La elección directa de jueces y magistrados en México, celebrada por primera vez el pasado fin de semana, ha sido calificada como un “hito democrático” por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió recientemente el poder. La mandataria expresó que este proceso “es un ejercicio maravilloso de justicia social”, según declaraciones recogidas por N+.
Sin embargo, el entusiasmo oficial contrasta con un dato clave: la participación ciudadana apenas alcanzó entre 12% y 13%, de acuerdo con el informe preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE). La cifra ha generado una ola de análisis, debates jurídicos y cuestionamientos sobre el verdadero alcance del proceso.
El nuevo modelo: avances o retrocesos
Por primera vez en la historia reciente, la ciudadanía votó para elegir directamente a integrantes del Poder Judicial, una propuesta impulsada como parte del plan de reforma judicial del actual gobierno. Aunque fue presentada como una medida para combatir el elitismo y la corrupción en la justicia, sectores académicos y jurídicos mantienen reservas.
Pedro Salazar Ugarte, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió en entrevista con N+:
“El riesgo de politizar la justicia está presente. La baja participación también revela una falta de comprensión o confianza en el proceso”.
Participación: síntoma de apatía o falta de información
Diversas organizaciones civiles, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señalaron que la escasa difusión previa, la complejidad técnica de las candidaturas y la falta de debates públicos limitó el interés ciudadano.
Pamela San Martín, exconsejera del INE, explicó a medios nacionales:
“No basta con abrir una urna. Se requiere pedagogía democrática, información clara y candidaturas con trayectoria pública verificable”.
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Reacciones nacionales e internacionales
Desde el exterior, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observaron el proceso con cautela. En un comunicado preliminar, señalaron que la legitimidad judicial debe construirse con independencia, no sólo con participación popular.
Por su parte, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México pidió “seguir fortaleciendo la independencia del Poder Judicial como principio básico del Estado de derecho”.
