar la justicia internacional parece desaparecer cuando se trata de Israel, revelando un doble rasero que socava la credibilidad de Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos.
El profesor de derecho Matthew Waxman de la Universidad de Columbia y exfuncionario de seguridad nacional en la administración de George W. Bush, señaló que los cargos de Khan «ignoran la naturaleza de esta guerra y los desafíos de derrotar a una fuerza armada incrustada en áreas densamente pobladas». Según Waxman, aunque Israel podría hacer más para facilitar la ayuda humanitaria en Gaza, estas no son obligaciones legales que justifiquen las extraordinarias acusaciones de crímenes contra la humanidad anunciadas por la CPI.
Este escenario pone en evidencia las complejidades de la política internacional y la aplicación de la justicia. La CPI, que nació con la intención de ser un tribunal independiente que podría responsabilizar a los perpetradores de crímenes de guerra y genocidio, se encuentra ahora en una encrucijada. Su capacidad para actuar de manera imparcial está siendo cuestionada, no solo por los casos que decide perseguir, sino también por las reacciones políticas que sus decisiones generan.
La justicia debe imperar
David Scheffer, quien representó a Estados Unidos en la conferencia de Roma de 1998 que dio origen a la CPI, argumenta que Khan no tenía más remedio que seguir adelante con el caso contra Netanyahu. «Para la CPI puede haber un riesgo, pero al final del día, ¿qué se supone que debe hacer la CPI?», dijo Scheffer. Este dilema resalta la difícil posición en la que se encuentra la CPI: equilibrar su mandato de justicia internacional con las realidades políticas de un mundo donde las superpotencias aún ejercen una influencia significativa.
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Mientras tanto, Mary Ellen O’Connell, profesora de derecho internacional en la Universidad de Notre Dame, advierte que la medida de Khan de solicitar arrestos por crímenes de guerra, podría tener consecuencias adversas. Según O’Connell, la acusación podría provocar que los líderes de ambos lados se atrincheren y sigan luchando, complicando aún más la posibilidad de alcanzar una solución pacífica. Esta perspectiva subraya los desafíos inherentes a la justicia internacional y el delicado equilibrio entre la búsqueda de responsabilidad y la promoción de la paz.
La postura de Estados Unidos hacia las investigaciones de la CPI sobre Israel revela una clara contradicción en su política exterior. Mientras apoya fervientemente la justicia internacional en algunos contextos, como la invasión rusa de Ucrania, se muestra renuente a permitir que esa misma justicia se aplique a su aliado cercano, Israel. Esta discrepancia plantea preguntas fundamentales sobre la coherencia y credibilidad de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos y la justicia global.
