Venezuela vive un momento de definición política. La Asamblea Nacional abrió esta semana un proceso de reforma judicial sin precedentes en la historia reciente del país. AN promete transformar el sistema de justicia con un conjunto de iniciativas que buscan ampliar la capacidad institucional del Tribunal Supremo de Justicia y fortalecer la independencia del poder judicial. En ese contexto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lanzó una advertencia que resuena más allá de los salones legislativos: si los venezolanos logran ponerse de acuerdo, el extremismo perderá el espacio que hoy ocupa.
AN promete transformar el sistema de justicia, y esa promesa llega respaldada por decisiones concretas aprobadas en el hemiciclo nacional. Los cambios propuestos convierten este proceso en uno de los debates legislativos más ambiciosos del actual ciclo político. AN promete transformar el sistema de justicia como respuesta a una demanda histórica que sectores sociales, académicos y juristas han planteado durante décadas.
La reforma implica también una reorganización funcional
El reporte fue elaborado a partir de información oficial difundida por la periodista Eleonor Sánchez, de la Prensa del Ministerio del Poder Popular para la Presidencia de Venezuela, quien cubre de forma sistemática las actividades del Parlamento nacional y los procesos legislativos de mayor impacto institucional. Sánchez documenta una agenda que se aceleró notablemente en los primeros días de mayo de 2025, cuando el hemiciclo aprobó en primera discusión la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el respaldo de la mayoría parlamentaria.
La reforma propone ampliar el número de magistrados del TSJ de 20 a 32. AN promete transformar el sistema de justicia con esta expansión estructural, justificada ante la carga procesal que enfrenta el alto tribunal. Según datos manejados por el Parlamento, el TSJ tramita anualmente más de 15.000 causas en sus distintas salas, cifra que supera la capacidad operativa diseñada para una composición de apenas 20 magistrados. La reforma implica también una reorganización funcional que obligará a revisar reglamentos internos y los criterios de distribución de expedientes entre las diferentes instancias del máximo tribunal.
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AN promete transformar el sistema de justicia
La Comisión Permanente de Política Interior celebró una sesión clave el martes 6 de mayo. Los legisladores discutieron tres proyectos de ley que forman el núcleo de la reforma judicial. El primero fue la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, que concentró el mayor debate. El segundo, el proyecto de Ley de la Inspectoría General de Tribunales, propone un mecanismo de supervisión disciplinaria más robusto. El tercero, el proyecto de Ley de la Escuela Nacional de la Magistratura, busca institucionalizar la formación judicial como requisito de carrera para quienes aspiren a ejercer como jueces en Venezuela.
AN promete transformar el sistema de justicia no solo desde lo normativo, sino desde la formación de sus operadores. La creación de la Escuela Nacional de la Magistratura representa, para varios constitucionalistas, un cambio de paradigma. El economista y exlegislador Rodrigo Cabezas señaló que «un sistema judicial robusto requiere jueces con formación continua y evaluaciones de desempeño transparentes». Estudios académicos venezolanos indican que más del 60 por ciento de las sentencias anuladas en segunda instancia responden a errores de interpretación jurídica vinculados a deficiencias en la formación inicial de los jueces.
La figura del Comité de Postulaciones Judiciales es estratégica
La Comisión Preliminar de la AN publicó el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales. En total, 65 personas superaron el filtro inicial: 30 fueron seleccionadas por la sociedad civil organizada y 35 postularon por iniciativa propia. Todos cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y superaron las evaluaciones correspondientes. El Parlamento subrayó la transparencia del proceso como garantía de legitimidad democrática y como señal de apertura institucional frente a la ciudadanía.
La figura del Comité de Postulaciones Judiciales es estratégica. AN promete transformar el sistema de justicia a través de mecanismos de participación ciudadana que históricamente han tenido una incidencia marginal en la selección de magistrados. La profesora Marianela Rojas, de la Universidad Central de Venezuela, advirtió que «el proceso debe ir acompañado de audiencias públicas con amplia cobertura y mecanismos de impugnación ciudadana efectivos». La credibilidad de la reforma depende, coinciden los expertos, tanto de la solidez de sus normas como de la calidad del escrutinio que la sociedad venezolana logre ejercer sobre cada etapa del proceso.
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AN promete transformar el sistema de justicia en un escenario político complejo
Jorge Rodríguez no defendió las reformas únicamente desde el plano técnico. En declaraciones del miércoles 7 de mayo, afirmó que el Parlamento avanzará «con firmeza» en la reformulación del sistema de justicia. Pero el mensaje político más contundente fue otro: «En la medida en que nos pongamos de acuerdo los venezolanos y las venezolanas, el extremismo perderá espacio». La frase sintetiza una estrategia que busca anclar el proceso legislativo en la búsqueda de consensos, neutralizando a los sectores que se benefician de la polarización como instrumento de poder político.
AN promete transformar el sistema de justicia en un escenario político complejo. Venezuela enfrenta presiones externas, sanciones internacionales y una fragmentación opositora que dificulta la construcción de acuerdos duraderos. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha señalado que cualquier reforma judicial genuina debe garantizar la independencia del poder judicial frente al ejecutivo. Esa es, precisamente, la vara con la que observadores internacionales y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medirán los resultados del proceso recién activado en el hemiciclo.
Rodríguez insistió en que el Parlamento operará «sin improvisación»
La experiencia regional ofrece lecciones indispensables. En América Latina, los intentos de transformar sistemas judiciales han generado resultados dispares. Bolivia vivió una crisis institucional tras la reforma electoral de su órgano judicial. Colombia debatió años la Comisión de Aforados sin alcanzar consensos estables. Argentina enfrentó tensiones profundas al intentar ampliar el número de miembros de su Corte Suprema. Venezuela deberá navegar esas tensiones con precisión si pretende que su reforma sea percibida como modernización institucional y no como un ajuste de poder con ropaje jurídico.
AN promete transformar el sistema de justicia en un proceso que, según sus impulsores, no se detendrá. La agenda prevé continuar la consulta pública con foros regionales en las próximas semanas. Rodríguez insistió en que el Parlamento operará «sin improvisación». El ritmo de los trabajos legislativos sugiere que la AN entiende que la legitimidad de esta reforma depende tanto de sus resultados normativos como de la percepción ciudadana sobre su imparcialidad. Venezuela aguarda el desenlace de una apuesta que marcará el rumbo institucional del país durante los próximos años.
