La moderación online de contenidos en las plataformas de redes sociales ha sido un tema de intenso debate y análisis, especialmente en el contexto de la legislación y la libertad de expresión. Andy Jung, abogado asociado de TechFreedom, un grupo de expertos no partidista y sin fines de lucro enfocado en las leyes y políticas tecnológicas, aborda esta cuestión en su trabajo de opinión para The Hill titulado “La moderación de contenidos online es un ejercicio de libertad de expresión”. En este análisis, Jung destaca la importancia de la moderación de contenido como una expresión de la libertad editorial de las plataformas, en contraposición a la perspectiva que buscan promover ciertas legislaciones estatales en Estados Unidos.
Este año, la Corte Suprema está programada para emitir un fallo sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley de Florida y Texas que buscan limitar drásticamente la capacidad de las plataformas de redes sociales para moderar el contenido de los usuarios. La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la interferencia del gobierno en la discreción editorial de entidades privadas, un principio que ha guiado la libertad de expresión en el país. Sin embargo, en un intento por eludir esta protección, los opositores a las grandes tecnologías han adoptado una estrategia legal que consiste en etiquetar el discurso como conducta. Esta distinción, si es aceptada por la Corte Suprema, podría tener consecuencias negativas para todos, ya que, como argumenta Jung, permitiría un juego peligroso de restricciones recíprocas.
Moderación online es libertad de expresión
El caso de Florida v. NetChoice, que se encuentra ante la Corte Suprema, ilustra este intento de redefinir la moderación online de contenido como una cuestión de conducta en lugar de discurso. La ley SB 7072 de Florida, en particular, argumenta que regula la «conducta» de «alojar discursos de terceros», basándose en el precedente de Rumsfeld v. FAIR, un caso de 2006 donde se confirmó un estatuto federal que exigía a las facultades de derecho acomodar a reclutadores militares para recibir financiamiento del gobierno. El tribunal en ese entonces concluyó que la decisión de una facultad de derecho de permitir reclutadores en el campus no era inherentemente expresiva, regulando así la conducta y no la expresión. Florida utiliza este razonamiento para afirmar que, al alojar miles de millones de oradores y petabytes de contenido, las plataformas de redes sociales participan en actividades comerciales que pueden ser reguladas en interés público sin violar la Primera Enmienda.
Sin embargo, Jung argumenta convincentemente que la moderación de contenido es, por su naturaleza, una actividad expresiva que refleja las políticas y valores de las plataformas de redes sociales. La eliminación de contenido, la decisión de dejar cierto contenido y la presentación de contenido seleccionado a los usuarios constituyen actos de moderación que son inherentemente expresivos. Esta perspectiva es apoyada por el demandante y una multitud de amici, incluidos expertos en la Primera Enmienda, quienes reconocen la moderación de contenido como una forma de discurso.
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Una interpretación que atemoriza
La posible consecuencia de que la Corte Suprema se alinee con la argumentación de Florida es preocupante. Tal decisión abriría la puerta a un uso indiscriminado de la distinción entre conducta y discurso para promover objetivos de guerra cultural, aplicando selectivamente el precedente de Rumsfeld v. FAIR para castigar las decisiones de moderación de contenido que no favorezcan ciertos discursos. Este escenario ya se está desarrollando, como demuestran las leyes aprobadas por Florida y Texas para prevenir la eliminación de contenido conservador, así como la posición adoptada por la administración Biden en el caso 303 Creative v. Elenis, donde argumentó que ciertas regulaciones imponen solo una carga incidental a la expresión y el discurso.
Eric Goldman, un destacado experto en la Primera Enmienda y el discurso en línea, resalta la peligrosidad de este juego legal. Si las leyes de Florida y Texas sobreviven a los desafíos legales, podríamos anticipar un número infinito de demandas relacionadas con decisiones de moderación online de contenido, cada una priorizando ciertos contenidos sobre otros. Esto no solo socavaría la libertad de expresión en las plataformas de redes sociales, sino que también animaría a los legisladores a elaborar estrategias para restringir dicha libertad bajo el disfraz de regulaciones de conducta.
Gestión de RR.SS.
La moderación online de contenidos es un componente crítico de la gestión de las plataformas de redes sociales, permitiendo que estas entidades reflejen sus políticas y valores mientras proporcionan un entorno seguro y respetuoso para sus usuarios. La distinción entre conducta y discurso es fundamental en este debate, ya que determina el alcance de la libertad de expresión en el ámbito digital. Como sociedad, debemos ser cautelosos al aceptar argumentos que buscan restringir esta libertad esencial, especialmente cuando se disfrazan de regulaciones de conducta. La decisión de la Corte Suprema en los casos de Florida y Texas será un hito importante en la definición de estos límites y en la protección de la libertad de expresión en la era digital.
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La implicación de estas disputas legales y decisiones judiciales va más allá de la simple moderación de contenidos en las redes sociales; toca el corazón mismo de lo que significa la libertad de expresión en un mundo cada vez más digitalizado. A medida que navegamos por este terreno complejo, es crucial recordar que las decisiones que se tomen tendrán un impacto duradero no solo en las plataformas de redes sociales y sus usuarios, sino también en la sociedad en general. La protección de la libertad de expresión, mientras se equilibra con la responsabilidad de moderar el contenido de manera justa y no discriminatoria, es esencial para mantener el tejido de una sociedad democrática. Este debate subraya la necesidad de un diálogo continuo, una comprensión profunda de los principios constitucionales y una búsqueda incansable de soluciones que respeten tanto la libertad individual como el bienestar colectivo. La decisión pendiente de la Corte Suprema no es solo un veredicto sobre políticas específicas de moderación de contenido, sino también una declaración sobre los valores que elegimos priorizar en nuestra convivencia digital.
