La libertad de expresión no es un absoluto como en el imaginario se cree: Caso TikTok

En tiempos recientes, la discusión sobre los límites y la naturaleza de la «libertad de expresión» ha cobrado relevancia, especialmente con casos como el de TikTok en los Estados Unidos. La decisión del gobierno estadounidense de presionar a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, para que se deshaga de la aplicación o enfrente una prohibición total, ha desatado una tormenta de opiniones sobre qué constituye realmente la libertad de expresión y hasta dónde se extienden sus protecciones.

Moti Mizrahi, profesora de filosofía en el Instituto de Tecnología de Florida en Melbourne, Florida, abordó esta cuestión en su artículo para The Hill, titulado: “Prohibir TikTok no tiene nada que ver con el derecho constitucional a la libertad de expresión”. Mizrahi explica que los derechos enumerados en la Constitución de los Estados Unidos, como la libertad de expresión, son en su mayoría derechos negativos. Esto significa que estos derechos garantizan la no interferencia por parte del gobierno en ciertas actividades de los individuos; en otras palabras, el gobierno no puede impedir que los ciudadanos ejerzan estos derechos, pero esto no implica que el gobierno tenga la obligación de facilitar o apoyar la realización de estos derechos.

Acerca de la libertad de expresión

En el caso de TikTok, la controversia surge cuando un portavoz de la compañía alega que la ley propuesta violaría los «derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses». Esta afirmación, sin embargo, revela un malentendido sobre la naturaleza de la libertad de expresión. Según Mizrahi, un derecho negativo a la libertad de expresión significa que uno puede expresarse libremente sin interferencia del gobierno, pero no que el gobierno o cualquier entidad privada deba proporcionar una plataforma para esa expresión.

libertad de expresión
En el caso de TikTok, la controversia surge cuando un portavoz de la compañía alega que la ley propuesta violaría los «derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses». Esta afirmación, sin embargo, revela un malentendido sobre la naturaleza de la libertad de expresión. Ilustración MidJourney

Los derechos positivos, en contraste, implican la obligación del Estado o de terceros de proporcionar ciertos servicios o beneficios, como el derecho a la educación o a la salud. Estos derechos requieren una acción activa por parte del gobierno para ser efectivos, a diferencia de los derechos negativos que requieren una pasividad del gobierno para su cumplimiento.

Históricamente, la distinción entre derechos negativos y positivos se remonta a las teorías del contrato social y los desarrollos del estado de derecho en la modernidad. Filósofos como John Locke y Thomas Hobbes discutieron sobre el papel del gobierno en la protección de los derechos naturales del hombre, que inicialmente se concebían principalmente en términos negativos.

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Ahora estamos en contexto

La aplicación de estos principios al caso de TikTok es crucial para entender por qué la posible prohibición de la app no constituiría necesariamente una violación de la libertad de expresión como derecho negativo. El gobierno estadounidense, al regular o prohibir una plataforma digital por preocupaciones de seguridad nacional o corporativa, no está infringiendo la libertad de expresión per se, ya que no impide que los ciudadanos encuentren otros medios para expresarse.

A lo largo de esta discusión, lo que se pone de relieve es la necesidad de comprender los límites y la naturaleza de los derechos que protege la Constitución. A medida que la tecnología evoluciona y se convierte en una parte integral de nuestra expresión diaria, es posible que las interpretaciones legales y las expectativas del público también necesiten adaptarse. No obstante, el principio fundamental de que la «libertad de expresión» no equivale a la libertad de alcance, como señalan algunos expertos, sigue siendo una base sólida para la jurisprudencia actual.

Principios constitucionales y tecnologías modernas

El debate sobre TikTok no solo ilustra los desafíos de aplicar principios constitucionales a tecnologías modernas, sino que también destaca la importancia de una comprensión jurídica precisa de qué derechos están realmente garantizados bajo el marco de la libertad de expresión.

Este malentendido común sobre la naturaleza de los derechos de libertad de expresión puede llevar a expectativas exageradas sobre lo que el gobierno y las plataformas privadas deben proporcionar. En el corazón del debate sobre TikTok, yace la cuestión de si el derecho a la libre expresión incluye el derecho a tener una plataforma específica desde la cual hablar. Según la interpretación constitucional predominante, la respuesta es no. Los individuos son libres de expresarse dentro de los límites que no infrinjan la ley, pero no pueden exigir que se les proporcione un determinado medio para hacerlo.

Además, es crucial entender que, aunque TikTok es una herramienta poderosa para la expresión personal y colectiva, su prohibición no eliminaría las capacidades de expresión de las personas; simplemente cambiaría el medio a través del cual algunos eligen expresarse. La disponibilidad de alternativas sigue siendo vasta, lo que refuerza el argumento de que la libertad de expresión, como derecho negativo, no está siendo infringida.

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En el corazón del debate sobre TikTok, yace la cuestión de si el derecho a la libre expresión incluye el derecho a tener una plataforma específica desde la cual hablar. Según la interpretación constitucional predominante, la respuesta es no. Los individuos son libres de expresarse dentro de los límites que no infrinjan la ley, pero no pueden exigir que se les proporcione un determinado medio para hacerlo. Ilustración MidJourney.

Acerca de las áreas grises

La discusión también se extiende a cómo las plataformas privadas, como TikTok, manejan la expresión dentro de sus servicios. Aunque no están directamente sujetas a la Primera Enmienda, su rol en la facilitación o restricción del discurso es un área gris que frecuentemente provoca llamados a una regulación más clara. Esto plantea preguntas adicionales sobre si deberían considerarse como actores públicos, especialmente cuando alcanzan un tamaño y una influencia que rivaliza con las instituciones públicas tradicionales.

Desde una perspectiva más amplia, el caso de TikTok es un recordatorio de la complejidad del concepto de libertad de expresión en la era digital. En un mundo interconectado, donde las fronteras son menos perceptibles y las plataformas digitales tienen un alcance global, las implicaciones de cualquier regulación o prohibición son significativamente amplias. Esto no solo afecta a los ciudadanos de un país, sino que tiene un impacto global, afectando cómo y dónde la gente puede expresarse.

Por otro lado, la preocupación por la seguridad nacional y la integridad de las plataformas digitales es una realidad que no puede ignorarse. En el caso específico de TikTok, las preocupaciones del gobierno de EE. UU. se centran en la posibilidad de que los datos de los usuarios puedan ser mal utilizados por entidades extranjeras. Este es un aspecto crítico que también debe equilibrarse con los derechos de los individuos a expresarse.

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Seguridad, privacidad y derechos civiles

En última instancia, el debate sobre TikTok y la libertad de expresión ilustra la tensión entre la seguridad, la privacidad y los derechos civiles en un mundo tecnológicamente avanzado. A medida que avanzamos, será esencial que las decisiones legales y políticas se basen en una comprensión cuidadosa y matizada de los derechos implicados, asegurando que se protejan tanto la seguridad como las libertades civiles.

El diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los juristas, tecnólogos, políticos y ciudadanos, será crucial para navegar estos desafíos. Solo a través de un entendimiento compartido y el compromiso con los principios constitucionales podremos asegurar que la libertad de expresión continúe siendo un pilar de nuestra sociedad, sin convertirse en un vehículo para la explotación o el abuso.

Este caso no solo es un estudio sobre la libertad de expresión y sus límites, sino también sobre cómo interpretamos y aplicamos estos derechos fundamentales en un contexto cambiante y cada vez más digitalizado. La solución a estos dilemas no será sencilla ni inmediata, pero es imperativa para la salud de nuestra democracia y para la protección de nuestras libertades individuales.

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