La Unión Europea (UE) está dispuesta a aceptar un arancel universal del 10 % impuesto por el gobierno de Trump a sus exportaciones, a cambio de exenciones específicas para sectores estratégicos. Mientras ambas potencias negocian intensamente antes del plazo límite del 9 de julio, efectos económicos y geopolíticos se entrelazan en una negociación que podría redefinir el comercio transatlántico.
Una tregua arancelaria bajo presión de tiempo
La UE afronta una situación crítica. Si no se concreta un acuerdo antes del 9 de julio, el arancel general podría elevarse hasta el 50 %, impactando en bienes clave europeos como automóviles y metalurgia. Frente a esta amenaza, la UE se muestra dispuesta a aceptar un arancel fijo del 10 %, pero con condiciones claras.
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Exenciones como escudo estratégico
Bruselas exige exenciones para farmacéuticas, semiconductores, aeronáutica y bebidas alcohólicas, sectores esenciales para su economía . Además, busca que EE.UU. reduzca o exima aranceles previos, como el 25 % en automóviles y el 50 % en acero y aluminio.

Divisiones internas y diplomacia de alto riesgo
La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, subraya que “cualquier cambio normativo debe respetar la soberanía regulatoria de la UE”. No obstante, la Eurocámara advierte que no apoyará reformas que debiliten normas digitales, ambientales o fiscales . Alemania y Francia difieren: mientras Berlín apuesta por un cierre rápido, París alerta sobre los riesgos a largo plazo.
El componente militar como moneda de cambio
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sugirió vincular los aranceles a un aumento del gasto en defensa, preferentemente con compras de armamento estadounidense, buscando reequilibrar el déficit comercial. Esta estrategia plantea un giro significativo entre lo económico y lo militar.

Contramedidas europeas: arsenal económico
Si no se llega a un acuerdo, la UE ya contempla contratarifas por hasta €95 000 millones, dirigidas a productos estadounidenses como bourbon, soja, aviones y automóviles. También planea controles de exportación y restricciones en licitaciones públicas.