La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA‑TCP) ha lanzado una fuerte acusación contra la ONU, tras denunciar el pasado lunes 30 de junio la retención forzosa de 18 niños venezolanos en Estados Unidos. El bloque exige que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, actúe de manera urgente, calificando el hecho como un “secuestro institucionalizado” y señalando un silencio cómplice que debilita la credibilidad del sistema multilateral.
Un clamor por justicia y reunificación familiar
ALBA‑TCP subraya el «dolor y angustia» que sufren estas familias, separadas sin una causa judicial, violando el derecho internacional, humanitario y la Convención sobre los Derechos del Niño. El presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, calificó la práctica de “barbarie” y reafirmó: “migrar no es un crimen”.
Silencio de la ONU, aval de la impunidad
Los países ALBA‑TCP reprochan el silencio de Volker Türk, líder de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, denunciando que esta inacción validaría la impunidad de EE.UU., lo que erosiona el prestigio del sistema multilateral. Exigen que la ONU actúe “con objetividad, imparcialidad y profesionalidad”, rescate a los menores y restablezca el principio de unidad familiar.
Un patrón preocupante en política migratoria
Este caso recuerda al secuestro de Maikelys Espinoza, años atrás, que permaneció en EE.UU. disponible para patrocinio hasta que fue repatriada tras presión diplomática. Las conversaciones actuales destacan también la participación de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y su colaboración con ICE, lo que agrava la crisis humanitaria y convierte a menores en rehenes de disputas políticas.
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Consecuencias legales y morales
Expertos en derechos humanos advierten que estas acciones violan normas como el artículo 9 de la Convención sobre el Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y quizás la misma ley Flores, que exige que la custodia de niños migrantes sea “lo más breve posible”. Se trata de un conflicto entre obligaciones internacionales y medidas administrativas que reniegan del principio superior del interés del menor.
Clamor diplomático y posible respuesta internacional
El presidente Maduro ha urgido a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tomar “medidas inmediatas y ejemplares”, destacando que estas detenciones transforman a la infancia en rehén de una guerra política. Aunque Venezuela ha gestionado el retorno de miles de connacionales, incluidos menores, no hay información oficial sobre estos 18 niños, lo que agrava la crisis de confianza.
¿Podrá la ONU romper su silencio y elevarse como garante real de los derechos infantiles, o la inacción dejará indefensos a los niños venezolanos secuestrados en territorio estadounidense?
